La Fiscalía presenta un informe que probaría la falsedad de las pruebas de Sánchez Robles

La Fiscalía ha presentado en el juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, un informe que probaría la falsedad de las pruebas presentadas por el exdirector de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles (PNV), acusado de haber financiado a la trama de empresas controladas por el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, mediante adjudicaciones 'a dedo' salidas de su oficina por trabajos que no consta que se realizaran y que suman más de 200.000 euros. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha inadmitido el documento por cuestiones de forma, ya que durante la celebración del juicio es “la sala la que en su caso ha de solicitar la documental” y no las partes, que lo pueden hacer en la fase previa, si bien sobre el fondo del asunto ha indicado que el tribunal está “suficiemente ilustrado” sobre el asunto del “sellaje”.

Sánchez Robles, director de Juventud desde 2003 a 2009, se expone a 18 años de cárcel por favorecer presuntamente a las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga con esas contrataciones aparentemente irregulares. Durante la fase de investigación dirigida por el juez Roberto Ramos, el propio Gobierno admitió en tres ocasiones que no existía constancia de la mayoría de trabajos contratados a estas firmas. Dos de ellas, de hecho, ni tenían como objeto social el ámbito cultural o de juventud ni trabajadores.

En su escrito de defensa de 2017, entregado de cara al juicio, el letrado de Sánchez Robles, Javier Beramendi, incorporó una copia “sellada en el Departamento de Cultura” de los contratos que hasta entonces no habían aparecido. Se da la circunstancia de que en 2012, cuando fue imputado en el caso, ya había incorporado al sumario esos mismos documentos, aunque en aquella ocasión sin sellos ni fechas. Pidió incluso que los informáticos del Gobierno localizaran en su ordenador una copia de ese material, algo que nunca se produjo. El propio De Miguel aportó supuestas pruebas de algunos de los trabajos que habrían realizado para Juventud. En realidad son tres versiones de un mismo documento, similares pero diferentes en algunos matices.

Como adelantó eldiarionorte.es, la aparición de documentos sellados en el Gobierno causó una gran sorpresa entre las acusaciones del juicio. Fuentes del Ejecutivo, incluso, señalaron a este periódico que esas pruebas podrían estar “fabricadas”, lo que supondría un posible delito de falsedad documental.

En la sesión de este lunes del 'caso De Miguel', ahora centrado en estas irregularidades en el Departamento de Cultura y, en concreto, en Juventud, el fiscal Josu Izaguirre ha anunciado que, con la colaboración de la Policía Judicial, ha elaborado un informe con todos y cada uno de los “asientos” del registro del Gobierno que probarían la inexistencia de los documentos presentados por Sánchez Robles. Ha apostillado que este lunes la Policía continúa en la sede del Gobierno vasco recopilando más datos para aclarar algunas “omisiones y errores” del informe y disponer de una panorámica completa.

Portavoces del Gobierno vasco han confirmado a este periódico que “el jueves” se personó “un agente” en dependencias oficiales a requerimiento del fiscal. Cultura entregó la información solicitada, aunque actualmente Juventud depende orgánicamente del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Por ello, según estas fuentes, los archivos solicitados se hallaban almacenados en dependencias del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.

La Fiscalía ha explicado que estas pruebas se presentan ahora y no desde el momento en que Sánchez Robles las entregó porque el propio Gobierno no la había enviado 'motu propio' con anterioridad. “Nosotros contábamos con que lo presentase otra parte, circunstancia que no se ha producido. A la vista de los hechos, hemos tenido que actuar personalmente”, ha explicado Izaguirre, a quien el letrado gubernamental, Javier Otaola, no ha respaldado en su intento de incorporar esta nueva evidencia al rollo penal.

Las defensas, singularmente Beramendi, han rechazado de plano la nueva documentación. Han alegado, en general, indefensión ya que el ministerio fiscal dispone de la Policía como apoyo, una posibilidad no abierta a las partes. “Yo no puedo pedir que vaya la Policía judicial a ningún lado”, se ha quejado Beramendi, que había reclamado una “suspensión” del juicio para analizar este documento en caso de que fuese admitido.

En todo caso, a pesar de haber admitido no conocer el informe en detalle y ponderar la “excepcional cualificación” del fiscal Izaguirre, ha sentenciado que “no probaría nada”. “¿Por qué? Porque sólo los usos y costumbres del registros serían los que no podían dar luz… Los usos y costumbres del registro nos aclaran dónde hay sellos y cuántos sellos hay [...]. No nos aclara el mecanismo de sellado”, ha argumentado.

A pesar de quedarse en segundo plano en el debate sobre el informe presentado por la Fiscalía, el Gobierno vasco ha incidido en la falsedad de los sellos de Sánchez Robles en el interrogatorio a un testigo propuesto por el propio Otaola. Se trataba de Íñigo Cortázar, director de Servicios de Cultura en 2010 cuando se certificó por tres veces la inexistencia de los contratos pagos a Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga. Cortázar no sólo ha ratificado con contundencia que “nadie” en el área de Juventud localizó los trabajos supuestamente realizados por estas firmas, sino que en el sellado de los documentos adjuntos a la defensa del exdirector imputado hay anomalías.

El abogado del Gobierno le ha mostrado uno de ellos:

Javier Otaola: ¿Es un sello en debida forma?

Íñigo Cortázar: Sí…

J.O.: Mírelo bien

Í.C.: La forma sí, pero un sello para que tenga validez necesita el numero… Éste no tiene. Además, llama la atención dónde se ha echado. El personal echa el sello donde mejor se pueda ver. Aquí está sobre las letras, habiendo espacio en blanco suficiente.

A preguntas de la Fiscalía, asimismo, ha indicado que la “orientación” de los sellos de Sánchez Robles no casa con sellos de ese mismo día. Asimismo, han aparecido otras diferencias tipográficas en los timbres. Se da la circunstancia de que hay un documento presuntamente sellado el 29 de febrero de 2007, día que no existe. Cortázar ha asegurado que es “imposible” que la aplicación informática que controla el sellado de todos los documentos oficiales permitiera ese error.