Manuel Marchena, nuevo presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han impuesto hoy su mayoría en la votación para nombrar nuevo presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo y han elegido al magistrado Manuel Marchena para el puesto frente a Cándido Conde Pumpido, apoyado por la minoría progresista.

De este modo, el magistrado Manuel Marchena Gómez, conservador de 55 años que ingresó en el Supremo en 2007 después de ejercer como fiscal, será el nuevo presidente de la Sala Segunda de este tribunal con el apoyo de doce vocales, frente a Cándido Conde Pumpido, a quien han votado siete vocales. Esta sala es la encargada de revisar en última instancia las condenas penales e instruir las causas contra aforados como miembros de la cúpula judicial, las Cortes o el Gobierno.

La vocal y magistrada del Supremo Clara Martínez de Careaga se ha abstenido por ser la esposa del que fuera fiscal del Estado con el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Conde Pumpido, mientras que el vocal Enrique Lucas, nombrado a propuesta del PNV, ha apoyado al tercero de los aspirantes, Miguel Colmenero.

Desde su nombramiento como magistrado del Supremo Marchena ha sido protagonista de varias causas destacables, entre ellas la que llevó a la condena del expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa por desobediencia a este tribunal.

Además de ponente de la llamada “doctrina Atutxa” ya citada, que supuso una reinterpretación de la jurisprudencia de este tribunal sobre la acusación popular, como magistrado del Supremo Marchena fue también instructor de una de las causas que se siguieron en el alto tribunal contra Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional finalmente condenado por prevaricación.

Marchena ingresó en la carrera fiscal en 1985 y ejerció como fiscal en la Audiencia de Las Palmas y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Pasó a formar parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y colaboró con el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en algunos procesos judiciales como el caso Alierta, que investigó la utilización de información privilegiada por parte de César Alierta, más tarde presidente de Telefónica, en la compra venta de acciones de Tabacalera cuando presidía esta compañía.

El Consejo de Ministros de 25 de julio de 2003 aprobó su nombramiento como nuevo fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. Tras el cambio al frente de la Fiscalía General fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo el 1 de julio de 2004.

Permaneció en este cargo hasta que el Consejo General del Poder Judicial le nombró magistrado del Tribunal Supremo el 31 de enero de 2007 para cubrir la vacante por jubilación de José Antonio Martín Pallín.