Dos años de Almeida: ariete contra Sánchez en el PP y ningún proyecto emblemático para Madrid

El primer Gobierno de coalición del Ayuntamiento de Madrid llega a la mitad de su mandato. La corporación celebra dos años convulsos en el poder, atravesados por una pandemia mundial, en los que casi todo ha cambiado, empezando por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El primer edil, casi un desconocido en 2019, se ha transformado en la punta de lanza de la oposición a Pedro Sánchez. Es un valor al alza en el Partido Popular y durante algunos meses incluso se hizo con el título de “alcalde de España”, pero la oposición le reprocha que hasta la fecha no ha sido capaz de desarrollar un proyecto de ciudad. Los primeros 24 meses no dejan un legado tangible por el que pueda ser recordado. “Me gustaría que se me recordara como el que hizo lo que tenía que hacer en cada momento”, respondía este fin de semana en una entrevista en El Mundo.

En medio de la primera parte del mandato, llegó la pandemia que aparcó los planes municipales. Pero también un reconocimiento inesperado a la gestión del alcalde cuya guinda fueron los Acuerdos de la Villa. Un pacto de 352 medidas firmado por todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid que alumbró un consenso unánimemente alabado.

El regidor fue el primer beneficiado de aquel acuerdo, cuya ejecución aún está por ver, al recibir el encargo de su líder, Pablo Casado, de ser portavoz nacional. En el enésimo intento del líder del PP por escenificar moderación, se premió la labor conciliadora del regidor municipal, capaz de llegar a acuerdos con la oposición de PSOE y Más Madrid.

Almeida asumió el nuevo puesto orgánico con la rectitud del recién llegado que quiere evitar la crítica a la primera de cambio. Su debut en la doble condición, la que más ha definido su mandato en el Palacio de Cibeles, se recordará por el gesto de retirar la cartela del Ayuntamiento de Madrid para responder a las preguntas nacionales. Una forma, era de suponer entonces, de diferenciar su papel institucional de la crítica partidista. Todo aquello es historia. Nunca volvió a hacerlo. “Vamos, ministro, que puedes”, escribió este fin de semana el alcalde en tono jocoso en su cuenta de Twitter para responder a un mensaje del responsable de Consumo, Alberto Garzón, que aseguraba que el Gobierno estaba “preocupado” por la factura de la luz. Su papel contra los indultos a los presos independentistas ha sido también muy relevante en actos del Ayuntamiento de Madrid en las últimas semanas, además de la sonada bronca con la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que ninguno de los dos quiere volver a repetir.

El último hito, quizá el más traumático, de todos los que han perfilado los dos primeros años de mandato de PP y Ciudadanos en la capital fue la ruptura entre las formaciones en la institución vecina: la Comunidad de Madrid. Un divorcio que desconfiguró en unas horas el tablero político en España y condujo a unas elecciones que fulminaron a los de Inés Arrimadas de la Asamblea de Vallecas.

Lo sucedido llegó a hacer temer al PP por la supervivencia del Gobierno de la capital y puede quedar en un mero preámbulo de la guerra que se cierne entre los partidos a medida que se acercan las elecciones de 2023. Preventivamente todos van tomando posiciones. Martínez-Almeida ya avanza que la coalición genera “disfunciones” y se propone la liquidación de Ciudadanos y de Vox en los próximos comicios. “La reunificación del centro derecha” que prodiga Casado desde 2018.

Por lo demás, la acción de Gobierno se ha centrado en barrer el legado de la corporación de Ahora Madrid –memoria histórica, participación ciudadana, espacios vecinales, subvenciones...–, dice la oposición, y favorecer las inversiones de constructores y empresas rebajando las licencias para que inviertan en Madrid. El ideal de capital tax free que Almeida proyectó en la campaña electoral de momento se traduce en una bajada lineal del IBI que no ha frenado con la crisis y en ayudas extraordinarias a comerciantes y hosteleros cuyos negocios se han visto afectados por la pandemia.

La promesa que, sin embargo, le va a perseguir siempre por haber faltado a su compromiso, casi el principal que había adquirido con sus votantes en 2019, es la de acabar con Madrid Central. Ahora, además, el Gobierno enfrenta un agujero legal de consecuencias aún desconocidas para las arcas públicas con la anulación del área de bajas emisiones en los tribunales por un recurso presentado cuando el PP estaba en la oposición. Almeida es víctima de su propia estrategia de campaña y de la guerra que en su día planteó contra el proyecto estrella de Carmena, que consistió en reducir el tráfico en el centro para atajar la contaminación.

