Operaciones anuladas por la justicia, intereses políticos y fútbol: crónica del desastre que pone en riesgo el Wanda Metropolitano
Los tribunales han escrito este martes el último capítulo de una crónica del desastre. Tiene todos los ingredientes: operaciones urbanísticas cruzadas, recalificaciones, rascacielos, dudosa gestión política, fútbol y sentencias judiciales. El traslado del estadio de Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano parecía el capítulo final de la serie, pero la decisión del Tribunal de Justicia de Madrid de anular el planeamiento urbanístico que permitió este movimiento deja un final abierto que puede desembocar en la vuelta del club al Vicente Calderón. O a donde toque si ya no existe.
La sentencia, conocida este martes, será recurrida por el Ayuntamiento de Madrid. El Atlético –también objeto de la demanda– no tomará medidas “a la espera de lo que pase con el recurso” del Consistorio, según confirman a eldiario.es fuentes del club, y la Comunidad de Madrid, también involucrada, todavía no se ha decidido. El pronunciamiento judicial en firme puede tardar años en llegar y después, de ser favorable a la asociación denunciante, tendría que ejecutarse, explican fuentes jurídicas a este medio.
La anulación definitiva de la modificación del planeamiento urbanístico (PGOU), intentada por la exalcaldesa Ana Botella (PP) y finalmente llevada a cabo por Manuela Carmena, que ha permitido al club hacerse con terrenos municipales pensados para uso público (patrimonio) supondría el fin de la licencia de actividad y generaría a la administración local un grave problema logístico y económico que conecta con otro problema urbanístico: la operación Mahou-Calderón.
Mientras tanto, el Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena no tomará medidas y asegura que todo “sigue igual” porque la licencia que permite el funcionamiento del estadio “está vigente”. Es decir, el Atlético de Madrid seguirá jugando en el Wanda Metropolitano. “Vamos a trabajar para que no tenga que volver a trasladarse”, apuntan fuentes municipales.
El equipo de Ahora Madrid ha tenido que abordar como administración la maraña tejida en los últimos diez años por empresarios y políticos alrededor del estadio de La Peineta. Una batalla de intereses salpimentada con reveses judiciales que han estrellado los planes del tándem que ideó el proyecto inicial: el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el expresidente del Atlético de Madrid Jesús Gil, cuyo testigo recogió Enrique Cerezo –imputado por el caso Ático– tras su muerte.
“En 2004 nos enteramos de que se empezaba a hablar de un proyecto para que el Atleti se trasladara al nuevo estadio de La Peineta, que iba a prepararse para las olimpiadas frustradas, porque querían vender el terreno del Calderón para hacer viviendas”, explica José Luis Sánchez, presidente de la asociación cuya demanda ha provocado la sentencia del TSJM conocida este martes.
El principio: un convenio de 2008 con Gallardón
Hubo que esperar hasta 2007 para que esos planes se pusieran sobre el papel. El exalcalde Alberto Ruiz-Gallarón firmó junto al expresidente del club, Enrique Cerezo, y el presidente de Mahou un “protocolo de intenciones para el desarrollo urbanístico del ámbito Mahou-Vicente Calderón”. Este documento selló un primer compromiso que se rubricó definitivamente un año después en forma de convenio entre los mismos agentes para derribar el estadio y destinar ese suelo a viviendas, que abarcaba también el perteneciente a la antigua fábrica cervecera y cotizaba al alza con los planes de soterramiento de la M-30.
El convenio incluía el traslado del estadio a La Peineta en 2012-2013 tras su ampliación para acoger los Juegos Olímpicos de 2016. El documento afirmaba que esa infraestructura, construida en 1994, estaba “infrautilizada dada la escasa demanda social” y señalaba su “deterioro”. Así que su valor se cifró en cero euros. El Atlético de Madrid se comprometió a comprar esa parcela, tasada en más de 40 millones de euros aunque finalmente se enajenó por 60, y construir en ella un nuevo estadio con 73.000 plazas (20.000 más que el Calderón), valorado en 196 millones de euros.
Del precio de la parcela se descontaron 4 millones por la instalación de los servicios de emergencia municipales por 30 años y se ofreció al club pagar parte del coste de su estadio con entradas de fútbol que luego el Ayuntamiento repartía a escuelas de fútbol, voluntarios y patrocinadores de las candidaturas olímpicas. Años después, el Consistorio ya con Manuela Carmena como alcaldesa tuvo que abonar al club seis millones de euros por un pacto “ilegal” no sujeto a ninguna norma, recogido parcialmente en el convenio de 2008.
El mismo convenio obligaba al Atlético a poner a disposición del Ayuntamiento el espacio del 1 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2016. La propiedad del recinto solo pasaría a sus manos a partir de 2017. O de años posteriores en función de si Madrid volvía a presentarse como candidata olímpica. El límite se puso en un plazo amplísimo de 75 años, susceptibles de concesión. Formalizar el cambio de propietario obligaba a una recalificación del terreno, que se hizo posteriormente.
