El derecho a decidir contamina la reforma del Estatuto pactada por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos
El Parlamento Vasco comisionó el pasado año a cinco expertos, uno por cada partido con representación en la Cámara, para elaborar un “borrador de anteproyecto” para la reforma del Estatuto vasco de 1979, el más antiguo de España y el único que no ha sido tocado hasta la fecha. Era la culminación de un proceso abierto en 2013 y que ha caminado al ralentí en estos años. Los cinco -Mikel Legarda (propuesto por el PNV, partido del que es diputado), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE-EE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP)- completan este jueves el viaje con una última reunión, que cristalizará con la entrega de sus conclusiones el lunes, sin ningún tipo de solemnidad.
Los expertos designados por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE han alcanzado un amplio acuerdo para actualizar un autogobierno con 40 años, desde una visión política transversal que incluye a nacionalistas y no nacionalistas, con una suma hipotética de 161 escaños en el Congreso para ser tramitado y con mucho énfasis en los derechos sociales. Pero al mismo tiempo, en el hemiciclo, PNV y EH Bildu volverán a las esencias y aprobarán también este jueves una resolución que remarcará el “ejercicio del derecho a decidir”.
Este debate político sobre la autodeterminación -algo que no se resolverá en el texto de los expertos porque habrá hasta cinco formulaciones diferentes y muy pocos puntos de encuentro- contaminará todo el trabajo técnico, según temen quienes conocen los entresijos de las negociaciones. Si el lehendakari, Iñigo Urkullu, solemnizó que había que caminar por la senda del pragmatismo y por el acuerdo con los “no nacionalistas” para evitar un “fracaso estrepitoso”, el mismo día en que ese anhelo se hará realidad en gran medida el portavoz nacionalista, Joseba Egibar, retomará un discurso más maximalista.
A la última reunión de los expertos -que simultanean su trabajo ordinario con esta delicada misión a cambio de una dieta de 120 euros por encuentro sin contar el trabajo individual en casa- no asistirá por motivos personales Del Burgo. El veterano dirigente conservador navarro hace tiempo que es crítico con la deriva de los trabajos hasta el punto de hacerla explícita en 'El Mundo' -que titulaba “Los socios de Pedro Sánchez avalan un estatuto que echa a España del País Vasco”- dando pie a una dura reacción contra un texto que no es público de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso. Semejantes interpretaciones han sido muy criticadas por quienes conocen la naturaleza del acuerdo, de cuyo encaje constitucional no dudan.
En realidad, desde la larga sesión del martes en el Parlamento, de más de seis horas y sin parar a comer, el armazón jurídico de ese articulado está ya perfilado. También que no habrá exposición de motivos, porque es una declaración política que habrán de redactar los políticos. Incluso los votos concurrentes y discrepantes particulares son ya conocidos. Pero son juristas y necesitan una última revisión para hacer entrega al Parlamento de lo que podría ser el germen de una nueva Constitución territorial.
El derecho a decidir quedará en una disposición, fuera del articulado. Legarda (PNV) y Elizondo (Elkarrekin Podemos), desde planteamientos diferentes, han coincidido en una inclusión genérica de una referencia con la premisa de que su ejercicio sea pactado con el Estado. En este punto, como el PSE-EE advirtió desde un primer momento, López Basaguren formulará un voto particular que no condicionará el acuerdo amplio y general en el resto de cuestiones competenciales. Del Burgo se opondrá con firmeza y Urrutia se ha mostrado quejoso de que el PNV haya orillado un acuerdo de bases alcanzado por Egibar con EH Bildu para que la reforma estatutaria fuese algo más y tuviera un acento soberanista, es decir, que tuviera su eje en la autodeterminación.
Públicamente, la coalición abertzale ha denunciado ya que los nacionalistas no han salvaguardado su pacto con ellos para alinearse con la izquierda no nacionalista. Y critican que el PNV renuncie a una “relación de igual a igual” con España minimizando a una formulación genérica el derecho a decidir. Conscientes de que se posan sobre ellos todas las miradas ante los diferentes discursos de Urkullu y Egibar, fuentes del PNV indican que en el plano teórico e ideológico nunca han renunciado a ello y una muestra es que Legarda -el único miembro del grupo que es político en activo- ha puesto mucho énfasis en que, al menos de forma genérica y al menos como disposición adicional, esta cuestión quede recogido en el borrador. Sin embargo, son muy conscientes de que cualquier texto maximalistas no tendría recorrido alguno. El recuerdo del 'plan Ibarretxe' bloqueado en las Cortes Generales sigue muy fresco.
Pero esas dos almas quedarán de manifiesto con mucha claridad porque el Parlamento debatirá, al tiempo que los expertos terminan su trabajo, una iniciativa del PSE-EE para poner en valor el Estatuto de 1979 que derivará en un texto común pactado ya por PNV y EH Bildu que refrendará, paradójicamente, “las bases y principios acordados en la ponencia de autogobierno” que ahora el PNV ha modulado para acercarse a PSE-EE y a Elkarrekin Podemos. Se da la circunstancia de que esas bases soberanistas se cerraron al tiempo que, en Madrid, el PNV firmaba el pacto presupuestario con el PP Mariano Rajoy.
El texto, que será defendido por Joseba Egibar en nombre del PNV, es considerado una “irresponsabilidad” por algunas voces cercanas al grupo de expertos por resultar contraproducente, aunque los socialistas no barajan ejercer su potestad de sacarlo del orden del día del pleno semanal. Evidentemente, PNV y PSE-EE -socios de Gobierno en Euskadi tanto a nivel autonómico como en las Diputaciones y en muchos ayuntamientos- votarán divididos.
