“Los inspectores no pueden actuar en los colegios concertados vascos ante un caso de abusos sexuales”
Gaztelueta es un colegio privado del Opus Dei en Leioa, es exclusivamente masculino y su nombre resonó en los medios de comunicación por el caso de abusos sexuales que llevó a la Audiencia de Bizkaia a condenar a 11 años de cárcel a un numerario que se propasó con un alumno cuando cursaba los primeros cursos de la ESO. Gaztelueta está concertado por el Gobierno vasco, es decir, recibe fondos públicos para desarrollar su proyecto educativo. En Euskadi el 50% de los estudiantes están matriculados al margen de la red pública, el porcentaje más alto de España. La madre de la víctima de Gaztelueta ha denunciado este lunes que “los inspectores de Educación no pueden actuar en los colegios concertados” ante un caso de estas características.
Ana Cristina Cuevas ha comparecido en el Parlamento Vasco en el marco de la ponencia creada para analizar los abusos sexuales en la infancia, tanto en el ámbito eclesiástico como fuera de él. Cuevas ha indicado que “en otras comunidades autónomas los inspectores tienen la potestad para exigir que se cumplan todos los protocolos” en caso de una alerta sean los centros “privados, concertados y públicos”, religiosos o no religiosos. Ha puesto el ejemplo de un caso de 'bullying' en el colegio sueco de Madrid en contraposición con lo ocurrido en Gaztelueta, un largo proceso que costó años que se resolviera en los tribunales.
Especialmente doloroso para la familia fue la rueda de prensa posterior a la condena en la que el director del colegio, Imanol Goyarrola, defendió la inocencia del profesor penado y llegó a criticar a la familia de la víctima por causarle perjuicios. Antes, durante el proceso penal, habían colaborado económicamente con la defensa del docente, como adelantó este periódico. Goyarrola, incluso, realizó una visita guiada por el lugar en el que se produjeron los abusos para demostrar que allí era imposible que hubiera ocurrido algo semejante. La Iglesia, en general, mira primero por los victimarios y orilla a los afectados, ha dicho.
Cuevas ha criticado igualmente que la Fiscalía no actuara de oficio ante aquellos hechos. Las víctimas -ha razonado- no son sólo los directamente afectados, sino su entorno, y “lo vivido en la infancia se convierte en una cruel hipoteca para el resto de la vida”.
En ese sentido, ha planteado al Parlamento medidas sociales “contra la exclusión laboral” o para favorece la continuidad académica. Cuevas, que pertenece a la asociación Infancia Robada, ha reclamado medidas similares a las que ya se han implementado para las mujeres víctimas de violencia de género. “Hay que corregir el vacío legal para poder amparar a estas víctimas”, ha incidido en su comparecencia.
Y, aunque la competencia es de las Cortes Generales, ha recordado también en el Parlamento la necesidad de modificar los plazos de prescripción de estos delitos, que habitualmente permanecen ocultos y que salen a la luz muchos años después sin posibilidad de que acarreen consecuencias penales. Ahora los plazos empiezan a correr a los 18 años y son 5 años para los casos más graves, esto es, hasta los 23. Un anteproyecto de ley que decayó por la coyuntura electoral española preveía que fuese hasta los 45. “Pero nosotros como asociación solicitamos la no prescripción del delito o en su defecto que empiecen a contar a partir de los 50 años a fin de que por la propia idiosincrasia del tipo de denuncia queden impunes el menor número de abusadores y agresores sexuales”, ha indicado.
