El Cabildo considera “ilegal” la resolución del Gobierno de Canarias que no admite la justificación de los fondos Fdcan de 2017

El Cabildo de La Palma considera “ilegal”, y por tanto recurrirá la resolución de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias que este viernes se ha recibido en la institución insular y que no da por justificada buena parte de los fondos aplicados por el Cabildo y los ayuntamientos en distintas inversiones realizadas con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), informa en nota de prensa.

La resolución del Gobierno de Canarias, se apunta en la nota, sólo considera adecuadamente justificados 1,7 millones de euros basándose exclusivamente en el Informe de la Intervención del Cabildo y obviando la Declaración Responsable y la Memoria de Presidencia. Ese informe remitía, añade, en la Línea de Empleo, a las justificaciones aportadas por los interventores de los Ayuntamientos –igualmente funcionarios públicos- y en relación con las líneas 1 y 2 ponía de relieve que no se podían acreditar por carecer de la información y tiempo necesario para su adecuada fiscalización.

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, considera que “se trata de una resolución clara y manifiestamente ilegal, toda vez que los fondos –por valor de 16,5 millones de euros- están justificados, a fecha 31 de octubre, a través de la plataforma Unifica con Memoria y Declaración Responsable de la Presidencia del Cabildo y sólo con ligeras matizaciones formales por parte de la Intervención. En todo ese proceso participaron los diferentes servicios técnicos del Cabildo a través del personal funcionario altamente cualificado”.

La justificación se realizó, en cuanto a los costes directos, en base a certificaciones de pago realizadas por los departamentos de Tesorería del Cabildo y de los diferentes Ayuntamientos de la isla con la correspondiente supervisión de funcionariado público.

“Estamos ante defectos técnicos menores como los que ya ocurrieron en la justificación del Fdcan de 2016 y, que en ese momento se corrigieron con un nuevo requerimiento por parte del Gobierno de Canarias y posterior subsanación por parte del Cabildo Insular. Esperábamos la misma conducta en este ejercicio, salvo que exista una intencionalidad política inconfesable que, en modo alguno aceptaremos para con La Palma. Lo que fue legal con respecto a 2016 parece que no lo es ahora para el Gobierno de Canarias”, señala el presidente.

Anselmo Pestana concluye asegurando que “la resolución es una agresión del Gobierno de Canarias hacia el Cabildo y los ayuntamientos palmeros, y por eso actuaremos defendiendo los intereses de la isla y de su ciudadanía”.

El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Hacienda, José Luis Perestelo, asegura que “el Cabildo Insular de La Palma ha cumplido con lo establecido en el convenio con el Gobierno de Canarias, y ante el posible problema técnico existente, las instituciones deben optar siempre por aclararlos estableciendo un plazo prudencial para que se corrijan las deficiencias y para conseguir lo más importante, es decir, que isla no pierda la inversión que en su día se pactó”.

Para Perestelo, “una vez más asistimos a una falta de lealtad entre instituciones, que es lo que debe primar en la gestión de lo público en función de la salvaguarda de los intereses de la ciudadanía”.