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La Justicia argentina confirma el procesamiento de Cristina Kirchner por supuestos sobornos millonarios
Un tribunal argentino ha confirmado este jueves el procesamiento con prisión preventiva contra la expresidenta Cristina Fernández Kirchner dictado en septiembre. La que fuera jefa del Gobierno de Argentina está acusada de haber recibido sobornos millonarios de empresarios durante sus mandatos, aunque no puede ingresar en la cárcel por su condición de aforada, al ser senadora: el juez ya ha pedido que pierda este distintivo para no “entorpecer” la investigación.
Además, la medida incluye el embargo de 1500 millones de pesos [algo más de 34 millones de euros] para Kirchner, según informa el diario Clarín.
La Cámara Federal de Buenos Aires también ha apoyado la imputación contra el ya detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. A ambos se les acusa de organizar una asociación ilícita y un presunto delito de cohecho en el caso conocido como 'Los cuadernos de la corrupción', según informa la agencia estatal de noticias Télam.
Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, decenas de empresarios y exfuncionarios han sido procesados, y muchos de ellos han reconocido ante el juez de instrucción, Claudio Bonadio, la existencia de cohecho, así como la supuesta implicación de Fernández Kirchner –presidenta del Gobierno entre 2007 y 2015– y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner, que estuvo al frente entre 2003 y 2007.
Entre los empresarios involucrados también está Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, mientras que el padre y el hermano del mandatario, Franco y Gianfranco Macri, respectivamente, fueron también llamados a declarar.
El caso surgió después de que llegasen a la Justicia las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas durante más de una década por Óscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
El conductor aseguraba cómo él mismo transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de empresarios para ser repartidos a los funcionarios implicados. Ese material, según la investigación, apuntaba a la existencia de una “organización delictiva” conformada por funcionarios públicos comandados por los Kirchner y De Vido.
