La Marea de Residencias lleva a Bruselas los “protocolos criminales” de la Comunidad de Madrid

La Marea de Residencias ha llevado a Bruselas, al Parlamento Europeo, los “protocolos criminales” de derivación aplicados por la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la COVID-19 y que están siendo investigados en los tribunales. “Los protocolos criminales fueron el desencadenante de que no solamente murieran por las precariedades de las residencias, sino que les llevaron a morir indignamente, sin atención hospitalaria”, afirma en el Parlamento Europeo Carmen López, miembro del colectivo invitado a la Eurocámara por el eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán.

El colectivo ha acudido este miércoles al Parlamento Europeo para “exigir justicia ante los y las fallecidas en residencias, y para exigir un cambio en el modelo de residencias que ponga fin a la precariedad actual”. El colectivo se ha reunido con eurodiputados socialistas, verdes y de La Izquierda, con miembros de la comisión de Peticiones, para intentar que se involucre con la situación, con miembros de la comisión especial del COVID-19 del Parlamento Europeo, para que el informe final de conclusiones recoja lecciones aprendidas de la tragedia vivida en las residencias madrileñas durante la pandemia.

En tanto que la ponente del informe de la comisión COVID-19 es la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, no se prevé mucha receptividad a las aportaciones de la Marea de Residencias.

“Ni siquiera existe un planteamiento para solucionar las deficiencias que nos llevaron a este punto”, añade Carmen López: “En la Comunidad de Madrid esos protocolos fueron criminales. Esa atención, esa sanidad pública y universal que es el derecho que tenemos todos los españoles, a esas personas que vivían en residencias se les privó de él. Se creó una figura específicamente para esta situación, que fue el geriatra de enlace en los hospitales, para el momento en que desde las residencias se quería trasladar a un residente a un hospital. Pero no se utilizaron los hospitales privados, estaban infrautilizados y los dejaron morir de forma indigna, solos y abandonados en las habitaciones de la residencia.

Esther Fernández, trabajadora de una residencia pública en la Comunidad de Madrid, ha relatado: “Cuando terminó todo esto pensábamos que por fin se iba a solucionar el tema, que era un tema muy precario y que gracias a la COVID había sido visibilizado. Y nos dimos cuenta de que esto no es así. Esto se ha normalizado. Hoy se ha normalizado que dos personas estén atendiendo a 20 residentes; que estén apelotonados; se ha normalizado que no tengan fisio; que no tengamos trabajadores sociales... Hemos normalizado que la limpieza sea precaria; que nuestros trabajadores de limpieza tampoco sean los necesarios”.

Y ha añadido: “Como trabajadoras dar una atención digna y de calidad, venimos aquí a pedir que por favor se trate a los residentes con dignidad y que a las trabajadoras se nos trate de igual manera, para que podamos dar la atención adecuada a estas personas que necesitan nuestro apoyo y nuestro cuidado”.

Carlos Vila, abogado de la Marea de Residencias, que ha presentado más de 300 querellas de familiares, ha explicado que “las querellas se presentaban no solo contra los directores y médicos o médicas de la residencia, sino también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y el consejero de Justicia; Isabel Díaz Ayudo, Enrique López, Enrique Escudero y otros. Se mandaron a todas las residencias y hospitales unos protocolos de la vergüenza, que prohibían el traslado a las personas con discapacidad física o discapacidad psíquica en base a unas escalas. Es decir, se les privó del derecho a la sanidad que consagra el artículo 43 de la Constitución Española. Se le privó del derecho a la sanidad a estas personas, impidiendo que fueran trasladados a lugares donde había muchos más medios para ser atendidos. Y más teniendo en cuenta que, a pesar de lo que se dijo, nunca se medicalizaron las residencias

“En consecuencia”, dice el abogado, “lo que entendemos es que estamos ante una querella por homicidio imprudente en el sentido de que los protocolos quitaron la oportunidad a las personas que estaban en residencias de ser atendidos correctamente y en base a como tiene que ser el derecho a la salud que tenemos todas y todos. Si no hubiera un homicidio imprudente, como mínimo se dictaron resoluciones absolutamente injustas o un delito de prevaricación”.

“Queríamos denunciar desde el Parlamento Europeo”, ha dicho el eurodiputado Miguel Urbán, “no solo los protocolos de la vergüenza de Madrid, sino también la situación de precariedad que se vive de forma generalizada en las residencias en el conjunto del Estado español”.

El ex diputado autonómico de Anticapitalistas, Raúl Camargo, ha añadido: “Las residencias de mayores es un sector que acusa una privatización enorme. En el caso de la Comunidad de Madrid, el 90% de los centros residenciales son privados, solo hay un 10% de residencias públicas. En el resto de comunidades autónomas es un poco distinto, pero tampoco muy distinto. Es decir, la privatización impera en este sector, a diferencia de otros sectores, donde también avanza la privatización, especialmente donde gobierna el Partido Popular, pero aún hay un sector público fuerte, como el de la sanidad o el de la educación”.