Catalá pide rigor sobre el número de causas penales revisadas mientras él mismo equivoca los datos

El plan del Ministerio de Justicia que pretendía acortar la instrucción de las causas judiciales ha embarrancado y a solo dos semanas de que expire el plazo en que debían estar clasificados -en simples o complejos- todos los procedimientos penales nadie en el sector cree que el objetivo del Gobierno pueda llevarse a cabo. La calificación era clave, puesto que de ella dependían los plazos de tramitación judicial: con el cambio del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son seis meses de instrucción como máximo, salvo que se trate de procedimientos complejos en los que podrá estirarse hasta los 12 meses.

A día de hoy, nadie en el sector de la Justicia sabe decir con certeza, cuántas causas faltan por analizar. Ni siquiera el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que pese a demandar rigor este lunes al Consejo Fiscal -el órgano donde que representa a toda la carrera y que ya dio por fracasado el plan del Gobierno- él mismo equivoca las cifras. Si el viernes, tras una reunión con la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, Catalá dijo que las causas que debían ser revisadas desde el pasado diciembre eran 346.000, el lunes después de verse con el Consejo del Secretariado elevó ese número a 460.000.

Las palabras exactas de Catalá el viernes fueron las siguientes: “Los asuntos pendientes a la entrada en vigor de la ley, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, la estadística oficial, son 346.000 las causas que estaban pendientes en aquel momento, respecto de las cuales los fiscales tenían que llevar a cabo la calificación de sencilla o compleja para a partir de ahí, determinar el tiempo de tramitación de acuerdo con la ley”.

Solo tres días después, y con un fin de semana por el medio, el ministro volvió aludir a la cuestión. Y mientras trataba de reprochar al Consejo Fiscal sus críticas al plan exigiendo información rigurosa, él mismo se enredó con los números. El lunes lo expresó así: “Una de las conclusiones a las que llegamos la semana pasada fue la de tener buena información, información actualizada, yo he leído algunas cosas que me han sorprendido y que no estaban basadas en datos. Cuando alguien declara de difícil o imposible incumplimiento algún proyecto, será porque tiene los datos, sabe cómo van las cosas, que que falta mucho trabajo por hacer y quedan pocos días. La mejor manera de acotar este debate es tener información y la mejor información son los números y los datos de los 460.000 expedientes de calificación?”

Los secretarios judiciales piden dimisiones

Entretanto, los últimos en pedir dimisiones por el fracaso ministeriral son los letrados de la Administración de Justicia -los antiguos secretarios de los juzgados- que a través del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) reclamaron ceses de los responsables. En un comunicado difundido por Europa Press, SISEJ reprocha también a Catalá que escenifique un “diálogo inexistente”. Aluden así a un encuentro celebrado en el Ministerio con el Consejo del Secretariado, que, según el sindicato, tiene una mayoría que no “representa al colectivo, crítico con el actual gabinete”.