La Comisión Europea respalda al Gobierno en la protección del lobo frente al rechazo de algunas comunidades

La Comisión Europea respalda la protección total del lobo en España adoptada por el Gobierno. Así lo han expresado por carta los comisarios de Medio Ambiente y Agricultura en un escrito dirigido al Ejecutivo que dice: “Esta decisión tiene por objeto cumplir los requisitos de la Directiva sobre hábitats”, es decir, respetar la ley.

La misiva de Virginijus Sinkevicius y Janusz Wojciechowski está remitida a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera y al ministro de Agricultura, Luis Planas, y actúa de balón de oxígeno tras el rechazo al borrador de Estrategia para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación votado en el grupo técnico de comunidades y Ministerio de Transición Ecológica de la Comisión de Patrimonio Natural y Biodiversidad de diciembre pasado.

El escrito afirma que la medida cuadra con la normativa europea, uno de los reproches que las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria han presentado ante la Audiencia Nacional y avala la Estrategia todavía pendiente de aprobación definitiva.

“Somos conscientes de la decisión adoptada por el Gobierno de España de proteger a la población de lobo al norte del río Duero”, explican los comisarios y añaden: “Esta elección se ajusta plenamente a la Directiva sobre hábitats, que proporciona un sólido marco jurídico y político para las acciones de los Estados miembros y de la Comisión”.

La orden que ha igualado el estatus protegido del lobo en todo el territorio nacional e impide su caza general está recurrida ante los tribunales desde septiembre de 2021 por esas cuatro comunidades autónomas, la patronal Asaja y las organizaciones agrarias COAG y UPA se unieron a la estrategia judicial.

Los gobiernos autonómicos adujeron al presentar el recurso, todos juntos en Salamanca, que la inclusión del Canis lupus al completo en la Lista de Especies Silvestres de Protección Especial iba “en sentido contrario” de la normativa europea. Dijeron que pedirían un encuentro con el comisario de Medio ambiente Sinkevicius para afirmar que el Gobierno de España les atacaba y que “ha ido más lejos de lo que la propia Europa quiere que vaya”.

“Satisfacción” en Bruselas

Sinkevicius ha dado una contestación con la carta enviada al Ejecutivo. “Acogemos con satisfacción las medidas adoptadas por el Ministerio de Transición Ecológica”, explica. Y menciona la redacción de “una estrategia nacional para la coexistencia de las actividades rurales y la conservación del lobo”. Considera, escribe, que la fórmula se alinea con “las orientaciones de la Comisión sobre especies estrictamente protegidas, incluido su anexo sobre el lobo”.

Sin embargo, esa misma estrategia nacional fue la rechazada en la Comisión Estatal de Biodiversidad en diciembre de 2021. En ese foro, las comunidades que han llevado la protección del lobo ante los tribunales afirmaron que, mientras el recurso judicial esté pendiente de sentencia firme, se negarán a discutir cualquier estrategia porque está basada en una orden que quieren anular, según comunicó la Junta de Castilla y León.

Además, en su escrito, los comisarios europeos destacan los fondos económicos que se han planeado destinar a la convivencia entre los grandes carnívoros, como los lobos y los osos, y las cabañas ganaderas. “Celebramos que se haya puesto a disposición un presupuesto significativo para mejorar la coexistencia con el lobo, mediante el acceso efectivo a medidas preventivas y compensatorias”, es la frase concreta.

Los propios consejeros de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia dijeron en su comparecencia para informar de su recurso judicial que “la orden del Gobierno [que extiende la protección del lobo] tiene una memoria económica de 25.010 euros”. Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 han asignado, finalmente, 20 millones de euros para las comunidades autónomas que deberían gestionar la nueva situación de la especie al norte del río Duero. Las cuentas prevén una partida de 9,5 millones para paliar los daños a la ganadería extensiva y otros 10,5 millones para “realizar medidas preventivas”.

Así que los planes del Gobierno son tener activa esta nueva manera de gestionar la presencia de manadas “en el primer semestre del año”, dicen fuentes de Transición Ecológica. Con todo, el documento tiene que pasar por la revisión de la Comisión sectorial de Medio Ambiente (que reúne al Ministerio y las comunidades autónomas). Ahí, los ejecutivos opositores intentarán prolongar el bloqueo. Su idea es que, antes de que haga nada nuevo, se evalúe la situación de la especie y la efectividad de la anterior estrategia, ya caducada.

Porque, según ellos, los lobos viven una mejoría tan palpable que los ataques al ganado se han incrementado. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha llegado a decir en la Conferencia de Presidentes de La Palma el pasado 13 de marzo que “probablemente va a ocurrir algún tipo de desgracia”, insinuando que los ejemplares pueden verse en poblaciones y podrían atacar a personas.