Almeida autorizará los trabajos arqueológicos en la parcela a 12 metros del futuro cantón de Montecarmelo

El Ayuntamiento de Madrid que lidera José Luis Martínez-Almeida va a autorizar los trabajos arqueológicos para investigar los posibles restos de Brigadistas Internacionales en la parcela de Montecarmelo, a escasos 12 metros del terreno en el que ubicará un nuevo cantón de limpieza.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad enviará en los próximos días al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una carta para autorizar las actuaciones oportunas, según adelanta El Mundo y confirman fuentes municipales a Europa Press. En este espacio el Ayuntamiento ha hallado “una anomalía compatible, por el tamaño, con la posible fosa donde descansarían los restos de los 451 brigadistas”.

De esta forma, se autoriza “con carácter provisional y bajo control, supervisión y responsabilidad de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Ministerio”. La investigación se circunscribiría exclusivamente a sondeos en el interior de la anomalía, que se ubica a 12 metros del futuro cantón. La misiva especifica que si hubiera restos humanos, la continuación de los trabajos y su eventual exhumación requerirían en todo caso de la autorización prevista en el artículo 18 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Una decisión que llega con la controversia encendida, ya que la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales ha denunciado a Almeida, el delegado de Urbanismo Borja Carabante y otros tres miembros del Ejecutivo municipal ante la Fiscalía de Memoria Democrática. Consideran que el equipo de Almeida está ocultando el informe que elaboró la empresa Gama Geofisica porque sus resultados van en contra de su interés por desarrollar el recinto para almacenamiento de basuras y uso del personal de limpieza en la parcela.

La asociación afirma que los cinco denunciados están actuando con “falta de transparencia por ocultar durante más de 50 días” el documento, entregado el 26 de abril de 2024 al Ayuntamiento, que efectuó las pruebas con georradar y tomógrafo durante ese mismo mes “exclusivamente en la parcela 26.2b del Plan Parcial de Montecarmelo”.

La posible fosa se encontraría en esa parcela 26.2b, que según la propia documentación oficial del Área de Urbanismo fue solicitada “mediante notas internas de 26 de abril y 8 de mayo de 2023″ para construir el cantón y una base del Servicio de Limpieza Urgente (Selur). Almeida, sin embargo, llegó a asegurar que los hallazgos se habían producido ”en una parcela adyacente“. Todo ello mientras continúa la oposición vecinal, que pide trasladar el recinto para depósito de residuos y utilización del personal de limpieza en terrenos más alejados de sus viviendas, de centros educativos y de locales de restauración.

El Ayuntamiento apunta a errores de la empresa adjudicataria

Desde el área de Urbanismo han recordado que el pasado 29 de mayo el Ayuntamiento de Madrid remitió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la resolución de desestimiento de su investigación. El 16 de febrero el Gobierno central aprobó un gasto de 17.400 euros y adjudicó a una empresa un contrato para la ejecución de sondeos arqueológicos en esta parcela, aunque aluden a la falta de documentación necesaria.

El 28 de febrero, la empresa adjudicataria solicitó al Ayuntamiento de Madrid una ocupación temporal de este terreno para llevar a cabo el proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral. En su solicitud, adjuntaron el proyecto y detallaron que los trabajos se extenderán durante tres semanas, han detallado desde el área.

Unos días después, después de analizar la solicitud, el Ayuntamiento requirió a la empresa que, en un plazo de 10 días, debía definir la superficie afectada y presentar la autorización específica de las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Memoria Democrática.

Un mes más tarde la adjudicataria presentó un plano aproximado de la superficie a ocupar y la resolución de adjudicación del contrato por parte del Gobierno, aunque desde el Gobierno municipal han defendido que no se aportó la autorización exigida por la Ley de Memoria Democrática. El 11 de abril, el Ayuntamiento, al constatar que la empresa no había aportado la autorización requerida por la Ley, otorgó un nuevo plazo de 10 días y desde entonces afirman no tener constancia de que se haya presentado dicha autorización.