Felipe VI y la transparencia en versión española

Amanece el día con unas declaraciones del Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmando que la Tercera Guerra Mundial es un riesgo auténtico. Francia combate como puede el auge programado de la ultraderecha a la espera del tercer e inminente asalto en junio con las elecciones legislativas. En España, entretanto, el jefe del Estado a título de rey y así llamado Felipe VI lanza un comunicado en el tono que emplearía un monarca de otro tiempo. A pesar de que dice ser de modernización y regeneración democrática:

“Por todo ello, Su Majestad el Rey, guiado por ese mismo espíritu de servicio y compromiso cívico, añade hoy a sus responsabilidades constitucionales su decisión personal de hacer público su patrimonio, que asciende a la cantidad de 2.573.392,80 euros ”, dice el comunicado de Casa Real con las mismas mayúsculas.

Frente a la transparencia democrática de otras jefaturas de Estado europeas, la Corona española lo hace porque quiere y como quiere, una decisión personal, similar a su padre que además va y viene, explica y no, en comunicados familiares. Sumen: la amenaza –siempre ha existido- de una guerra mundial, el ascenso de la ultraderecha en un país como Francia, y el feliz reinado español que presume de moderno, entre brotes de neofascismos.

El postre llega cuando nos enteramos que el comunicado ha sido enviado por la Casa Real “a todos los partidos”, excepto a los de izquierdas o de la periferia: ERC, Junts, Bildu, la Cup y BNG. Sí al PNV por tanto, y sí a Vox. El Mundo aclara que “Podemos ha sido informado porque forma parte del Gobierno”. ¿Que por su gusto no lo hubiera hecho? Parece que no, porque según la formación coaligada en el gobierno de España, tampoco han recibido el comunicado de Casa Real.

La decisión, dicen, fue en su día de la vicepresidenta por el PSOE, Carmen Calvo. Argumentó que los asuntos de la Corona debían reservarse a los “partidos Constitucionalistas”. Cuesta creer que se haya hecho así –entiéndanlo como frase retórica- pero la información remite a fuentes y altos cargos de Zarzuela. Y la han corroborado algunos de los partidos no receptores del mensaje regio. Desde luego forma parte de una práctica de ese club restringido que se llaman a sí mismos constitucionalistas –y que incluyen a ¡Vox!- que tan solo parecen serlo de su artículo 2) “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. El resto del articulado es secundario para buena parte de esos “constitucionalistas”.

Un rey que se moderniza debe estar al tanto de a quién se incluye y se excluye de sus comunicaciones, y debe hablar para todos, le gusten o no, pero Felipe de Borbón ha demostrado sobradamente –partiendo de su aciago discurso del 3 de octubre de 2017- que los catalanes, en particular los independentistas, no gozan de sus predilecciones. No parece considerarse el rey (jefe del Estado) de todos los españoles. Ni simpatiza con la izquierda.

Al margen de lo arcaico de la institución, hay talantes. La Reina Isabel II de Inglaterra pidió, con 88 años, a los escoceses. que dejaran de lado sus diferencias tras el referéndum sobre la independencia. Aquí ya saben qué pasó. Y por si no lo recuerdan, las condenas que recibió la violencia policial desplegada desde el Consejo de Europa a Human Rights Watch. Y las recomendaciones para una necesaria negociación desde la prensa internacional que, por el contrario, se saldó con duras condenas judiciales. Mucho más tarde, se aplicaron peculiares indultos, con el grito en las nubes de los constitucionalistas del artículo único (el 2).

En pleno escándalo, ahora, por el espionaje ilegal de políticos catalanes con el programa israelí Pegasus adquirido por la policía del PP de Rajoy -no de España, la del PP-, ver que no se pierde ocasión para mostrar cómo funciona este país, es duro de tragar. Es demoledor. Y lo es un día tras otro. El Gobierno se dispone a abrir la Comisión de Secretos Oficiales a ERC y Bildu, algo que también molesta a los “constitucionalista del artículo único”, porque ellos se creen con el derecho a otorgar el carné de válidos a los partidos. Unos Secretos Oficiales por cierto que igual no deberían existir como tales.

Y luego está el patrimonio que declara Felipe VI en ese magnánimo ejercicio de transparencia. Se diría que la familia de Juan Carlos de Borbón, aquel chico que llegó a España con los bolsillos vacíos al punto de no poder salir del internado los fines de semana si no le invitaba algún compañero, ha hecho magia con sus ingresos. Bien es verdad que Felipe VI dijo renunciar a la herencia –económica- de su padre en marzo 2020, tras saber desde un año atrás la existencia de una de las millonarias cuentas off shore de Juan Carlos I. Ésta con 100 millones de dólares ingresados por Arabia Saudí, de los que el emérito entregó a su amante Corinna Larsen una cuantiosa suma. Hechos ciertos de los que la Fiscalía española lo ha exonerado, desde el punto de vista delictivo.

El rey actual tiene 2,5 millones de euros. Algo ayuda no pagar casa, ni luz, ni muchos otros gastos cubiertos por otras partidas presupuestarias del Estado y cobrar varios sueldos en la familia. A veces da la sensación de que los Borbones no necesitan al patriarca Juan Carlos para hundirse. Perdón, emplearé mejor “desconceptuarse”, mucho más acorde con el trato que suele dispensarse al monarca.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes –por fin- un Decreto que reforma el funcionamiento de la Casa del Rey. Lo fiscalizará el Tribunal de Cuentas, recién renovado por el acuerdo de PSOE y PP. “De esta manera, tendrá una ”auditoría externa“ que permita arrojar una ”imagen fiel“ de la gestión de Zarzuela”, ha dicho el ministro Félix Bolaños.

Una ley de transparencia que se queda en poco y al gusto de la decisión personal del intocable e inviolable rey por la gracia de este país. En una España que no deja de asistir al ascenso de la ultraderecha, autoritaria y corrupta ya en el Madrid de las mascarillas y la apisonadora político/mediática. Con propaganda y tantos silencios cómplices como el que muestra el botón de los sucios amaños de Ayuso en Telemadrid. O el intento del vicepresidente de Castilla y León de acallar a una periodista tan solvente y respetada como Julia Otero por un razonamiento que no gustó al líder de Vox. Y encima son considerados constitucionalistas de primera.

Un cóctel que invita a pocos optimismos. Una amenaza de guerra mundial –que imagino no sorprenderá a quienes la han animado y armado- y en esta Europa convulsa y en esta España que cada día se empeña en darnos una taza más de desencanto e indignación.

Y todavía queda por ver, entre loas y desagravios, la vuelta a España del rey emérito, causa determinante de esta transparencia sobrevenida justo a tiempo.