El Gobierno vasco no entregó a la Fiscalía toda la documentación que apunta a filtraciones de exámenes en las oposiciones de Sanidad
Las transcripciones escritas de las declaraciones que los comisionados del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tomaron a miembros de tribunales y opositores en el marco de la investigación interna abierta en junio de 2018 tras las denuncias de filtraciones en una veintena de exámenes de especialidades médicas no incluyen todos los detalles y matices que aportan los testigos, según se puede comprobar al compararlas con los audios de esas entrevistas, algunos de ellos difundidos por este periódico en los últimos días y en los que se habla de “tongo” en Angiología o de que hubo una 'rebelión' en Anestesia ante lo extraño de las notas. El Departamento de Salud, que siempre ha defendido que ha colaborado al máximo en el esclarecimiento de los hechos y que desea llegar “hasta el final”, entregó a la Fiscalía la documentación escrita editada y no los audios originales. Ahora, con el asunto ya en manos de una juez de Vitoria, Yolanda Varona, el ministerio público ha logrado que Osakidetza se vea obligado a entregar todo el material completo.
La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ya manifestó sus dudas sobre la integridad de la documentación que manejó cuando elevó el asunto al juzgado al apreciar claros indicios de delito en la OPE de Osakidetza. “Dado que los expedientes de información reservada son de muy diferente confección según el instructor y puesto que en muchos de ellos no se aportan las declaraciones [de las personas implicadas] ni las actas de las reuniones celebradas por los tribunales, se interesa requerir a Osakidetza para que remita los expedientes completos de las especialidades [...], con las declaraciones realizadas y la totalidad de las actas de las reuniones que hubieran mantenido los tribunales”, se puede leer en el escrito con el que dio por concluida su preinvestigación y en el que señalaba a posibles irregularidades en hasta once especialidades.
El 13 de marzo, la instructora Varona, mediante una providencia en la que reiteraba las peticiones de la Fiscalía, reclamó a Osakidetza toda la documentación. Mes y medio después, todo el material salió en dirección al Palacio de Justicia, incluido un USB con las grabaciones sonoras de las declaraciones de todas las personas contactadas por el Servicio Vasco de Salud en sus pesquisas internas. Finalmente, el 25 de abril el juzgado dio por recepcionado el material.
Esta abundante documentación venía visada por la subdirectora de asesoría jurídica de Osakidetza, Susana López Altuna, e incluye explicaciones de la nueva responsable de Recursos Humanos, María Pilar Uriarte. Su predecesor, Juan Carlos Soto, que pilotó la investigación interna, fue relevado del cargo a principios de 2019. Esta crisis de las oposiciones médicas también se ha llevado por delante a la directora general del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, y al propio consejero de Salud, Jon Darpón, quienes siempre se apoyaron en las conclusiones de esos expedientes para defender que no había “elementos objetivos” que probasen las filtraciones.
Precisamente la semana pasada, en la sesión de control al Gobierno del Parlamento, su sucesora en el cargo, Nekane Murga, defendió nuevamente la gestión de esta crisis y aseguró que la documentación remitida a la Fiscalía había sido “la base” para sus conclusiones y para la investigación judicial ahora en marcha. Respondió así a una pregunta de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera: “Le recuerdo que Osakidetza ha actuado [...] y le recuerdo también que fue el propio Servicio Vasco de Salud quien remitió a la Fiscalía y al Ararteko tanto los expedientes informativos abiertos como las conclusiones de los informes internos elaborados”.
