Promesas de regeneración incumplidas y guiños a Vox: las claves del pacto de PP y Ciudadanos en Madrid
El acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos contiene 155 medidas distribuidas por áreas de Gobierno. La mayoría encajan en una gestión continuista de las políticas del PP en Madrid (bajada de impuestos, respaldo a la educación concertada...), aunque destacan también aportaciones de la marca Ciudadanos que los de Rivera destacaron en su campaña electoral y ahora, cuando están cerca de gobernar, tienen que desinflar.
El pacto rubricado rescata promesas de regeneración incumplidas que ya figuraban en el acuerdo entre los mismos socios de 2015, como la limitación de mandatos o la eliminación de los aforamientos, y está impregnado de guiños a Vox y matizaciones de sus propuestas, plasmadas de un modo más genérico para que puedan ser compatibles con el discurso de Ciudadanos. El esfuerzo para contentar a Vox, de momento, no ha servido de mucho. Rocío Monasterio sigue negando el apoyo a la investidura de Díaz Ayuso.
Desglosamos los 155 compromisos que guiarán el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, si Vox lo apoya.
Educación
En el ámbito educativo, el acuerdo apuesta por la educación concertada y la educación especial. PP y Ciudadanos quieren impulsar el concierto educativo en Bachillerato, aumentar el número de plazas en colegios concertados si así lo justifican las previsiones de demandas y garantizar que las familias con hijos con discapacidad “puedan elegir entre centros ordinarios o de educación especial”. También se comprometen a crear nuevas plazas públicas si es necesario y mantener la gratuidad de las escuelas infantiles.
Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado extenderán, si llegan al Gobierno de la Puerta del Sol, el sistema bilingüe ideado por Esperanza Aguirre en la etapa 0-3 de la educación y prometen una “reforma del sistema educativo para mejorar la evaluación de los centros educativos”. También financiarán a empresas privadas a través de concesiones para “desarrollar iniciativas innovadoras para reducir el abandono escolar temprano”, contratarán a un enfermero en cada colegio y prohibirán el uso de teléfono móviles “en horario lectivo” en todos los colegios públicos y concertados.
Entre los puntos más conflictivos, y también más inconcretos del acuerdo, está el que tiene que ver con “las convicciones morales” a la hora de afrontar los contenidos curriculares en los colegios. El acuerdo señala que se garantizará “la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española”.
Aunque Díaz Ayuso ha avanzado que este compromiso aterrizará en la legislatura con una propuesta de reforma de la ley LGTBI, no contemplada expresamente sobre el papel, para revisar los “talleres afectivos” que se hacen en los colegios y suprimir la inversión de la carga de la prueba -que elimina la presunción de inocencia- en casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.
El pacto desgaja de la Consejería de Educación lo relativo a las universidades, cuyas políticas tendrán entidad propia en el Gobierno que PP y Ciudadanos quiere construir con una cartera aparte ligada también a Innovación. Entre las medidas previstas está la obligación de “todas las universidades” a que hagan “públicos y accesibles todos los trabajos obligatorios para la obtención de un título de Grado, Máster y Doctorado” y una ley de Universidades que el anterior gobierno del PP, dirigido por Cristina Cifuentes, abandonó a medio camino por el rechazo de los rectores madrileños al proyecto. El acuerdo quiere potenciar asimismo “la imagen” de la universidad madrileña como “destino para estudiar y emprender”.
Igualdad
El pacto PP-Ciudadanos incluye medidas en materia de igualdad que son difícilmente asumibles para Vox. Como la defensa del colectivo LGTBI, la “plena igualdad social” de todas las personas y “la lucha contra la discriminación y la violencia que todavía sufren”; o la aprobación de un “plan integral para erradicar la violencia machista. PP y Ciudadanos también se comprometen a crear un ”centro de crisis par ala atención a víctimas de violencia sexual“, abierto 24 horas.
