La Junta cesa a la directora general de Minas, imputada por prevaricación

El Consejo de Gobierno andaluz ha cesado hoy a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, imputada la pasada semana por prevaricación por la juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que investiga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico que este cese se produce para que el proceso sea “más claro” y haya “una mayor transparencia” en esta adjudicación, y ha defendido el trabajo de Asensio y de los demás funcionarios de la Junta de Andalucía.

Al igual que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el vicepresidente ha destacado que la Junta dejará sin cubrir este puesto, a la espera del resultado de las comparecencias judiciales, señaladas por la jueza para el 17 de septiembre.

La dirección general la asumirá la subdirectora y, según Jiménez Barrios, “no va a haber ningún vacío de poder” porque la Consejería “tiene un equipo suficiente”.

El vicepresidente ha pedido un “cuidado exquisito” hacia el “honor de las personas” implicadas en esta denuncia y ha expresado su confianza en un rápida desimputación de la directora general y en su reposición en el cargo en el que ha cesado.

Ha señalado que el Gobierno andaluz “confía” en el trabajo realizado por la directora general y los funcionarios en esta adjudicación“ que, en su opinión, se encuentra ”a las puertas“ de un contencioso administrativo por la demanda de la empresa perdedora.

“Ya no se habla de cohecho ni de corrupción, ni se cuestiona que los procedimientos se han desarrollado sin rigor, ahora se investigan aspectos muy concretos de esta adjudicación”, ha subrayado.

En su opinión, el auto de imputación de la jueza se centra en cuestiones concretas de la adjudicación, como los suelos con derechos mineros, la valoración de la oferta económica de la empresa adjudicataria o el plan de aguas presentado y ha enfatizado que “sobre todo no se está investigando un delito de corrupción”.

Ha negado que este cese responda a una exigencia de Ciudadanos, partido que apoyó la investidura de Susana Díaz tras un acuerdo que incluía el cese de todo alto cargo imputado, y ha asegurado que esta exigencia es un compromiso anterior del PSOE “con la ciudadanía”.

Para Jiménez Barrios, este cese no supone un cambio de postura de la Junta porque ha afectado a un alto cargo no imputado por corrupción, sino por prevaricación.

“No hay imputados por corrupción en el Gobierno andaluz”, ha zanjado Jiménez Barrios.

La imputación de Asensio y de letrados e interventores de la Junta de Andalucía se produce tras la denuncia de Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso internacional para adjudicar la exploración de esta mina, resuelto por la Junta de Andalucía el 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo México, formada por la empresa cordobesa Magtel y la multinacional minera mexicana.

Emerita sostiene que en esta adjudicación hubo un trato de favor de la Junta de Andalucía en la valoración de la oferta de Minorbis, empresa que, además, habría incumplido algunas de las exigencias de esta adjudicación.

Este concurso también fue cuestionado por el Gobierno central, que planteó un recurso de inconstitucionalidad al entender que la Junta de Andalucía se había arrogado competencias mineras de titularidad exclusiva estatal.

La reapertura de esta mina ha sido criticado por asociaciones ecologistas y por científicos que advierten del peligro que supone para Doñana, porque se ubica en la cabecera del río Guadiamar, uno de los principales aportes de agua a este espacio protegido y cuyo cauce sufrió en 1998 el mayor desastre ambiental contemporáneo de Andalucía al ser arrasado por una riada tóxica de metales pesados causada por la rotura de la balsa de residuos mineros de esta mina.