La oposición vasca frena de momento los planes de Urkullu de celebrar elecciones en julio

No hay acuerdo. Los partidos de la oposición en Euskadi no han alcanzado de momento un grado mínimo de consenso en torno a la nueva fecha para las elecciones autonómicas que se tuvieron que suspender por el coronavirus el 5 de abril y han quedado en volverse a reunir el 14 de mayo para analizar la situación sanitaria en ese momento y comprobar si es posible la propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, de que los comicios sean en julio. No obstante, fuentes del Gobierno remarcan que tampoco “hay una mayoría parlamentaria o política que se haya posicionado en contra” de hacerlo antes del verano.

Urkullu ha reunido este jueves de manera presencial en la sede de la Presidencia vasca en Vitoria a representantes de todos los partidos vascos, PNV, PSE-EE, EH Bildu, Podemos, IU, Equo y PP (que concurrirá con Ciudadanos). Han sido los representantes del PNV, encabezados por Andoni Ortuzar, quienes han hecho mayor énfasis en la necesidad de poner las urnas en julio. El Gobierno, por su parte, ha entregado una serie de informes técnicos y otro jurídico, aunque ya ha defendido públicamente que hay riesgo de un repunte de la pandemia en otoño y que el verano parece el momento más propicio para unas elecciones con seguridad.

El informe jurídico apremia a la oposición

¿Qué dice el informe jurídico? El documento, de 14 folios y firmado por Sabino Torre, viceconsejero de Régimen Jurídico, asume la tesis de Urkullu de que “previsiblemente” el verano será el mejor momento epidemiológico y la amenaza “inexorable” de un repunte en otoño. Entrando en el debate político, los juristas advierten también de que entre la oposición “no faltaba quien decía que la legislatura estaba agotada” y que ahora “no puede haberse olvidado aquella opinión so pena de reconocerla como interesada”. Igualmente, indica que los partidos han pedido también que el Parlamento recupere la normalidad y la única vía para ello es la elección de uno nuevo, porque la diputación permanente no puede actuar en sustitución del pleno. Añade el informe, además, que todo el tiempo que se pierda hasta poner una fecha complica las “posibilidades de innovar” en las votaciones para evitar aglomeraciones y reducir contactos, como el voto electrónico. “Quede claro que dichas posibilidades son menores cada día que pasamos sin un consenso”, se puede leer.

Los juristas del Gobierno vasco ponen de manifiesto que el estado de alarma y la asunción de más poderes por parte del Estado no limita la prerrogativa “personalísima” del lehendakari para gestionar los tiempos de las legislaturas autonómicas. Remarcan que el Gobierno central sólo asume los poderes que específicamente recogen los decretos de desarrollo de las sucesivas prórrogas del estado de alarma y que solamente una aplicación del 155 de la Constitución permitiría a Pedro Sánchez arrogarse esa competencia, como ocurrió en Catalunya en 2017.

Respecto al estado de alarma, el informa recuerda que el decreto que anuló la convocatoria de elecciones vinculaba la suspensión a la “emergencia sanitaria”, declarada por el propio Gobierno vasco el 13 de marzo y que podría levantar también de manera autónoma. Sin embargo, incide en que el estado de alarma no suprime derechos como el del artículo 23 de la Constitución y que, conforme las previsiones de movilidad lo vayan permitiendo, hay que “ponderar” los derechos a la salud con los derechos políticos. No celebrar los comicios antes de que transcurran cuatro años de las últimas elecciones -septiembre de 2016- supondría una “ablación” del derecho constitucional a la participación política y una anomalía institucional, zanjan los juristas del Ejecutivo.

EH Bildu pide tests y no urnas

Por el momento, todas las fuerzas políticas se han dado tiempo para ver la evolución de la pandemia y valorar las opciones. Es igualmente cierto que no ha habido un acuerdo como que no hay una posición contraria unitaria a julio. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU sí han manifestado que “ahora no toca”. “Lo que toca es hablar de un plan de choque”, ha dicho Arnaldo Otegi al término del encuentro. Y ha añadido: “Hagamos las cosas bien y con rigor. Las elecciones, una vez garantizada la normalidad social. No existe ahora mismo ninguna prisa. No hacen falta urnas hacen falta test”. Desde IU, Isabel Salud ha indicado también que “la situación de emergencia sanitaria no aconseja” pensar en elecciones y que “hay tiempo” para ir tomando decisiones.

El PNV, en cambio, no ve otra salida que julio. “El voto es un derecho fundamental de la ciudadanía y que, por tanto, debemos garantizar su ejercicio: no se puede suspender ni secuestrar 'sine die'. Y ese derecho expira en octubre. Nos guste o no, toca hablar de elecciones, ha explicado la formación 'jeltzale' en un comunicado. Ha afirmado también que ”votar en julio permitiría confeccionar en agosto un Gobierno que el 1 de septiembre pueda ya tomar las medidas para la reconstrucción económica y social que requiere el país“. ”Si votamos en octubre, la adopción de esas medidas quedará aplazada, habiendo perdido un tiempo precioso, ha avisado el PNV, que antes de la pandemia encabezada todas las encuestas y que preveía mejorar en escaños en las tres circunscripciones.

Los socios del Gobierno de Urkullu, los socialistas, han mostrado más su preocupación por la confrontación del Ejecutivo vasco con el de Pedro Sánchez que sobre los comicios. Idoia Mendia, según un comunicado del PSE-EE, “ha recordado que es competencia exclusiva e indelegable del lehendakari y ha insistido en que en la decisión cuente con todas las garantías sanitarias y de participación política”.

Menos contundentes en el rechazo que EH Bildu y Podemos han sido PP o Equo-Berdeak. Desde este partido han indicado que se puede “intentar” llegar a julio pero que la convocatoria deberían contemplar mecanismos de “flexibilidad” porque hay numerosas “incertidumbres” sobre la evolución de los contagios, sin que haya mayores garantías en julio o en otoño. Había prevista una comparecencia pública de Urkullu sobre este asunto pero, a la luz del desarrollo de los acontecimientos, ha quedado pospuesta.

La nueva reunión de mediados de mayo todavía daría margen para activar el proceso, que requiere de al menos 54 días de antelación. La prerrogativa electoral es exclusiva del lehendakari pero, al igual que la suspensión fue consultada con los partidos, para la reactivación del procedimiento también se ha optado por esta fórmula.