Cohesión territorial y lucha contra el cambio climático

Hoy, nadie puede dudar de la necesidad acuciante que tenemos de luchar contra el  cambio climático, una lucha que tiene como base la reducción drástica de las emisiones  de GEI y, por tanto, el abandono del modelo de producción basado en los combustibles  fósiles. Estamos obligados a transitar hacia un nuevo modelo más sostenible, justo y  democrático, basado en una producción y un consumo consciente, en la eficiencia  energética, en la electrificación de la demanda y, por supuesto, en el pilar que lo  sustenta todo: las energías renovables.  

El año pasado tuvimos un aumento de la temperatura media global de 1,48°C, algo que  supone una alarma para que la sociedad actúe de manera coordinada: ciudadanía,  empresas, administraciones públicas y poderes políticos. No podemos pasar por alto  que estamos en la década crítica, de hecho, estamos llegando a su hemisferio y lo que  hagamos ahora es clave para evitar las peores consecuencias que auguran los estudios  científicos. 

En España la transición energética ha llegado para quedarse. Somos la mayor potencia  renovable del sur de Europa y esto nos posiciona en una situación de liderazgo que no  podemos desaprovechar. Lo estamos viendo estos días, cuando la producción de la  eólica y la fotovoltaica está generando más del 70% de nuestra electricidad, una cifra  conseguida gracias a la madurez tecnológica y a la apuesta mantenida por las renovables  desde 2018.  

El problema es que este despliegue se ha hecho, desde un inicio, de espaldas, no a la  sociedad en sí, si no a las regiones rurales que disponían del espacio y de ese mayor recurso renovable. Su participación en el proceso es una petición totalmente legítima y  en la Fundación Renovables valoramos que es una opción de mejora a nivel social para  reducir la brecha entre ciudades y mundo rural.  

Una de las claves que puede explicar cierto rechazo social es que la velocidad de  innovación y la madurez de las tecnologías renovables se ha desfasado (más acelerada) con respecto a la mejora del marco regulatorio para su implantación. Si a esto le  añadimos la lentitud con la que los hábitos culturales y sociales se adaptan a estos  cambios, es el caldo de cultivo idóneo para la tensión que se ha generado. 

Al ser una actividad humana, las renovables tienen impactos en el territorio, tanto a  nivel ambiental como social, como todas las infraestructuras y actividades productivas.  Pero, las renovables, además del valor añadido de lucha contra el cambio climático, ofrecen otros beneficios como la autosuficiencia energética o una energía barata que  atrae industrias y empresas a las zonas donde se instalan. De hecho, se debe trabajar a  lo largo de toda su cadena de valor y vida útil para canalizar los máximos beneficios para  la sociedad y, en especial, para las comunidades locales que las acogen. 

El problema debe ser reconocido por todas las partes implicadas: diferentes niveles de  la administración, promotores, agentes locales, vecinos del municipio y ONG. Nadie debe ignorar el problema ni proponer iniciativas que nos impida luchar contra el cambio  climático. 

En este sentido, desde la Fundación Renovables siempre hemos defendido que las renovables son el único garante para nuestro futuro sostenible, pero que debemos  trabajar en iniciativas y propuestas para que los promotores desarrollen diseños que  tengan la denominada “licencia social”. Y es que esto es una ventaja ya que es preferible  invertir más en mejoras de la planta y en beneficios para los vecinos, que dejar que el  proyecto se caiga por una declaración de impacto ambiental negativa o por la oposición  social que puedan encontrar.  

La sostenibilidad de las renovables, con una mejora de los criterios de instalación, construcción, operación y desmantelamiento, está suponiendo un factor de  competitividad entre los promotores, que han asumido que la única manera de obtener  beneficio con las renovables es dándoselo a la comarca en la que se asientan.  

Pero, al no existir imperativo legal y depender de la voluntad del promotor, aun son situaciones residuales. Por este motivo, desde la Fundación Renovables realizamos una investigación para Greenpeace, en la que analizamos las malas prácticas para extraer de ellas todos los errores cometidos y convertirlos en oportunidades de mejora. No repetir  os errores que nos han traído hasta aquí es una prioridad para no frenar la transición  energética.  

En esta investigación encontramos malas prácticas en las seis comunidades autónomas analizadas y un cierto patrón que se repite en las causas de fragmentación de los proyectos, como la afección a Natura 2000 o espacios arqueológicos, la expropiación forzosa innecesaria y la falta de transparencia y participación local. Pero, también  encontramos una buena cantidad de malas prácticas de algunos promotores frenadas por las evaluaciones de impacto ambiental. Y es que, si bien estas evaluaciones son  mejorables, hoy en día han evitado que esta problemática sea más grave de lo que ya  es.  

Para finalizar, extrajimos una serie de criterios que pensamos que son fundamentales a  la hora de que se traspongan a los marcos normativos y a las diferentes subastas, ya que  es la única manera de que las buenas ideas y las mejores iniciativas sean replicables.  Entre ellas, se pueden destacar: 

- Una participación temprana de las comunidades locales con capacidad para  influir directamente en los proyectos (ubicación de la planta, de las líneas de  evacuación, precauciones ambientales…). 

- Uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos  (agricultura, pastoreo, apicultura…) o con otras fuentes de energía (hibridación  con baterías y otras tecnologías renovables).  

- Fomento del empleo local en las plantas e industrias asociadas o atraídas por los  bajos precios.  

- Reducción de los gastos energéticos de empresas locales o personas vulnerables  a través de instalaciones de autoconsumo por parte de la empresa promotora.  - Apertura a la participación ciudadana en la inversión de la planta.  - Evitar la implantación en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental (a  excepción del autoconsumo).  

- Impedir la implantación de grandes plantas en zonas agrarias consideradas de  interés y de especial relevancia (excluyendo el autoconsumo).  

- Frenar la expropiación forzosa de los terrenos.  

Estas últimas semanas estamos empezando a ver algunas consecuencias drásticas de esta tensión territorial como la moratoria en La Rioja, aunque no es, ni mucho menos, una solución, porque no se debe permitir ningún tipo de abuso en el territorio ni  paralizar la instalación de parques renovables. Tenemos que avanzar en la transición ecológica y en la cohesión territorial si queremos seguir luchando contra el cambio  climático.