Pablo Iglesias defiende que la COVID-19 convierte el programa del Gobierno de coalición en un “programa de país” para “la reconstrucción”

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido este jueves en el Senado el programa que se plantea desarrollar esta legislatura en materia de Asuntos Sociales. Una comparecencia que, en otras ocasiones, suele ser de trámite, máxime cuando llega después de la que se produce en el Congreso. Pero en el marco de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19 adquiere una gran relevancia.

Iglesias ha defendido precisamente que la pandemia “actúa como un elemento revalorizador de las metas y objetivos del programa de Gobierno”. En opinión del líder de Unidas Podemos, el acuerdo de coalición es una “base política idónea para llevar a cabo las tareas que se nos imponen en la Reconstrucción y para las que tendemos la mano a todos los grupos políticos, instituciones y al conjunto de la sociedad civil”.

En su opinión, la “emergencia” sanitaria “está dejando una lección muy evidente: los recortes, las privatizaciones y la precarización de nuestros servicios públicos, de nuestro sistema de cuidados y, en general, de los derechos sociales, nos ha debilitado como país para enfrentar una situación como esta”. “Hoy es un consenso transversal en nuestra sociedad que eso no puede volver a suceder”, ha añadido en un discurso de cerca de una hora.

Iglesias ha avanzado las línea generales de actuación de su Vicepresidencia y ha propuesto a todos los grupos un “Gran Acuerdo de país por los Derechos Sociales en el marco de la Reconstrucción que tenemos por delante”.

En dos materias concretas de su cartera, el vicepresidente ha referido que los trabajos están muy avanzados: en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y en la protección de la infancia. El vicepresidente segundo ha anunciado que ambas medidas están casi listas para ir al Consejo de Ministros “en los próximos días”.

Sobre el IMV, Iglesias ha sostenido que “el sistema actual en relación a prestaciones y rentas de inserción se ha ido conformando a nivel autonómico de manera descoordinada y generando desequilibrios a nivel territorial”, ha sostenido Iglesias. Para el Gobierno central, salvo “algunas excepciones muy notables” estas prestaciones han tenido “bajos niveles de cobertura” y tienen “requisitos complementarios a la simple falta de ingresos que han terminado por excluir de facto del acceso a estas rentas a muchas personas en situación de necesidad”.

Además, Iglesias ha reclamado el apoyo de todos los partidos en su apuesta junto a Italia y Portugal de defender “un Ingreso Mínimo Vital Europeo para luchar contra la pobreza y la exclusión social y corregir ciertos desequilibrios que ha representado la construcción europea”.

Protección a la infancia y la adolescencia

Iglesias también ha asegurado que el Consejo de Ministros “aprobará de forma inmediata la ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que ya estaba prácticamente diseñada en el momento en que la declaración del estado de alarma paralizó su tramitación”.

La norma, según el vicepresidente, “responde a una amplia demanda social” y está “consensuada con las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia” con la intención de “proteger a niños y niñas de las graves consecuencias que tiene la violencia en su desarrollo personal y social, y que va a ser clave para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2.030.

Según anunció Iglesias antes del estallido de la crisis que la norma incluiría que los ciudadanos tendrán la obligación de denunciar los indicios de violencia contra menores, se crearán unidades policiales especiales, se establecerán protocolos en los centros escolares y los delitos no prescribirán nunca antes de que las víctimas cumplan 30 años.

Residencias de mayores

Uno de los asuntos centrales de la gestión de la pandemia ha estado en las residencias de ancianos, donde han muerto buena parte de los casi 30.000 fallecidos por la COVID-19 que se han confirmado hasta ahora.

Iglesias ha recordado que “las competencias sobre la gestión de estos centros corresponden a las Comunidades Autónomas” y que el Gobierno “puso bajo el mando de las Consejerías de las Comunidades Autónomas también las residencias privadas, que suponen un 75% del total de centros residenciales del país”. Algo que, ha dicho, “debería hacernos reflexionar”.

Para el vicepresidente, es necesario revisar el sistema de residencias y “el programa de Gobierno establece una base muy adecuada para ello”. En él, ha dicho, se “incluía un programa de acreditación de calidad de las residencias de mayores y el compromiso de reforzar significativamente la financiación del sistema de atención a la dependencia, revirtiendo los recortes, así como de mejorar las condiciones de precariedad de las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales”. Además, recoge “el compromiso de reducir drásticamente las listas de espera y aumentar el nivel mínimo con el que se financia la atención a cada persona dependiente, para lo cual, como es obvio, será necesario hacer un importante esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado

En opinión del vicepresidente, es necesario “plantear soluciones estructurales para garantizar servicios públicos dignos para el cuidado de nuestros mayores”.

Plan de choque en Dependencia y nueva ley de Familia

En materia de Dependencia, Iglesias ha sostenido la necesidad de desarrollar la ley de 2006 que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha calificado de “hito histórico en el desarrollo del Estado del Bienestar”.

El vicepresidente ha prometido un “plan de Choque para reimpulsar el sistema público de atención a la dependencia” ya que el actual “no ha sido capaz de atender adecuadamente a este sector de la población debido principalmente a la falta de financiación, especialmente tras los recortes de más de 5.000 millones de euros sufridos desde 2012, que aún no se han revertido”.

Iglesias ha defendido que “esta situación debe ser corregida, máxime en un contexto en el que la crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia esas carencias estructurales del modelo de cuidados y de atención a la dependencia”.

En el ámbito de la legislación sobre familias, el vicepresidente ha apostado por “reconocer y proteger a las diferentes estructuras familiares: familias monoparentales, familias numerosas, las de partos múltiples y familias acogedoras”.

Iglesias ha anunciado una Ley de Diversidad Familiar para que “se adecuen las ayudas y prestaciones a la situación de necesidad, según tamaño, características y rentas familiares”. También se impulsarán “medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI a través del reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja”.

Lucha contra la pobreza y fiscalidad

En su discurso, Iglesias ha anunciado una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social con “cuatro metas estratégicas: combatir la pobreza y la exclusión social (es decir, servicios sociales y prestaciones para los más vulnerables); inversión social en las personas (es decir, inclusión activa mediante políticas de educación, formación y empleo); protección ante los riesgos del ciclo vital (es decir, sanidad, infancia, apoyo a las familias, servicios sociales y de dependencia); y eficacia y eficiencia de las políticas”.

El vicepresidente ha reconocido que, para aumentar el gasto social, hay que “reforzar su eficacia redistributiva focalizando las prestaciones en los grupos sociales más vulnerables”. Por ejemplo, ha dicho, “para los hogares con ingresos más bajos las transferencias monetarias suponen el 65% de sus ingresos, por lo que son imprescindibles, pero buena parte del gasto social beneficia a los hogares de clase media en lugar de beneficiar a estos hogares de bajos ingresos. Esto se debe a que las prestaciones sociales más importantes (pensiones y desempleo) se encuentran vinculadas al empleo y los hogares de menor renta se encuentran en buena medida excluidos del mercado de trabajo o se insertan precariamente en él”.

Para poder afrontar estos gastos hay que reformar también la fiscalidad, ha sostenido. “Los impuestos no son suficientemente progresivos y España arrastra una desventaja de varios puntos respecto a Europa en materia de justicia fiscal”, ha dicho Iglesias, quien ha puesto como ejemplo la “Tasa de Reconstrucción” que ha anunciado Unidas Podemos esta misma semana.