Regeneración
La limitación de mandatos a ocho años, un compromiso que ya adquirieron PP y Ciudadanos en 2015 pero nunca se cumplió, vuelve a plasmarse en su acuerdo. Lo mismo pasa con la reforma del Estatuto de Autonomía para “eliminar el aforamiento de los diputados”. El pacto declara “tolerancia cero con la corrupción política” e introduce el cese inmediato de “cualquier miembro del Gobierno o alto cargo que esté siendo investigado por delitos de corrupción política”.
En materia judicial, los dos partidos quieren promover una reforma legislativa para “eliminar la potestad autonómica” que permite a la Asamblea de Madrid designar “una de cada tres plazas de las Salas de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para sean los propios jueces quienes efectúen la provisión de estas plazas”. El pacto también prevé crear un “canal seguro e independiente para que los empleados públicos puedan denunciar casos de corrupción e irregularidades de forma confidencial”.
Servicios Sociales
Una de las últimas promesas del Gobierno de Ángel Garrido en la Comunidad de Madrid fue acabar con la lista de espera en dependencia a finales de este año. Sin embargo, el acuerdo sellado entre PP y Ciudadanos rompe con ese compromiso. El pacto incluye la puesta en marcha de un “plan de choque para la mejora de la atención a la dependencia” y se propone “reducir las listas de espera” sin más detalles.
El pacto quiere impulsar una transformación de los Servicios Sociales echando mano de la privatización. “Impulsaremos el concierto social como modelo de contratación que garantice la sostenibilidad de los servicios sociales y sirva para canalizar adecuadamente la colaboración público-privada”.
En materia de infancia, los dos partidos se proponen “eliminar las listas de espera en Atención Temprana” y, para los mayores, elaborarán programas de lucha contra la soledad no deseada y un “plan de prevención y detección de la violencia contra las personas mayores, tanto en el ámbito doméstico como en las residencias de la Comunidad de Madrid”, tras conocerse varios episodios de maltrato en centros que funcionan con dinero público.
Entre las 155 medidas también se encuentra “favorecer una inmigración ordenada y legal” y el compromiso de que la Policía y la Guardia Civil tendrán acceso a la información que tenga la administración regional “relativa a los extranjeros en situación irregular”.“Igualmente apoyaremos a las instituciones competentes en la lucha contra las mafias del tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la llegada de extranjeros en situación irregular”, dice el punto 51.
El 155 y las víctimas del terrorismo
El pacto se reserva un apartado denominado “marco institucional” que incluye medidas que van desde la “aplicación del 155 en el caso de que el Govern siga sin acatar las leyes y requerimientos” a la defensa de la “memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo”. “Plantaremos cara a quienes pretendan tergiversar la historia y manchar su recuerdo”, dice el artículo 148.
En este apartado también se vuelca una medida impregnada de las exigencias de Vox: la revisión de las subvenciones que da la Comunidad de Madrid. “Evaluaremos el impacto socioeconómico de las políticas públicas y de las subvenciones, favoreciendo la transparencia, la eficacia y la eficiencia”. Del mismo modo se analizará la estructura del sector público para “eliminar aquellos organismos que no respondan criterios de interés general”. Una forma suave de incluir la ofensiva de Vox contra lo que denominan “chiringuitos”.
Este adelgazamiento prometido de la administración, si así se decide, casa mal con el aumento de nueve a trece consejerías que prevé el pacto. Por primera vez, el PP tiene que compartir toda la estructura de Gobierno de la Comunidad de Madrid con otro partido, lo que reduce su número de cargos de confianza.
Sanidad
En esta materia, Ciudadanos ha colado en el acuerdo con el PP una medida que ya existe desde el año 2005 y que fue una de sus banderas en campaña electoral: la tarjeta sanitaria única.
El plan sanitario firmado por los dos partidos incorpora el compromiso de “aumentar el tiempo de atención al paciente” en la Atención Primaria y la promesa de publicar “todos los datos reales sobre las listas de espera”, lo que lanza sospechas sobre la información que se está ofreciendo hasta ahora a los madrileños.
