Las movilizaciones en la ITV de Alcantarilla no pararán hasta el cese del consejero Juan Hernández
El escándalo que se está produciendo alrededor de la privatización de la ITV de Alcantarilla no ha hecho más que comenzar. Los sindicatos involucrados anuncian que el paro seguirá haciéndose efectivo hasta que se tomen medidas pertinentes y se cese el cargo del consejero de Empleo, Universidades y Empresa Juan Hernández, “para frenar la intención del Gobierno Regional de mercantilizar la gestión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos con concesiones a empresas privadas”.
Desde las organizaciones sindicales Intersindical, CC.OO, UGT, CSIF y FSES quieren ir más allá de la dimisión de Sr. Juan Hernández, por lo que exigen su inmediato cese y sustitución “por un responsable político que se encuentre preparado para estar al frente de una Administración Pública y que tenga conocimientos sobre los Servicios Públicos, los derechos laborales de sus empleados y que haya hojeado, al menos, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Ley de Órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas”.
En un comunicado a los medios, la intesindical habla de “manipulación” por parte del gobierno regional y en concreto de Juan Hernández, de quienes además denuncian que no han hecho un seguimiento de la huelga, como manda la normativa, y califican de “manipulación burda” declarar que ningún trabajador ha ejercitado el derecho a la huelga en la ITV de Alcantarilla.
Sin diálogo entre las partes
Se han realizado hasta la fecha dos procedimientos de mediación en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral de la Región de Murcia, y desde la intersindical confirman que se produjo “una espantada” en la primera reunión, con el envío de un funcionario “sin capacidad real de negociación”.
Respecto a la viabilidad de una ITV pública, los sindicatos aseguran que la misma es rentable para las arcas públicas regionales y que la creación de una empresa pública que gestionara directamente las ITV concesionadas supondría un significativo alivio para las mismas, y así lo han hecho saber al consejero Hernández. De esta manera, el Gobierno Regional “prescindiría de los muchos millones de euros que le reportaría a las arcas públicas si las ITV fuera públicas”.
Junto a la petición de cese, la intersindical anuncia también que las movilizaciones continuarán en la ITV de Alcantarilla. Mañana, miércoles 26 de julio, el paro será de dos horas en el turno de mañana y otras dos horas en el turno de tarde. Y el día 31 de julio, el paro será total.
Transportistas y autónomos apoyan la privatización
La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet) se ha mostrado a favor de la privatización de la gestión de la ITV de Alcantarilla. La patronal apoyó, asimismo, que se amplíen, de 8 a 18, las estaciones que hay en la Región. Una postura a la que también se sumó la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA) al entender que esta nueva regulación de la ITV podrá beneficiar también a su colectivo.
La Región de Murcia es la quinta comunidad más cara en cuanto a las revisiones de camiones para la ITV se refiere. Manuel Pérezcarro, secretario general de Froet, recalcó que “este modelo de gestión privada, con más puntos de inspección, aumentará la calidad y reducirá el coste debido a la mayor competencia en la prestación del servicio”.
Por su parte, el consejero Juan Hernández asegura que la actual situación de las ITV provoca grandes esperas y “largas colas” para las revisiones de la Inspección Técnica de Vehículos. Además, advierte que la privatización crearía nuevos puestos de trabajo, y los treinta trabajadores de ITV Alcantarilla no perderían su puesto de trabajo, ya que al ser funcionarios pueden elegir otro destino en el resto de la Administración Regional.
¿Sin garantías jurídicas?
El diputado regional Andrés Pedreño ha señalado que el consejero de Industria, Juan Hernández, “puede llegar a crear con este Decreto una situación de indefensión jurídica” ya que su puesta en vigor afectaría no solamente para los derechos de los trabajadores, sino para las actuales empresas concesionarias que ven mermados también sus derechos.
“El Consejero se ha quedado sin tiempo para aprobar el decreto de las ITV en condiciones de seguridad jurídica y ahora a un mes de finalizar el actual periodo de concesión pretende aprobar un Decreto que no convence a nadie pues a todos los deja en la incertidumbre jurídica”, recalcó.
En este sentido, recordó que el pasado mes de abril la Asamblea Regional aprobó una moción para que se realizara un estudio comparativo del modelo óptimo y eficaz de gestión de las ITV, contrastando el modelo de gestión pública, de concesión o de autorización.
