Ciudadano Juan Carlos

Ahora que en Sanxenxo sus amigos le esperaban con los brazos abiertos y que la Fiscalía había dado carpetazo a la triple investigación abierta -por el cobro de una supuesta comisión de 65 millones de euros por el AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas y un fondo en el paraíso fiscal de Jersey-, llega la Justicia británica y abre la puerta a que Juan Carlos I pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

Ahora que los cortesanos vuelven a martillear con aquello de su gran contribución a la democracia y una acreditada hoja de servicios a España, resulta que el camino judicial del padre de Felipe VI vuelve a complicarse.

Ahora que todo el aparato del Estado español había logrado que el abuelo de la princesa Leonor sorteara la responsabilidad penal de más de una decena de delitos porque era inviolable, porque habían prescrito o porque presentó, previo aviso, una regularización fiscal ante Hacienda, dice el Tribunal Superior de Londres que carece de  la inmunidad legal y que puede ser juzgado por acoso extremo y vigilancia ilegal contra su examante. 

Ahora que Felipe VI pensaba que tendría un respiro con la decisión de su padre de quedarse a vivir en Abu Dabi y venir a España sólo de cuando en cuando de visita, el magistrado londinense Matthew Nicklin le ha dado otro disgusto, además de un nuevo argumento a la prensa para que la Corona regrese a los titulares de portada, y no precisamente por su contribución a España y los españoles.

Ahora que Juan Carlos I se alejaba definitivamente del país al que representó durante casi cuatro décadas y fijaba su residencia en Abu Dabi para ahorrarle más quebraderos de cabeza a su hijo, resulta que esa misma decisión es la que ha destruido su línea de defensa en Reino Unido. 

 «Prefiero en estos momentos, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que sólo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este periodo de mi vida (...) Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública y así seguiré haciendo», decía el escrito hecho público por Zarzuela y ha tenido muy en cuenta el magistrado londinense.

Ahora que se le retiró la asignación constitucional y que no ejerce representación oficial, Londres entiende que justo por todo ello ni puede ser ya Familia Real, ni reside en La Zarzuela, ni disfruta de los privilegios de la Corona española, como declararon por escrito sus abogados. Para Nicklin, el monarca «abdicó y dejó de ser jefe del Estado español el 19 de junio de 2014; se retiró de sus funciones públicas el 2 de junio de 2019; dejó de recibir apoyo económico del rey Felipe VI en marzo de 2020 y desde agosto de 2020 ha estado viviendo en Emiratos Árabes Unidos».

Ahora, lo que ha sido imposible en España con criterios absolutamente incomprensibles en el siglo XXI, puede serlo pronto en Londres, esto es que la causa por acoso extremo y vigilancia ilegal tras la denuncia de su amante Corinna Sayn-Wittgenstein,  continúe con Juan Carlos I como un imputado sin privilegios dinásticos, esto es como un ciudadano cualquiera.

Ahora la pregunta que toca responder es si se sostiene de algún modo que sin asignación constitucional, ni agenda institucional, ni residencia oficial en España y tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Londres, Juan Carlos I mantenga su condición de rey emérito. Bastaría con que el Gobierno aprobase un Real Decreto, que lo firmase su hijo, Felipe VI, y que se derogase a su vez la Ley Orgánica con la que se apuntaló su aforamiento tras la abdicación.

El tratamiento de rey que todavía ostenta está recogido en un decreto de junio de 2014, que modifica otro de 1987 en el que se estipulaba el “régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes”. El texto tiene un único artículo que le otorga de por vida el título de Rey de España y dice: “Don Juan Carlos de Borbón, padre del rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias”.

El Gobierno de Pedro Sánchez no tomará nunca la iniciativa de acabar con su condición de monarca sin la indicación previa de Felipe VI, que tampoco parece estar por la labor de poner fin a la maldición paterna que le persigue. Pero luego, eso sí, se preguntará, por los motivos de tanto desafecto y tanta impopularidad.