Los dos sectores de EA ventilan sus diferencias en un tribunal y queda en manos de una magistrada el futuro de Eva Blanco
“Si ustedes me dicen que la comisión de garantías ya ha resuelto anular la proclamación de Eva Blanco como secretaria general y a la vez me piden a mí que adopte medidas cautelares en ese sentido, tenemos un problema. Ustedes me dirán”, se ha sincerado la juez de Vitoria María Teresa Trinidad Santos en un momento de la vista en la que los dos sectores de EA se han visto las caras este miércoles en Vitoria en un 'round' más de la batalla interna que se vive desde hace meses por el control del partido fundado en 1986 e integrado desde 2011 en la coalición EH Bildu. El origen del pleito es si los críticos tienen o no derecho a unos datos internos para preparar las primarias, pero la pugna se ha visto superada con los últimos acontecimientos y se ha convertido en una pelea para determinar si el nombramiento de Blanco es o no ajustado a la normativa interna y externa. Los críticos consideran también que EA está diluida dentro de la coalición con la izquierda abertzale. La magistrada tiene cinco días para responder si suspende cautelarmente el puesto de Blanco y varios meses más para resolver el fondo del asunto.
Los críticos, encabezados por Maiorga Ramírez, exigen que se celebren primarias como estaba previsto y que se dé vuelta atrás a la suspensión de su candidatura por irregularidades en los avales presentados. Reclama que la afiliación ejerza el “derecho a decidir” y que se paralice la proclamación sin elecciones de la otra candidata. Esgrimen una resolución de garantías que les da la razón, pero el entorno de Blanco le niega legitimidad a ese tribunal interno y se vale del dictamen de otro órgano interno, el comité electoral, que avaló su designación. “Hay una especie de rebeldía”, ha ironizado la togada sobre el choque de legitimidades entre las facciones.
Las discrepancias se han hecho patentes en la pequeña sala de vistas de la primera planta del Palacio de Justicia de Vitoria. Los críticos -a Maiorga Ramírez le han acompañado Iratxe López de Aberasturi y Mikel Goenaga, líderes de Álava y Gipuzkoa- han ocupado la primera fila de las sillas. Dos representantes de la dirección estaban sentados en la fila de atrás, Iria Epalza y Mariano Álava. Ramírez ha comentado a la salida que no ha mantenido una conversación telefónica con Blanco en los últimos días y que tampoco se contestan a los mensajes. Epalza ha lamentado que se ventilen las “cosas de casa” a ojos de todo el mundo una sala de vistas y más cuando lo que tocaría en una campaña electoral es arrimar el hombro para conseguir votos.
Ramírez y los críticos tienen como abogado a José Luis Soldevilla, quien ha explicado que él mismo fue confundador de EA y presidente de la comisión de garantías. Soldevilla, en su Facebook, habla abiertamente de “pucherazo” en su partido y pide el voto para Podemos en estas elecciones. El letrado ha afeado a la dirección que se hayan vulnerado los derechos políticos de una parte de los militantes, prerrogativas recogidas en “nuestra magna y en la ley de partidos”, referentes inusuales para los independentistas vascos. Soldevilla no ha escatimado en ejemplos de los obstáculos que Ramírez y su equipo se han encontrado en el camino hacia las primarias y para preparar este pequeño juicio. “No vamos a describir cómo nos hemos hecho con estos documentos”, ha dicho el abogado en un momento de la mañana sobre algunas pruebas que ha entregado, comentario que le ha afeado la magistrada: “Voy a hacer que no he oído algo sobre ilicitud de prueba”.
El abogado de EA, por su parte, ha alegado sobre las medidas cautelares que “el hecho de que Eva Blanco continúe siendo secretaria general no va a afectar a la suerte del proceso”. Sobre el fondo, ha garantizado que nunca se negó el censo de afiliados a los críticos, sino que éstos pretendían las “claves de acceso” a una base de datos con información “sensible” como los números de cuenta de los afiliados y si están o no al corriente de sus cuotas. Ha argüido que la ley de protección de datos blinda esas bases, mientras que Soldevilla ha replicado que a Ramírez se le anularon avales de afiliados no al corriente de pagos sin que pudiera comprobar la veracidad de esas informaciones. La Fiscalía se ha mantenido de perfil en el fuego cruzado, aunque al final ha parecido dejar caer que un proceso de primarias no habilita a un acceso ilimitado y universal a determinados datos, lo que ha sabido a victoria a los representantes del sector oficial de EA.
La vista ha concluido a las 11.40 horas. La magistrada se da un plazo breve, de cinco días, para resolver las medidas cautelares inmediatas, lo que determinará si se anula o no la proclamación de Blanco. La resolución del proceso tardará varios meses más. Ni los unos ni los otros, a la salida de los juzgados, han contemplado una salida que no sea la judicial para su pelea. “Una vez llegados a este punto...”, coinciden las partes.
