Los abusos sexuales en Gaztelueta llegan a juicio seis años después: “Incluso tuvimos amenazas”
La familia Cuatrecasas vive ahora en Haro (La Rioja), a 108 kilómetros del colegio masculino Gaztelueta de Leioa, en el área metropolitana de Bilbao y vinculado con el Opus Dei. “Bilbao se había vuelto insoportable. La situación era de enclaustramiento absoluto e incluso tuvimos amenazas”, cuenta Juan, el padre del joven de 22 años que, según ha venido denunciando una y otra vez desde que tenía 14, sufrió abusos sexuales por parte de su preceptor o tutor en ese centro, José María Martínez Sanz, familiar de un expresidente autonómico del PP. Este jueves, “por fin”, se celebra en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra el profesor, para el que la Fiscalía pide 3 años de prisión y la abogada de la familia de la víctima 14 (10 de cumplimiento efectivo). El ministerio fiscal hace responsable civil subsidiario a Gaztelueta, que siempre ha negado responsabilidad alguna en los hechos o que haya protegido al docente, si bien ha creado una 'web' expresamente para desmontar algunas de las acusaciones de su antiguo alumno.
“Lo que menos nos importa es la pena. Lo mismo me dan 3 que 10. Ojalá sean 10, pero no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es la salud de mi hijo, que se haga justicia y haya un reconocimiento como víctima que es de abusos sexuales. El tratamiento que se la da tanto a mi hijo como a otros es demencial. Todo está basado en tapar, esconder y revictimizar”, argumenta el padre del joven en una entrevista con eldiarionorte.es.
Los hechos se produjeron cuando el ahora denunciante cursaba primer y segundo curso de Secundaria en el colegio de Leioa, que mantiene un concierto educativo con el Gobierno vasco. Según el testimonio del joven, el preceptor le sacaba a tutorías con más frecuencia que al resto de sus compañeros y las sesiones eran más largas. La investigación judicial ha dado por probado que Martínez Sanz generó una situación de “dominación” y que, en ese contexto, abusó sexualmente del adolescente, tanto con tocamientos como con otras prácticas más graves.
“Existen elementos que permiten considerar la existencia de una situación real de dominio y sumisión en las relaciones creadas por el preceptor respecto a su entonces alumno, lo que permitió al primero servirse del segundo para alcanzar el conjunto de propósitos [sexuales] ya descritos. Ello provocó en el querellante una situación de malestar psicológico intenso que le impidió reaccionar ante los abusos de que estaba siendo objeto y comunicarlos a sus padres o a sus compañeros, ya que el preceptor logró aislarle de su entorno”, dictaminó el juez de Getxo, Emilio Lamo de Espinosa, cuando en 2015, tras alcanzar la mayoría de edad, la propia víctima dio el paso de reabrir su caso.
Y es que en 2013 quedó archivada por falta de pruebas una investigación abierta por el entonces fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, a raíz de que el caso fuese destapado en 'El Mundo' en diciembre de 2012. El decreto de archivo -que no tiene la consideración de cosa juzgada a pesar de su utilización en tal sentido en algunos foros- destacaba lo “coherente” del relato de la víctima -apoyado siempre en informes psiquiátricos de profesionales como Iñaki Viar- y también recordaba una actuación previa de la Fiscalía de menores contra antiguos compañeros del adolescente, que asumieron su responsabilidad tras las acusaciones de acoso escolar. Las presiones del entorno del Opus Dei mientras estuvieron abiertas aquellas diligencias fueron recurrentes.
Según la familia, el docente no sólo abusó del estudiante, sino que provocó un clima de rechazo hacia él entre sus compañeros que propició el 'bullying' y el aislamiento. La investigación detectó que, entre las importantes secuelas de lo ocurrido, se incluían “ideas autolíticas”. “Por lo menos aquí, en Haro, mi hijo ha dejado atrás algunas de las secuelas. Esperemos que poco a poco pueda empezar a vivir con un mínimo de tranquilidad y orgullo personal de ser como es”, explica su padre sobre el traslado de la residencia familiar fuera del País Vasco provocado por semejante panorama.
Denunciar abusos sexuales y señalar a una institución religiosa no es sencillo. “Una sentencia justa en este caso permitiría que de una vez por todas se pongan los cauces para que las víctimas de abusos sexuales puedan denunciar con total tranquilidad”, razona la familia de este joven, que llegó a tocar la puerta del Vaticano pero que vio cómo la Justicia eclesiástica no sólo dio carpetazo al asunto sino que pidió expresamente restituir el “buen nombre” del acusado, numerario del Opus Dei. Una propuesta que lanzan es que los abusos a menores no prescriban a los 18 sino “como en Alemania, a los 30”. “Así se da tiempo a que la víctima termine de contar lo que le pasó sin miedo de que prescriba”, plantean.
“Mentiras y medias verdades”
La familia se confiesa cansada de “mentiras y medias verdades” y ha acogido con una mezcla de enfado y sorpresa la 'web' sobre el caso promovida por el colegio Gaztelueta. Entre las afirmaciones allí contenidas se refleja que “en las declaraciones que ha ido realizando el joven a lo largo del tiempo se ha producido un agravamiento significativo de las acusaciones contra el profesor” y que “más de medio centenar de personas –profesores, compañeros de clase y preceptuados del profesor– contradicen la versión del joven en lo relativo a los supuestos hechos realizados por el profesor de forma pública”.
Durante la investigación, en efecto, la defensa del docente incorporó al sumario una sucesión de actas notariales de contenido muy similar con esta tesis. Por el contrario, solamente un compañero de la víctima ha dado el paso de testificar a su favor. En la investigación ya confirmó que el acusado sacaba de clase en numerosas ocasiones al joven. “Diría que el centro ha estado metido hasta el cuello desde el minuto uno. Primero nos reconocieron a puerta cerrada que lo que contaba mi hijo era cierto pero luego han intentado de todo con una maquinaria de coacción velada”, protesta la familia mientras el centro repite que su disposición a colaborar con la Justicia es plena.
La familia Cuatrecasas llega al juicio con la sensación de que “la víctima real es tratada como acusado” y el acusado “como una pobre víctima inocente”. También los padres han tenido que defenderse. “Nos han dicho que mi mujer le indujo ese relato al niño y de mí que tenía un 'blog' con pornografía. Sabemos que en el juicio van a mantener esta postura y estamos preparados”, explica el padre. El juicio, en el que el magistrado Alfonso González Guija ejercerá como ponente, está señalado del 4 al 11 de octubre. El primero en declarar será el propio denunciante. Lo hará protegido por un biombo. Se ratificará.
