Cuando el PP acusaba a los jueces de perseguir la corrupción para cambiar los resultados electorales
Dice el teorema de Henri Poincaré que, tras el paso de cierto tiempo, todo volverá a un estado arbitrariamente próximo al inicial. Que todo se repite de algún modo. A pocas del inicio de la precampaña catalana, la Guardia Civil se ha personado en las oficinas de Convergencia Democrática de Cataluña para buscar pruebas sobre el presunto pago de comisiones al partido de Artur Mas.
El coordinador general del Convergencia, Josep Rull no ha tardado en reaccionar afirmando que “no hay una voluntad de averiguar la verdad sino de montar un espectáculo público. Y esto es lo que queremos denunciar”. En este punto también acierta Poincaré, también se repite el patrón, aunque con los papeles cambiados para algunos de los protagonistas. A Rull le respondió desde Moncloa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría: “Le pediría a los líderes de Convergencia que no busquen culpables fuera de sus filas. Las actuaciones de lucha contra la corrupción no entienden ni de partidos ni de fechas electorales”. Una recomendación, la de la vicepresidenta que bien podría haberse aplicado el PP a sí mismo años antes.
En septiembre de 2009 un informe policial afirmaba con rotundidad que la trama Gürtel había financiado irregularmente al Partido Popular de Mariano Rajoy. Entonces, no faltaron las declaraciones incendiarias: “Es un informe falso realizado a instancias de Rubalcaba con el objetivo de atacar al PP”, dijo González Pons; “Es un montaje urdido por la policía gubernativa”, opinó Federico Trillo. La frase más preclara de aquella época la firmó el, por entonces, consejero de Economía y Hacienda de Esperanza Aguirre. Antonio Beteta, en un ejercicio de análisis y capacidad de síntesis señaló: “Tiene toda la pinta de ser una conspiración”.
El caso es que ahora el Partido Popular es quien controla el poder del Estado y la Fiscalía quien ha impulsado los registros de este viernes. Sin menoscabo de la alabanza que merece cualquier acción que persiga el esclarecimiento de un delito, la actitud del PP en Cataluña ofrece motivos para la duda.
En septiembre de 2014, eldiario.es desveló que el todopoderoso Jorge Moragas movió sus hilos para hacer explotar la corrupción de Convergencia i Unió. Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, animó por SMS a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola para que denunciase los manejos de dinero opaco ante la Policía. Aquellas conversaciones entre la sombra de Rajoy y Victoria Álvarez no podían ser más clarificadoras: “Si dieses una entrevista y lo contases todo, salvarías España y yo te haría un monumento”.
En noviembre de ese mismo año, este medio ofreció más datos sobre los manejos del PP para tumbar al independentismo por sus relaciones con la corrupción. El periodista Pedro Águeda desveló que Interior había puesto en marcha una unidad secreta de la policía para buscar información comprometida de políticos independentistas. En la oferta de empleo, la dirección del cuerpo armado buscaba a agentes que hablasen catalán y con experiencia en la investigación de delitos económicos.
Han pasado ya diez años desde que Pascual Maragall lanzase la primera piedra afirmando en sede parlamentaria que el problema de CiU “se llama tres por ciento”.
