Más de 70 congresistas de EEUU y Brasil firman una declaración conjunta condenando la alianza Trump-Bolsonaro

Más de 70 legisladores progresistas estadounidenses y brasileños han condenado la colaboración entre la familia Bolsonaro y los trumpistas en Estados Unidos con el objetivo de revocar las elecciones en ambos países y han pedido que los implicados rindan cuentas.

“Como legisladores en Brasil y EEUU, nos mantenemos unidos contra los esfuerzos de actores de extrema derecha autoritarios y antidemocráticos para anular resultados electorales legítimos y derrocar nuestras democracias”, señala la declaración conjunta, encabezada por la congresista demócrata Ilhan Omar.

La declaración, publicada el miércoles por la noche, cita tanto el ataque del domingo de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro contra instituciones gubernamentales en Brasilia, como la insurrección muy similar del 6 de enero de 2021 en Washington por parte de partidarios de Donald Trump.

“No es ningún secreto que los agitadores de ultraderecha en Brasil y Estados Unidos están coordinando esfuerzos”, afirman los legisladores, entre los que se encuentran 36 demócratas estadounidenses y 35 progresistas brasileños.

Los firmantes señalan que después de las elecciones brasileñas del 30 de octubre, ganadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el hijo del presidente derrotado y diputado brasileño, Eduardo Bolsonaro, voló a Florida y se reunió con Trump y sus exayudantes, Jason Miller y Steve Bannon, quienes “alentaron a Bolsonaro a impugnar los resultados electorales en Brasil”.

“Poco después de las reuniones, el partido de Bolsonaro buscó invalidar miles de votos”, dice el comunicado. “Todos los involucrados deben rendir cuentas”.

Los legisladores también llamaron la atención sobre el hecho de que Bannon ha sido condenado por no cumplir con una citación para comparecer ante las audiencias del Congreso o proporcionar documentos relevantes sobre su papel en la insurrección del 6 de enero hace dos años.

Jair Bolsonaro voló a Florida el 30 de diciembre, un día antes de que su presidencia llegara a su fin. El Gobierno de Biden no ha comentado directamente su estatus legal, pero ha señalado que un visado A-1, reservado para líderes extranjeros, caducaría 30 días después de que el titular dejara de ocupar el alto cargo, lo que implica que si Bolsonaro entró en el país con un visado de este tipo, tendría que salir a finales de este mes. La administración también ha dicho que trataría con “seriedad” cualquier solicitud de extradición del Gobierno brasileño.

El exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, que era el funcionario responsable de la seguridad en Brasilia, voló a Orlando (Florida), donde se aloja el expresidente brasileño, el fin de semana de la insurrección, en lugar de hacer preparativos para defender los edificios gubernamentales de las protestas. Torres ha sido despedido, se ha registrado su casa y se ha emitido una orden de detención contra él. Ha dicho que está dispuesto a regresar a Brasil para presentarse ante las autoridades.

En Brasil se está llevando a cabo una investigación para determinar el alcance y la sofisticación de la planificación de los disturbios del domingo, y si formaban parte de un intento de golpe de Estado coordinado.

“Las democracias se basan en la transferencia pacífica del poder”, afirma la declaración de los legisladores. “Así como los extremistas de extrema derecha están coordinando sus esfuerzos para socavar la democracia, debemos permanecer unidos en nuestros esfuerzos para protegerla”.