La Fiscalía denuncia que la Diputación de Álava aportó varias versiones de los mismos documentos

El fiscal Josu Izaguirre ha puesto de manifiesto en la (larguísima) sesión de este lunes del juicio del 'caso De Miguel' un posible nuevo caso de irregularidades en documentos oficiales relacionados con los contratos 'a dedo' que beneficiaron a las empresas de la órbita de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava acusado de corrupción. En una fase anterior, como adelantó eldiarionorte.es, el que fuera director de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, aportó en el juicio informes con sellos aparentemente oficiales que acreditarían que los contratos de su oficina con las mercantiles Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, que no consta que se realizaran ni han aparecido en ningún lugar, en realidad sí estaban en los archivos de la Administración. Ahora se ha puesto sobre la mesa por parte del ministerio público que existen versiones diferentes de unos mismos informes justificativos de las adjudicaciones salidas desde el Departamento que dirigía el propio De Miguel en la Diputación de Álava a Errexal y Ortzi Muga.

“Cuando reclamamos la totalidad del expediente, nos encontramos con curiosidades como ésta que vamos a enseñar ahora. Éste es el ADOK del expediente. ¿Hay alguna diferencia con el que hemos enseñado antes? Pues que no está firmado y teóricamente es el mismo documento. En el expediente original nos remiten un ADOK que sí esta firmado, que es distinto. ¿En los archivos de la Diputación se guardan ADOK con firma y sin firma?”, ha expuesto Izaguirre en referencia a los documentos internos de la Diputación que autorizan un pago, llamados ADOK, que han sido exhibidos ante la Audiencia Provincial de Álava.

En efecto, en 2010 la Diputación envió al juez que investigaba el 'caso De Miguel', Roberto Ramos, parte de un expediente con un documento ADOK en que se autorizaba una factura de 7.795,20 euros a Errexal -una promotora cultural- por la realización un estudio sobre equipamientos en entidades locales de Álava, unos trabajos correspondientes al ejercicio 2009. Estaba firmado en su parte inferior izquierda por el director de Equilibrio Territorial Iñaki Nafarrate, 'número dos' de De Miguel en la Diputación y quien le relevó en la cartera de Urbanismo tras su detención en marzo de 2010. Sin embargo, cuando de cara al juicio se solicitó el expediente completo, el mismo ADOK aparecía sin firma.

Nafarrate ha comparecido este lunes en el juicio durante varias horas. El fiscal Izaguirre le ha preguntado expresamente por esta cuestión, ya que no sólo fue él quien habría firmado el primer ADOK sino que, como diputado a partir de marzo de 2010, fue el encargado de enviar la documentación solicitada por el juzgado.

Josu Izaguirre: ¿Intervino usted en el expediente y en la remisión del expediente? ¿Era normal esto? ¿Era el modo normal en el Departamento de Alfredo de Miguel?

Iñaki Nafarrate: No puede ser el modo normal de proceder, tiene que ser un error.

J.I.: Resulta que se entregó la documentación. Resulta que una viene con su firma y la otra que es el mismo documento viene sin su firma. Insisto, ¿esto era normal en el Departamento de De Miguel? ¿Los mismos documentos con las mismas versiones?¿Pasaban una mala época en archivos y tenían desorden documental?

I.N.: No...

J.I.: A la hora de pagar, ¿en la Diputación había versiones de facturas?

I.N.: Quizá sea un borrador…

J.I.: ¿Y quién le puso los sellos?

I.N.: Yo no… Yo no recuerdo haberlos puesto.

Durante la sesión también ha comparecido la otra directora del Departamento de De Miguel, Izaskun Martínez de Lahidalga, quien ha asegurado que nunca fue “presionada” para contratar a unas determinadas empresas. El fiscal también le ha preguntado por estas supuestas anomalías:

Josu Izaguirre: ¿Intervino en la remisión al juzgado de la documentación?

Izaskun Martínez de Lahidalga: Solicité a mis técnicos toda la información… Hablamos con técnicos de Hacienda y nos dijeron que estaba todo correcto. Si de algo me preocupé después de todo este revuelo era de preguntar...

J.I.: ¿Ve algo ahí en la parte inferior izquierda?

I.M.: No está firmado. Desconozco el motivo. Supongo que la parte firmada constara en Hacienda… Tengo muy claro que todo se firmaba. La técnica era superprofesional y todo estaba correcto. Eso tendrá una explicación... Si no está la firma, será un tema electrónico. La funcionaria era de 10. Dormía muy tranquila porque la funcionaria era la más eficiente. En Hacienda… esa gente no paga si no está todo firmado.

Ante la deriva de los hechos, el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, ha formulado una protesta. Ha calificado de “truco del fiscal” esta nueva hipótesis. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha pedido al letrado que retire esa afirmación, aunque ha rechazado solicitar nueva información a la Diputación para comprobar lo ocurrido porque en el juicio “ya está todo el bacalao cortado”. La sala ya denegó a la Fiscalía un informe del Gobierno vasco que probaba que nunca se registraron en Juventud los documentos presentados por Sánchez Robles.

70.000 euros en contratos

Concretamente, los contratos forales bajo sospecha son los siguientes y suman casi 70.000 euros en total:

Asimismo, la Fiscalía acusa a De Miguel de haber utilizado su despacho de diputado en el Palacio Foral para reclamar una comisión de 100.000 euros a la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi después de que su empresa resultase adjudicataria de un contrato en el parque tecnológico de Miñano. Igualmente, se discute si el político, como máximo responsable de Urbanismo de Álava, impulsó políticamente la recalificación de suelo en la localidad de Zambrana, de cuyos promotores había cobrado más de 200.000 euros a través de la mercantil Kataia Consulting.

Sin embargo, el actual diputado general de Álava por el PNV, Ramiro González, afirmó a este periódico en los días previos al arranque del juicio que “el fiscal cree que no hay perjuicio para la Diputación”. El escrito de acusación de Izaguirre, en cambio, refleja lo siguiente: “Don Alfredo de Miguel Aguirre fue nombrado Diputado Foral del Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial el día 8 de agosto de 2007, en virtud de Decreto Foral del Diputado General nº 187/07, de fecha 8 de agosto. Por su condición de Diputado Foral del citado Departamento era el órgano competente para 'acordar y realizar la contratación de obras, servicios, suministros y otros contratos de carácter administrativo o no, dentro de los límites establecidos por la normativa foral presupuestaria y por la legislación vigente, así como presidir las mesas de contrataciones' y para 'autorizar, disponer y ordenar el gasto'. Aprovechándose de ambas potestades que tenía inferidas por razón de su cargo y con ánimo de lucro propio, adjudicó directa e irregularmente a las mercantiles ERREXAL S.L. y ORTZI MUGA S.L., con las que como se ha expuesto anteriormente mantenía íntima relación”.