El pacto incluye también una medida clásica ya en marcha con retoques tras una sentencia del Supremo: la apertura de los quirófanos por las tardes. Y un ambicioso compromiso: reducir a la mitad las listas de espera. En cuanto a infraestructuras, el acuerdo incorpora un plan de “reforma integral de mayor calado” en los hospitales 12 de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, La Princesa, Ramón y Cajal y Niño Jesús. Ese proyecto, con los mismos centros nombrados, fue anunciado por la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, el 21 de febrero de 2018. Aunque lento, incluso algunos gastos se han comprometido ya.
Impuestos y empresas
El acuerdo recoge, como prometió el PP, una bajada de impuestos para todos. También a los más ricos con la reducción de la tarifa autonómica del impuesto independientemente del tramo de renta. La política fiscal estará enfocada a la “atracción de inversores”, dice el punto 135 del pacto. También se ahondará en “las deducciones autonómicas” y se reducirán “los plazos para crear una empresa”.
Madrid tendrá, si PP y Ciudadanos llegan al Gobierno, con una “oficina integral de atención al emprendedor” y la intención de ambos partidos es que se convierta en una región que “atraiga una parte de las inversiones y negociar que tengan que trasladarse de Gran Bretaña” tras el Brexit.
Familia
PP y Ciudadanos acceden a la demanda de Vox de poner el nombre de Familia en una consejería. La cartera de Políticas Sociales se transformará, si el gobierno sale adelante, en la Consejería de Asuntos Sociales y Familia, dependiente del PP. Además, habrá una “Estrategia Madrileña de Apoyo a las Familias para promover la natalidad”, como pedía la formación de extrema derecha, y un plan de “apoyo a la maternidad” con ayudas económicas.
En esta materia también se ampliarán las “ventajas y beneficios reconocidos a las familias numerosas” y se extenderán a “otras a las familias con dos o más hijos o monoparentales”.
Transporte
Una de las promesas estrella del programa de Ciudadanos, abrir el Metro de Madrid las 24 horas del día durante los fines de semana, se desinfla en el acuerdo con el PP. La medida queda condicionada a realizar los “estudios pertinentes” y a un “posible acuerdo con el Comité de Empresa”.
El acuerdo sí recoge el compromiso de “mejorar la frecuencias en hora punta y los fines de semana” de los autobuses interurbanos y la creación de cuatro carriles Bus-Vao (A-2, A-3, A-5 y A-42), pese a que es una competencia estatal, no autonómica. PP y Ciudadanos también quieren “ampliar las línea de metro y nuevas estaciones” y prometen todo el transporte público “será gratuito para los mayores de 65 años”.
Medio Ambiente
Los compromisos medioambientales de PP y Ciudadanos se basan en incentivar con ayudas la compra de “vehículos bajos en emisiones” y un plan para mejorar “la eficiencia energética de los edificios (calderas, ventanas, fachadas...)” con especial atención a las instalaciones de los inmuebles públicos. En ningún momento el acuerdo menciona la crisis climática. También se apuesta por un nuevo plan energético basado en las “energías renovables, eficientes y limpias” con ayudas a particulares para la “instalación de paneles solares” para el autoconsumo.
Entre los puntos del acuerdo también destaca la plantación de “500.000 árboles”, la creación de un “Arco Verde” que conecte los tres parques regionales de la Comunidad de Madrid. PP y Ciudadanos quiere desarrollar, aunque no las ha concretado, “un conjunto de medidas para luchar contra la despoblación” y se comprometen a “extender Internet” a todos los municipios de Madrid.
Vivienda
PP y Ciudadanos cederá suelo público a promotoras para construir viviendas en régimen de alquiler por debajo de mercado. El plan anunciado no precisa el número, aunque Isabel Díaz Ayuso prometió 25.000 en ocho años en campaña. Los dos partidos se comprometen también a “incrementar el parque de viviendas sociales”.
Los mensajes contra la “okupación ilegal” que centraron buena parte de la campaña de PP y Ciudadanos encuentran acomodo en el acuerdo en el punto 92, que habla de “combatir el fenómeno de la okupación ilegal y las mafias que se lucran a costa de los más vulnerables”. Díaz Ayuso y Aguado quieren también que se “agilicen los desalojos de viviendas okupadas” y así se lo “exigirán” al Gobierno porque no es su competencia, según el pacto.
