Cuatro guardias civiles, investigados por un posible delito de denegación de auxilio a una mujer que fue asesinada por su pareja
“La desgraciada casualidad es que había un cambio de turno a las 6 de la mañana, pero si Lucía Patrascu hubiera recibido la atención que solicitaba a la Guardia Civil, ese día no la habrían matado”. Con esta rotundidad se expresa el abogado de Lucía Patrascu, Antoni Monserrat, quien representa a los hijos de esta víctima mortal de violencia de género en un proceso judicial por el cual están siendo investigados cuatro guardias civiles. La defensa les acusa de un delito de denegación de auxilio por no atender adecuadamente a Patrascu, quien fue asesinada cinco horas más tarde después de acudir al puesto de la Guardia Civil de Port de Pollença (Mallorca).
Patrascu murió asesinada por su marido, según él mismo reconoció a varios testigos. Ioan Ciotau la mató a puñaladas el 29 de mayo de 2016 a las 10 de la mañana. Antes, la víctima solicitó ayuda a los cuatro guardias que están siendo investigados: “Quiero denunciar a mi marido. Me está persiguiendo y está por ahí fuera”. Sin embargo, según Monserrat, la Guardia Civil no le ofreció una respuesta adecuada. La víctima fue sobre las cinco de la mañana al puesto de la Guardia Civil, pero ese día el agente que entraba para hacer el cambio de turno llegó casi una hora tarde. “Unos por otros, la casa sin barrer”, comenta Monserrat, quien confirma que la víctima se fue del cuartel sin denuncia alguna.
No se aplicó el protocolo de violencia machista
Monserrat denuncia que los guardias civiles que recibieron a Patrascu no aplicaron el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de Violencia de Género, conocido como 'VioGén', dirigido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El letrado comenta que el protocolo les obliga a dar preferencia a los casos de violencia de género, a tomar una denuncia por escrito, a acompañar a la víctima a recoger sus objetos personales y a citar a declarar al sospechoso, pero que ninguna de estas circunstancias se dieron en el caso de Patrascu.
El letrado dice tener constancia de que todos los guardias civiles de Port de Pollença fueron informados sobre el protocolo VioGén y que, si éste se hubiera aplicado, la víctima “no hubiera sido asesinada ese día”. “Eso es evidente”, añade, porque precisamente Patrascu acudía a su casa porque quería recoger sus enseres personales. Por ello, la defensa de la víctima considera que los guardias civiles cometieron un delito de denegación de auxilio, si bien en un primer momento plantearon la omisión del deber de perseguir delitos.
La causa contra la Guardia Civil en el caso de Patrascu está actualmente en fase de instrucción, por lo que aún queda tiempo para que se diriman las posibles responsabilidades. La Audiencia Provincial de Palma decidió reabrir el caso a petición de los hijos, que interpusieron un recurso después de que un juzgado de Inca archivara el caso al considerar que no había delito. Están siendo investigados cuatro guardias civiles: el brigada interno jefe de puesto, el que llegó tarde a su puesto de trabajo, el que terminaba su jornada laboral y otro que también recibió la petición de ayuda de la víctima.
La Guardia Civil defiende que la protegió
Los agentes han defendido su buen hacer a lo largo del proceso judicial. Dos de ellos acudieron a declarar el pasado mes de septiembre y dijeron que Patrascu “siempre” estuvo protegida, según informa Diario de Mallorca. Este periódico asegura que los dos agentes dijeron a la jueza que no vieron a la víctima ni nerviosa ni asustada. Ambos reconocieron que quería denunciar a su marido, una denuncia que, según el abogado de ella, nunca llegó a producirse.
El guardia civil que finalizaba su turno de patrulla y que se encontró con la víctima en las puertas de la comandancia afirmó que Patrascu les contó que su marido le acosaba y le perseguía, pero rechazó que hubiera recibido alguna información de que Ciotau la hubiera seguido en esos momentos hasta el cuartel. Diario de Mallorca también cuenta que el agente dijo que ni él ni su compañero comprobaron que el marido estuviera en las inmediaciones del puesto de Port de Pollença. Según la versión de este guardia civil, hizo pasar a Patrascu al interior de las dependencias policiales para que el guardia de puertas le cogiera la denuncia.
El guardia de puertas que acababa su turno a las seis de la mañana y que no esperó a su relevo explicó que él no recogió la denuncia de Patrascu porque había finalizado su jornada laboral. Sin embargo, asegura que ordenó a dos guardias de una patrulla que entraba a trabajar que permanecieran en el lugar y que dieran el aviso a su relevo de que una mujer estaba esperando para interponer una denuncia por violencia de género.
Este mismo periódico asegura que los dos guardias civiles que finalmente atendieron a Patrascu, un agente y un brigada, sostienen que ni la víctima ni sus compañeros les informaron de que fuese un caso de violencia de género y que ella únicamente les habló del proceso de divorcio y de su voluntad de irse de casa. eldiario.es se ha puesto en contacto con la Guardia Civil en Baleares, pero el cuerpo ha preferido no hacer declaraciones porque “el caso está judicializado”.
En proceso de divorcio
Patrascu, de 46 años de edad, llevaba más de dos semanas viviendo en casa de su empleadora, una mujer mayor a la que cuidaba, y había ido al domicilio conyugal para recoger sus enseres personales. Estaba inmersa en un proceso de divorcio. Fue asesinada alrededor de las 10 de la mañana, tras una fuerte discusión con su marido, que según Monserrat fue vista por una gran cantidad de transeúntes y vecinos. “Salió al balcón a pedir auxilio a gritos y allí la asesinó”, comenta.
Los hijos de Ciotau y Patrascu mantienen una doble batalla legal, representados por Monserrat. La primera contienda es contra la Guardia Civil y, la segunda, por el asesinato machista de su madre, por el cual Ciotau está todavía en prisión provisional. Un juzgado popular dirimirá el próximo 10 de diciembre la culpabilidad del acusado, quien reconoció que había matado a su mujer y se entregó a la policía tras hacerlo.
Posible indemnización del Estado
La defensa de Patrascu ha solicitado una indemnización a Ciotau por el asesinato y está planteando la petición de otra indemnización al Estado en concepto de responsabilidad patrimonial. El abogado representó en su día los intereses de Ana Niculai, otra residente en Mallorca que fue secuestrada y asesinada por un hombre mientras éste cumplía con un permiso penitenciario de fin de semana. Monserrat consiguió que la Audiencia Nacional le diera la razón y ordenase la indemnización del Estado a los familiares.
En el caso de Patrascu, el abogado ha solicitado al Ministerio de Interior la apertura de un expediente a los guardias civiles, pero aclara que esto ha quedado en suspenso hasta que pudieran ser declarados culpables por vía penal. Por su parte, la inhabilitación podría ser dictada en una futura sentencia, para la cual todavía quedan varias fases. “Los hijos pretenden demostrar que la Guardia Civil no procedió correctamente y buscan que esto no se repita”, concluye el letrado.
