La Audiencia de Álava cree falso que Villadelprat descapitalizara Epsilon y le evita la cárcel
El catalán Joan Villadelprat, impulsor del sueño vasco de contar con una escudería en la Fórmula 1, el proyecto Epsilon Euskadi, evitará la cárcel. La Audiencia de Álava ha desestimado todas las acusaciones de la Fiscalía y zanja que no hubo ningún tipo de delito en la constitución de Epic Racing como sucesora del equipo Epsilon Euskadi. También absuelve al que fuera director financiero de Villadelprat y después administrador de Epic Racing, el británico Mark Payne. Cabe la posibilidad, eso sí, de que el Tribunal Supremo revise el fallo ante un posible recurso.
La Fiscalía, que veía delitos de administración desleal o incluso alzamiento de bienes, argumentó que Villadelprat y Payne idearon crear Epic Racing para dar continuidad a la única rama de negocio rentable del proyecto Epsilon Euskadi cuando éste quebró. Sostuvo en el juicio celebrado hace justo un mes que Villdelprat, valiéndose de un testaferro como Payne, mantuvo su escudería con otro nombre y simulando una venta por 200.000 euros cuando el valor de tasación de los bienes enajenados era de 1,1 millones. La sentencia de la jurisdicción mercantil que declaró culpable a Villadelprat de la ruina de un negocio impulsado políticamente por el PNV y que se tragó casi 50 millones en ayudas públicas se basaba precisamente en esas cifras y concluía que esos 900.000 euros de diferencia habían perjudicado a los acreedores de la compañía, básicamente instituciones públicas.
Pero los magistrados Jesús Alfonso Poncela, Elena Cabero y Raúl Aztiria sostienen, primero, que el “valor real” de la escudería no era de 1,1 millones. “Que algunos activos pudieran tener un uso alternativo y un valor mayor en otros ámbitos del automovilismo no deja de ser una simple posibilidad”, remarcan los magistrados, que afean a la Fiscalía que no haya probado el supuesto valor “notablemente superior al precio estipulado”. Además, aunque reconoce que aportaba hasta el 90% de los ingresos en el momento de la venta (2011), indica que el equipo de carreras apenas suponía un “3,07%” del activo total de la compañía.
En segundo lugar, entienden que las personas que se han tenido que ver afectadas por una operación de estas características para que pueda hablarse de un delito son los socios y no los acreedores. “No podemos considerar como perjuicio económicamente evaluable a la sociedad constitutivo del elemento objetivo de este delito la imposibilidad de satisfacer las deudas porque eso no entraña un perjuicio a los socios”, se lee en la sentencia, que destaca también que la creación de Epic Racing ahorró a Epsilon determinados gastos, lo que puede entenderse como un beneficio para los acreedores.
Finalmente, los jueces ven irrelevante que Epic Racing se quedara en la misma sede de Epsilon Euskadi o que sus patrocinadores fueran los mismos. Considera que Villadelprat efectivamente vendió su escudería a Payne y que su director financiero no fue un mero testaferro para dar continuidad a un proyecto: “Ha quedado acreditado que el controvertido negocio no fue iniciativa del administrador único [Villadelprat] y [se] descarta que Villadelprat y Payne ‘idearan’ la constitución de Epic Racing como instrumento de la trama”.
Con estos argumentos, Villadelprat, que ahora es comentarista de motor en radio, televisión y prensa, evita la cárcel. Como Payne, se enfrentaba a ocho años de prisión. En todo caso, la sentencia de la Audiencia de Álava es recurrible en los próximos cinco días ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, la Fiscalía mantiene la acusación por otro posible delito en torno al fallido proyecto Epsilon. Se trata del polémico aval que el Gobierno vasco autorizó a Villadelprat para que accediera a un crédito de Kutxa y Vital (ahora fusionadas en Kutxabank) por valor de 16 millones de euros. En concreto, el Ejecutivo (entonces gobernaba el PNV) puso en prenda el pabellón que ocupaba Epsilon en el parque tecnológico público de Miñano para que el catalán lograra financiación. La compañía quebró y el Gobierno tuvo que pagar a los bancos 16 millones por un edificio que ya era suyo. Está imputado el entonces director de la red de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, que también será juzgado en el mayor caso de corrupción destapado hasta ahora en el País Vasco, el ‘caso De Miguel’.
