Podemos señala un intento de desestabilizar el Gobierno por la investigación contra ellos, mientras el PP pide dimisiones y Sánchez guarda silencio

La investigación judicial contra Podemos por un supuesto delito de malversación de fondos y de administración desleal ha provocado la reacción de los partidos de la oposición. Tanto el PP como Ciudadanos han exigido en las últimas horas la dimisión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por la imputación del partido del que es máximo dirigente. Vox, que ha sido admitido en la causa como acusación popular, ha reclamado la salida total de Podemos del Ejecutivo mientras no se esclarezca una supuesta “financiación ilegal” a la que el juez, de momento, no apunta expresamente. Esa sería precisamente la causa que habría detrás de un movimiento judicial, según denuncia Podemos: debilitar al Gobierno de coalición y empujar a su expulsión de él. El PSOE, por su parte, guarda silencio. Pedro Sánchez se ha limitado a expresar su “máximo respeto” por la “independencia del Poder Judicial”.

El sprint del juez Juan José Escalonilla para tomar declaración al exabogado de Podemos José Manuel Calvente, firmante de la denuncia que sostiene todo el proceso, y dictar sendos autos que recogían una amplia batería de diligencias al filo del cierre del mes de julio, ha servido al partido de Iglesias para denunciar lo que consideran una “investigación prospectiva” que la ley impide. El juez de instrucción de Madrid ha ordenado a la organización que presente toda una serie de documentación que va desde gastos electorales hasta los sueldos de determinados trabajadores, pasando por los contratos de las obras de acondicionamiento de la nueva sede. Además, ha citado a declarar en calidad de investigados al secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo, y a otros trabajadores del partido, así como de empresas ajenas que han hecho trabajos para Podemos. Las declaraciones están programadas para mediados del próximo mes de noviembre.

Desde Podemos creen que la prisa del juez para dictar las imputaciones tiene un objetivo político: “aderezar” la moción de censura anunciada por el partido de Santiago Abascal y para la que todavía no hay fecha. Así lo señaló este miércoles el portavoz del Consejo de Coordinación del partido, Rafael Mayoral, en dos entrevistas. Para el también diputado, “cualquier cosa vale contra Podemos”, incluido lo que en su opinión es “un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte, que rayarían el ridículo, si no fuera porque hay un procedimiento judicial en marcha”.

Mayoral aseguró que durante mucho tiempo “se intentó evitar que pudiéramos entrar al Gobierno”, en referencia a las informaciones sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos que inundaron los medios en 2015 y 2016 para luego ser archivadas por los tribunales, incluidos la Audiencia Nacional y el Supremo. “Hoy se nos quiere sacar del Gobierno”, zanjó.

El propio Abascal ya ha señalado en Twitter que esta causa es un “motivo” para la moción de censura, aludiendo a la supuesta financiación del partido a través de “narco dictaduras y regímenes totalitarios” a los que el juez no alude en ninguno de los documentos que figuran en la causa a los que ha accedido elDiario.es. De hecho, el juez investiga, al menos de momento, los pagos de Podemos a terceros, no la entrada de dinero en el partido.

Con todo, más allá de la moción de censura, Vox ha reclamado que Podemos al completo sea apartado del Gobierno “mientras dura la investigación” judicial.

La moción de Vox, anunciada en el último Pleno del Congreso antes de las vacaciones, no cuenta de antemano con los apoyos necesarios para salir adelante. Ni siquiera el PP y Ciudadanos han dejado entrever que la apoyaría, pese a que ni con sus votos habría suficientes para descabalgar a Pedro Sánchez y al Gobierno de coalición.

Pero eso no significa que los dos partidos hayan dejado pasar la oportunidad de arremeter contra el Ejecutivo. El PP ya ha exigido la dimisión de Pablo Iglesias. Su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, señaló este miércoles que el vicepresidente segundo “no puede permanecer sentado ni un minuto más en el Consejo de Ministros”.

El portavoz del PP acusó a los de Iglesias de responder con un “ataque al estado de derecho” a respuesta de un partido que se sienta en el Consejo de Ministros ha sido “atacar al Estado de derecho”. Por eso, el PP pide a Pedro Sánchez “que pulse el botón rojo” y destituya a Iglesias.

Desde Ciudadanos han rebajado un poco el tono y se han limitado a pedir “explicaciones” a los dirigentes de Podemos. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera que “los españoles merecen conocer el papel que jugó” Pablo Iglesias en las presuntas irregularidades, informa Europa Press. El partido de Inés Arrimadas cree que el secretario general de Podemos debe comparecer en la Comisión de Calidad Democrática y contra la Corrupción “para dar cuenta de las últimas informaciones relativas a la financiación irregular de Unidas Podemos y la reciente imputación tanto del partido como de altos cargos del mismo y el papel del vicepresidente en este asunto”.

En el PSOE, de momento guardan silencio. Solo ha hablado del asunto Pedro Sánchez durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras el habitual despacho veraniego con el rey en el Palacio de Marivent, en Palma. El presidente del Gobierno recibió preguntas sobre el paradero de Juan Carlos de Borbón y sobre los problemas judiciales de Podemos. En ambos casos, el líder socialista dio la callada por respuesta.

Sobre el rey emérito se limitó a señalar que las conversaciones con el jefe del Estado son secretas. Y sobre Podemos, pidió “el máximo respeto al Poder Judicial” y dejar que actúe el Estado de derecho. Pese a las preguntas de los periodistas, el presidente no se movió una coma de su primera respuesta.

VÍDEO | Sánchez, sobre la investigación de la financiación de Podemos: "Máximo respeto al trabajo del Poder Judicial"

Con la vida política del país a medio gas, y con el proceso judicial detenido por el mes de agosto, no es improbable que el ruido mediático sobre la investigación de Podemos se reduzca para el Gobierno. Pero en el horizonte de septiembre aparecen curvas. No solo por este proceso, también por el que investiga en la Audiencia Nacional el robo del móvil de Dina Bousselham, antigua colaboradora de Iglesias, cuyo contenido acabó en diversos medios de comunicación y formando parte del informe PISA. El juez ha llamado a declarar a Calvente, quien dijo en una entrevista que todo era “un montaje” de Podemos. Algo que este mismo martes negó la que fuera su jefa política en el partido, Gloria Elizo.

La declaración de Calvente ante Manuel García-Castellón y las posibles nuevas pesquisas que pueda ordenar Escalonilla, siempre que la Audiencia Provincial de Madrid no anule su instrucción, reactivarán a la vuelta del verano la ofensiva política contra el Gobierno, si es que para durante agosto.