Euskadi descarta recurrir a confinamientos a pesar de activar la alerta sanitaria: “Todavía no es el momento”
La activación del estado de alarma por parte del Gobierno central y de la alerta sanitaria por parte del Gobierno vasco posibilitan ya a los poderes públicos a adoptar todas las medidas, ordinarias y extraordinarias, para combatir la extensión del coronavirus en Euskadi, donde Vitoria y Álava continúan como las zonas con mayor número de contagios. También es posible un confinamiento y una restricción de movimientos como las aplicadas en Italia o en la localidad catalana de Igualada. La población ha asumido que esa posibilidad es real, como lo prueban los picos de consumo en supermercados. Los bulos circulantes en redes sociales -la importancia de los mensajes oficiales y de los medios de comunicación es mayor si cabe en este momento- alimentan también esa sensación. Sin embargo, tres fuentes del Gobierno vasco remarcan que “todavía no es el momento” y que “no hay ninguna decisión adoptada” en ese sentido.
La consejera de Salud, Nekane Murga, y el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, nunca han ocultado que “todo está sobre la mesa” ante este escenario insólito que trasciende ya a lo relativo a la salud pública. La evolución de los casos -imparable en Álava con tasas en proporción mucho más altas que las de Madrid e incluso por encima de las de Lombardía- obliga a ajustar decisiones y cambiar de planes de manera constante, como se ha visto esta semana con hasta cuatro anuncios relativos al cierre de los centros escolares: primero tres centros, luego Vitoria y Labastida, luego todo Álava y Balmaseda y finalmente toda la red. Y el gabinete de crisis está operativo a tiempo completo.
Pero desde el Gobierno se insiste en lanzar un mensaje de que en este momento no se dan las condiciones para aplicar la más drástica de todas las medidas. “Ahora disponemos de un parapeto jurídico para que se cumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias”, indican estas fuentes. Un ejemplo: ahora se puede cerrar un bar o un centro deportivo privado con “seguridad jurídica” o garantizar que determinadas personas contagiadas cumplan su cuarentena sin necesidad de que una orden judicial autorice esa intervención domiciliaria de la Ertzaintza, como ha ocurrido estos días en Vitoria y Labastida. La aplicación de un marco de excepcionalidad permite también agilizar contratos públicos, incorporación de especialistas médicos y otras decisiones administrativas presupuestarias.
El cierre de una ciudad o región es un escenario posible pero no inminente, siempre según estas fuentes. Además, las autoridades insisten en que las cosas no hay que sacarlas de contexto. Incluso con las restricciones más altas, los suministros de comida y otros servicios básicos estarían plenamente garantizados. “Esto no es una guerra, es un problema sanitario”, explica gráficamente una de las fuentes consultadas, que remarca la importancia de huir de mensajes sin contrastar que se viralizan en las redes sociales más rápido que la enfermedad que se pretende combatir.
Euskadi confía en que Sánchez delegue en Urkullu
Un elemento importante es el análisis que se hace de la situación del Covid-19 en Euskadi. Por un lado, el Ministerio de Sanidad considera claramente y desde hace días que Vitoria es un área donde se produce “transmisión comunitaria” del neovirus. Pero las autoridades sanitarias vascas entienden que el brote -aunque grande y creciente y que exige un sobreesfuerzo para la Sanidad pública- está focalizado. Se dispone de “trazabilidad”, es decir, no se considera que esté descontrolado.
Los amplios poderes que el estado de alarma confiere al Gobierno central en todo el territorio español sí permitirían que el Estado aplicase en Vitoria o en todo Euskadi la decisión que sus autoridades autonómicas “todavía no” se plantean. Como ha remarcado Pedro Sánchez, puede movilizar medios “civiles o militares”. Pero desde Vitoria -en público y en privado- destacan que la colaboración con Madrid está siendo “máxima” en estas semanas, con una comunicación constante con el ministro Salvador Illa, con el nuevo delegado del Gobierno, Denis Itxaso, y con el propio Pedro Sánchez. “[El Estado] No va a hacer nada que no quiera hacer una comunidad autónoma”, apuntan desde el Ejecutivo de Urkullu, quien ha conversado a las 9.30 horas de este viernes con el presidente antes de anunciar a los medios de comunicación la activación de la ley vascas de emergencias.
Es más, en Euskadi existe la confianza en que el Gobierno delegue en el lehendakari la dirección y coordinación del estado de alarma en su territorio. Los socialistas forman parte también del gabinete de Urkullu y el propio Estatuto de autonomía configura al lehendakari como máximo representante del Estado en Euskadi. Por el momento, y a falta de conocer el alcance de las decisiones del Gobierno central, la alerta sanitaria decretada a nivel autonómico ya otorga a Urkullu esa dirección de todas las actuaciones, lo que incluye la movilización de medios forales y municipales. Urkullu y el resto de presidentes autonómicos mantendrán este sábado una videoconferencia para analizar la situación tras el Consejo de Ministros extraordinario. La cita -que ha exigido varias pruebas técnicas ante lo excepcional del encuentro- estaba inicialmente prevista para la mañana, pero se ha retrasado hasta la tarde.
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