La operación paralela Mahou-Calderón: más problemas
Estos plazos estaban íntimamente ligados al desarrollo paralelo de la operación Mahou-Calderón, que sigue en activo pero con sustanciales modificaciones obligadas por los tribunales. En los terrenos anejos al Manzanares se proyectó la extensión de un gran parque con algún uso deportivo en la zona correspondiente al estadio Vicente Calderón y, en la parte industrial que ocupaba la fábrica (más de 60.000 metros cuadrados), toda la edificabilidad. Los beneficios resultantes de la venta de esas casi 2.000 viviendas libres se reparten en dos tercios para Mahou y otro para el club de fútbol. ¿Y qué ganaba el Ayuntamiento? De esos beneficios se acordó también que saliera el 57% del coste del soterramiento del tramo pendiente de la M-30 que no ha podido enterrarse por la presencia del estadio a orillas del río.
Pero este plan maestro con el que todos ganaban se frustró. Madrid nunca fue capital olímpica, así que en 2014 la nueva alcaldesa, Ana Botella, tomó las riendas del asunto y modificó el planeamiento urbano para que el Atlético de Madrid pudiera comprar el suelo municipal que incluía el antiguo estadio de La Peineta.
La exregidora del PP no pudo completarlo porque la Comunidad de Madrid no lo permitió. El equipo de Carmena heredó una situación en stand by con una hoja de ruta marcada por convenio y ejecutó la recalificación del suelo: de equipamiento deportivo público a uso deportivo privado. El exconcejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, definió la herencia como un “desastre urbanístico”.
El cambio ejecutado por Carmena
La propuesta de cambio de calificación se aprobó en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible en noviembre de 2016 con los votos a favor de Ahora Madrid, PP y Ciudadanos. Era el tique necesario para solicitar a la administración regional, competente en la materia, la modificación. El Gobierno de Cristina Cifuentes devolvió la modificación propuesta por el Ayuntamiento por “errores sustanciales” el 21 de diciembre; el 31, diez días después y en plenas vacaciones navideñas, el Consejo de Gobierno aprobó la recalificación tras subsanarse los problemas, según informaron.
Ya habían empezado por entonces las obras en La Peineta. En 2010, el Atlético firmó un acuerdo con la constructora FCC y Mahou para que la primera derribara el estadio Vicente Calderón y la fábrica de cerveza y se encargara de la construcción de la vivienda, cuya venta cubriría también la ampliación del nuevo estadio. Pero en 2014 a la constructora le dejaron de cuadrar las cuentas, paralizó el proceso y exigió revisar las condiciones del acuerdo rubricado cuatro años antes. El club, que había tenido que pagar un crédito para poder financiar estos trabajo, ya se había dirigido a su vez al Ayuntamiento para actualizar el convenio patrimonial de 2008. La situación había cambiado y los plazos corrían el riesgo de no cumplirse según lo planificado.
Los problemas no han acabado ahí. La justicia obligó a empezar de cero la operación Mahou-Calderón al anular en junio de 2016 el plan urbanístico aprobado por Ana Botella en 2014, que incluía dos rascacielos gemelos, y dejar sin efecto también la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por la Comunidad de Madrid en 2009. Un año antes, el TSJM ya había declarado nulo el proyecto por incumplir el límite de tres alturas máximas en las edificaciones.
Las obras se encontraban entonces paralizadas por el plantón de FCC y el Atlético de Madrid se había hecho con los derechos del suelo, que pertenecían a la constructora. Tras dos anulaciones consecutivas, el Ayuntamiento de Carmena aprobó la última versión del proyecto de urbanización hace apenas un mes, que fija su ejecución en 34 meses y se divide en tres etapas.
La demolición del Calderón pendiente
La primera corresponde a la demolición del estadio, a excepción de la grada situada sobre la M-30 para interferir lo menos posible en el tráfico de esta vía. Posteriormente se realizará el desvío del tráfico de la M-30 por la zona ya demolida. Una vez organizado el desvío, se procedería al derribo de dicha grada. Esta primera etapa incluye también la urbanización de los viarios comprendidos entre paseo de los Pontones, paseo Imperial y paseo de los Melancólicos, y su presupuesto es de 22,4 millones de euros.
Los plazos, por tanto, solaparán con toda probabilidad la demolición del estadio antiguo con el pronunciamiento definitivo de la justicia sobre el Wanda Metropolitano. Y es posible que este último llegue, salvo retrasos en la ejecución de Mahou-Calderón, cuando ya no exista el antiguo templo rojiblanco.
Fuentes del Atlético de Madrid aseguran que el equipo está “muy tranquilo” y ponen toda la responsabilidad sobre “las instituciones”. “Entendemos que los defectos de forma tendrán que ser arreglados. Es un tema que concierne a las instituciones”, añaden. Sobre una eventual sentencia firme, las mismas fuentes descartan “aventurarse”: “De momento todo sigue igual y jugaremos en nuestro estadio”. Mientras, la asociación Señales de Humo cierra provisionalmente un capítulo de lucha y de “noches sin dormir”. “La sensación es agridulce, no sabemos en qué terminará todo esto”, resume su presidente José Luis Sánchez.
Los abogados que han llevado el caso en nombre de la asociación han dejado abiertos dos escenarios posibles, según han comunicado en una rueda de prensa: que el club solicite “una prórroga de la concesión de los terrenos” hasta plazo máximo 75 años y se quedara en el estadio pagando un alquiler; o renunciar a la compra, trasladarse a otro estadio y “exigir responsabilidad patrimonial a las administraciones” en forma de “indemnizaciones” por los gastos en el acondicionamiento del Wanda Metropolitano.