La corporación tampoco ha arreglado el acuciante problema de los pisos turísticos –si bien la pandemia ha desactivado temporalmente la crisis– y en la A5 todavía no han entrado las máquinas de soterramiento. En la lista de pendientes está resolver el modo en que las terrazas ampliadas se integrarán en la ciudad sin que los vecinos estallen en protestas. El carril bici de Castellana, aprobado por consenso como excepción a una política que ha enfrentado a la corporación con los ciclistas, empezará a construirse a final de año sin presupuesto aún cerrado. Dos autobuses gratuitos cero emisiones circulan por la ciudad y se han peatonalizado –con el mismo urbanismo táctico al que se opusieron cuando lo usó Carmena– 48 calles de la capital. Medidas insuficientes para la oposición, que considera que la ciudad se está quedado “a la cola de Europa” en movilidad tras la crisis.

“Almeida ha dedicado gran parte de su tiempo por una parte a destruir lo que se había hecho en la legislatura anterior y por otra a comentar la actualidad, en lugar de ser un alcalde preocupado por nuestra ciudad y por los retos que tiene para el futuro”, opina la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que se pregunta si alguien “puede decir qué ha hecho Almeida” en estos dos años.

Para el PSOE, el alcalde “ha dejado atrás su promesa de dedicación a todos los madrileños y los utiliza como trampolín a tareas que considera más atractivas”. El portavoz socialista, Pepu Hernández, critica también “el uso que hace de los medios y las tribunas municipales a la hora de lanzar el argumentario nacional de Génova en detrimento del tiempo para hablar de los asuntos puramente municipales”.

Pese a la falta de grandes proyectos tangibles, el Ayuntamiento trabaja con la tranquilidad de haber aprobado durante dos años consecutivos los presupuestos municipales con una coalición que de momento ha soportado la opa hostil lanzada desde Génova 13 contra Ciudadanos. Las últimas cuentas tienen bola extra: podrán gastar, debido a la difícil situación de pandemia, el remanente de tesorería que la regla de gasto aprobada en la etapa del ministro Cristóbal Montoro para controlar el déficit de las administraciones locales impedía y recibirán fondos europeos para la recuperación.

La incómoda extrema derecha

Mientras, la incómoda extrema derecha, a la que tanto PP como Ciudadanos unieron sus destinos en 2019, promete mano dura para que los populares cumplan con el pacto de investidura y amenaza con bloquear la norma más relevante de la legislatura –la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que vuelve a dar soporte legal a Madrid Central–. En los últimos dos años, el partido ha dinamitado consensos logrados, como la condena unánime contra la violencia de género, y ha empujado a ceder al Gobierno en cuestiones que han disparado la crispación para que Almeida pudiera mantener sin sobresaltos el bastón de mando, como el borrado del mural feminista en Ciudad Lineal o la retirada de la placa de Francisco Largo Caballero. Los cuatro concejales de Vox consideran que han traído “aire fresco” a las instituciones.

La otra mitad del Gobierno, Ciudadanos, se aferra al único poder institucional que conserva en la región tras su desaparición de la Asamblea de Madrid con un matrimonio de más conveniencia que nunca con el PP. Y se enfoca en poner sobre la agenda los asuntos que son de su competencia mientras trata de evitar que la psicosis por el esperado trasvase de cargos afecte al desempeño institucional: una beca infantil municipal, mejoras en la atención de personas sin hogar, refuerzos en Samur tras años de huelgas por la falta de personal... En la cara B está una polémica remodelación del área social que deja sin entidad propia a la dirección general de Igualdad, integrada ahora en el departamento que se ocupa de las políticas contra la Violencia de Género.

En la lista de batallas ganadas, los liberales se apuntan haber torcido el brazo a Almeida para mantener Madrid Central sin apenas cambios, exceptuando los 15.000 nuevos permisos para comerciantes y una posible modificación del nombre. “Creo que hemos adquirido logros, aunque hay un camino por recorrer, quedan dos años y vamos a hacer avances. Yo creo que los pactos de gobierno se han ido cumpliendo”, decía la vicealcaldesa, Begoña Villacís, la semana pasada. Junto al alcalde presentará este martes un balance de gestión-.

Con esta mochila, la coalición afronta la segunda parte del partido, con la gestión en un segundo plano y un escudero de Casado al frente del Palacio de Cibeles que, además de defender a su formación, tiene encomendado apaciguar públicamente los sobresaltos a los que, de cuando en cuando, las causas judiciales pendientes someten a la cúpula del PP.