Metro de Madrid propone a sus trabajadores que renuncien al derecho a huelga en su nuevo convenio
La Dirección de Metro de Madrid está preocupada por las huelgas que convocan sus trabajadores, según se desprende de la propuesta que ha presentado para el próximo convenio colectivo, que tendría que entrar en vigor este año.
En un documento de diez páginas remitido a los sindicatos, al que ha tenido acceso eldiario.es, el suburbano propone que “la parte social (sindicatos y trabajadores) se comprometerá a no ejercitar el derecho de huelga durante la vigencia del convenio colectivo, en los términos y condiciones que se acuerden”.
Este escrito fechado en enero es el punto de partida presentado por la empresa de la Comunidad de Madrid para las negociaciones que han comenzado este mes. Fuentes sindicales confirman que no es la primera vez que Metro quiere aprobar condiciones para limitar el derecho de huelga. Aseguran que en años anteriores ya han intentado poner esta idea sobre la mesa encontrándose el rechazo de los representantes de los trabajadores.
“No vamos a negociar ese punto ni la mayoría de artículos que hay en su propuesta de convenio. Lo que plantean es una esquilma de derechos”, señala Manuel Fernández, portavoz del sindicato Solidaridad Obrera. “Estamos vacunados de las barbaridades que ha presentado Metro en las negociaciones. No nos llama la atención que puedan proponer ideas que pueden trasgredir leyes”, añade Teo Piñuelas, representante de UGT.
“Beneficiar a los usuarios”
Tras ser preguntados por esta propuesta, fuentes de Metro de Madrid aseguran que no pretenden “prohibir ni limitar el derecho de huelga”. Afirman que el objetivo perseguido con este artículo pasa por “alcanzar un compromiso” para encontrar “medios alternativos más allá de la huelga” con los que “solucionar las discrepancias entre empresa y sindicatos”. Sobre los “términos y condiciones” a los que hacen referencia en el artículo, aseguran que se tendrán que negociar durante las reuniones con los sindicatos.
Además, añaden que con esta idea lo que buscan es beneficiar a los usuarios del transporte público, a los que consideran los “principales perjudicados” de los paros convocadas por los trabajadores. “De este artículo no va a depender que se ratifique o no el convenio, es un punto de partida”, finalizan estas fuentes.
El derecho de huelga está amparado por la Constitución en su artículo 28. El Real Decreto-Ley 17/1977 recoge su procedimiento. Por ejemplo, señala que antes de convocar huelga los comités y la empresa “deberán negociar para llegar a un acuerdo”. Esta normativa también indica que un convenio colectivo, como la propuesta de Metro, puede establecer “la renuncia, durante su vigencia, al ejercicio de tal derecho”.
El abogado laboralista Juan de la Lama explica que se puede limitar “durante el periodo de eficacia de un acuerdo” pero no con “carácter genérico” ya que es un derecho fundamental. “Habría que ver en qué términos concretos se firma este artículo. Sería inconstitucional que un tercero pueda disponer de los derechos individuales fundamentales de un colectivo”, reseña.
Sin complementos por trabajar en Navidad
El convenio laboral en el suburbano afecta a todos los trabajadores vinculados a la empresa, pero no a los miembros de la Dirección. Las negociaciones entre Metro y sindicatos se extenderán durante los próximos meses para llegar a un acuerdo. En ellas tendrán que abordar otra de las propuestas polémicas de la empresa: la eliminación de algunos de los “conceptos extrasalariales”, como los 50 euros que reciben los trabajadores por trabajar los festivos de Navidad o la indemnización de 12 euros que obtienen por acudir a un reconocimiento médico fuera de su jornada laboral.
Los conflictos por las huelgas convocadas en Metro han llegado a los tribunales. En 2010 los trabajadores hicieron huelga el 29 y 30 de junio sin respetar los servicios mínimos. Metro denunció estos hechos ante el Tribunal Supremo y los magistrados decretaron que los paros fueron ilegales. “Nos pidieron millones de euros de indemnización por las pérdidas que se habían producido, mantuvieron tres años la denuncia y solo se retiró cuando en 2013 firmamos el convenio”, añade Fernández, portavoz de Solidaridad Obrera.
