Avanza el nuevo Estatuto vasco: PNV y EH Bildu pactan un poder judicial propio y una Comisión de Garantías
Con el objetivo de completar el trabajo el próximo 6 de julio y encargar ya en septiembre a un comité de expertos -todavía por elegir- la redacción de un texto articulado, PNV y EH Bildu, de nuevo sin más apoyos políticos, han dado un paso más en la superación del actual Estatuto de autonomía de 1979. Ambas formaciones han acordado este miércoles en el Parlamento sendos documentos referidos a la singularidad fiscal y a los poderes del “sujeto político” -no hay consenso en torno a la denominación jurídica de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa- que dan continuidad a los ya aprobados en torno a la filosofía del nuevo estatus, las consideraciones preliminares o las competencias, rechazados por Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP al apreciar en ellos un sesgo soberanista. Entre los nuevos acuerdos se incluye la creación de un poder judicial propio y de una “Comisión Arbitral y de Garantías” que ejerza de Tribunal Constitucional interno, la asunción de las competencias plenas en materia laboral, fiscal y de Seguridad Social y la participación de Euskadi en el Ecofin.
Uno de los puntos clave de la reforma para PNV y EH Bildu es lograr la descentralización del único poder del Estado unitario, el judicial. Actualmente, Euskadi sólo tiene competencias en la denominada “administración de la administración de justicia”, es decir, en proveer de edificios, medios y funcionarios a los cuerpos nacionales de jueces y fiscales, titulares del poder judicial. La propuesta bebe del artículo 3 del Estatuto de la II República para reclamar la atribución al “sujeto político” de la organización de la Justicia, lo que incluye designación de magistrados jueces, secretarios y auxiliares de la Administración de Justicia y “la organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal”. El Estatuto de 1936 reservaba al Estado el control de la Fiscalía.
Según el documento de PNV y EH Bildu -que en la Cámara tienen mayoría suficiente-, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tendrá “jurisdicción propia y facultades disciplinarias en todas las materias cuya legislación exclusiva corresponda al sujeto político”. También se creará un Consejo General Judicial Vasco como máximo órgano de Gobierno del poder judicial propio. El sistema se remachará con una Comisión Arbitral y de Garantías que hará las veces de Constitucional interno -para litigios competenciales entre el nivel autonómico, foral y local- y de corte de amparo ante vulneraciones de derechos fundamentales. Ya se había planteado que para los litigios con el Estado se habilite una sala especial y paritaria, vaciando las actuales competencias del Constitucional en Euskadi.
El documento aprobado reserva al Tribunal Supremo de España la “capacidad de unificación de doctrina en relación a la legislación dictada por el Estado y de aplicación en el sujeto político”. Sin embargo, EH Bildu ha trasladado un “voto particular” para reclamar que el sistema “culmine” en el Tribunal Superior vasco. Añaden que el poder judicial y ejecutivo vascos controlarán la ejecución de la política penitenciaria de manera exclusiva.
PNV y EH Bildu también han pactado el capítulo económico del Estatuto. En principio, aunque se admiten también discrepancias conceptuales entre las dos formaciones, se mantiene la competencia de Hacienda y recaudación en las diputaciones, aunque “sin perjuicio de la capacidad de armonización por parte de las instituciones comunes”. A partir de ahí, se dibuja un escenario de “autonomía financiera total”, en palabras de la representante de EH Bildu, Maddalen Iriarte. Por ejemplo, para esquivar el artículo 135 de la Constitución, se plantea que España se vea obligada a pactar con el “sujeto político” los límites de deuda, déficit y gasto de la Unión Europea.
En el ámbito sociolaboral, las formaciones nacionalistas reclaman un marco propio de relaciones laborales, la gestión de todas las políticas de empleo -incluidas las pasivas, ahora en manos del INEM- y plenos poderes en materia de Seguridad Social, sin el matiz actual de limitarlo al “régimen económico”. Eso sí, se alude a mantener “los mecanismos de solidaridad y de cooperación con el sistema vigente en el Estado Español”. No hay más detalles, pero el PNV históricamente ha defendido un modelo similar al del Concierto Económico: autonomía total y abono de un Cupo al resto de España por ese concepto.
