Cuatro universidades convierten unas ayudas postdoctorales del ministerio en becas sin cotización a la Seguridad Social

“Es un retroceso de diez años. Te haces doctor, se supone que vas a tener un contrato algo mejor y lo primero que te dan es una beca y estás dos años sin cotizar a la Seguridad Social”. La Marea Roja de la investigación está indignada porque cuatro universidades públicas (Sevilla, La Laguna, Huelva y Las Palmas de Gran Canaria) han decidido ofertar las ayudas Margarita Salas creadas por el Ministerio de Universidades con los fondos Covid como becas o “bolsas de viaje” en vez de como contratos, como estipula la ley de Ciencia desde 2011.

La consecuencia de esta decisión, explica Elisa Fernández, investigadora y representante de CCOO en la Marea Roja, es que los destinatarios de estas ayudas –investigadores con el doctorado ya hecho– estarán dos o tres años sin cotizar a la Seguridad Social, entre otras cuestiones. “Después de 40 años de lucha para que desapareciera esta figura [la del becario] en favor de los contratos, esto es dar pasos atrás en el reconocimiento de los derechos laborales del personal investigador más joven”, denuncia la Marea Roja. “Somos doctores y de repente bajamos a tener becas”, añade Fernández. “Los FPU o FPI [las ayudas que dan Educación y Universidades a investigadores predoctorales que están trabajando en su tesis] son contratos, las figuras similares de fundaciones privadas o las mismas universidades son contratos también”, explica lo que entienden como un retroceso.

Esta situación se ha dado así porque en la convocatoria que publicó el Ministerio de Universidades en el BOE no se especificaba cómo debían ofrecerse esas ayudas, de manera que cada rectorado ha elegido su modelo. Según un análisis de la Marea Roja de las convocatorias realizadas por las 50 universidades públicas, solo las cuatro citadas han optado por esta fórmula; el resto ofrece contratos con cotización a la Seguridad Social y capacidad de ir generando paro, entre otras cosas.

Ernesto Pereda, vicerrector de la Universidad de La Laguna, explica que en su caso –tras acordarlo con la Universidad de Las Palmas, cuenta– la decisión se ha tomado porque consideraban que el dinero de las ayudas se quedaba escaso si se ofrecían como contratos por los costes laborales que implican, que con esas condiciones existía la posibilidad de que se perdieran ayudas si un investigador encuentra otro contrato mejor y renuncia a este por incompatibilidad, y que les habría gustado dar la posibilidad a los adjudicatarios de elegir cómo recibir la ayuda (beca o contrato), pero que la rigidez de la convocatoria no se lo permitía.

“Sacándolas como contratos para irse a Madrid o Barcelona, por ejemplo, se quedaban en 1.500 euros al mes. Apenas 2.000 euros si te vas al extranjero, lo que consideramos que es bastante poco”, explica. También, añade, se ha considerado la casuística particular canaria: “En Madrid puedes pedir esta ayuda y simplemente cambiarte de universidad, de línea de metro. O ir desde Segovia cada día. Aquí no, la gente tiene que salir fuera”, argumenta la mayor necesidad, en su opinión, de poner más efectivo en manos de los investigadores.

Además, aduce el vicerrector, el propio ministerio tiene unas ayudas similares, las José Castillejo, para jóvenes doctores que se marchan al extranjero y que son compatibles con otros contratos. “Se aumenta el dinero disponible para la estancia y se reduce el abandono, porque se pueden compatibilizar. Y si alguien renuncia a estas ayudas el primer año aún podemos recuperar algo, pero si lo hace el segundo se pierden”, explica.

El Ministerio de Universidades declina valorar la cuestión porque es una cuestión que atañe a cada universidad, explican. Desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se manifiesta en la misma línea y señala que estas decisiones “son ajustadas a derechos y legales”. Fuentes universitarias añaden que “lo deseable hubiera sido un marco común y con certezas marcado por la convocatoria”.

Entre 2.800 y 3.500 euros mensuales

Las Margarita Salas son una de las tres patas del paquete de ayudas que diseñó el Ministerio de Universidades con los fondos COVID para la formación del profesorado universitario y la atracción de talento nacional y extranjero a los campus españoles, dotado en total con 387 millones de euros. Estas ayudas están destinadas a mejorar la formación y la movilidad de personas que hayan leído la tesis en los dos últimos años, por lo que serán solicitadas mayoritariamente por jóvenes, pero no necesariamente. Esta línea supondrá la mitad del total de las ayudas que va a otorgar Universidades.

Serán 1.800 ayudas dotadas con 3.500 euros mensuales para las estancias en el extranjero y 2.800 para las estancias en España –que tienen que cubrir los costes laborales, además de impuestos, en caso de contrato– y con una duración de dos o tres años. Además, se debe solicitar la incorporación a un centro distinto de aquel en el que se realizó el doctorado “para que cambien de horizonte y se formen en otra institución”, según adujo en su momento Universidades. Dicho de otro modo, para evitar la endogamia universitaria. Hay otra condición: quien se acoja a una ayuda para estudiar en el extranjero deberá volver para el último año de la estancia a una universidad española. Las otras dos figuras son para recualificar al Personal Docente Investigador y para atraer talento a la universidad española.

Los investigadores de la Marea Roja lamentan que la decisión de estas cuatro universidades supone un retroceso de una década tras muchos años de lucha por conseguir que las ayudas a la investigación, tanto predoctorales como postdoctorales, fueran contratos en vez de becas. Las diferencias entre unos y otras se han señalado ya: cotizaciones a la Seguridad Social, capacidad de generar paro, etc. De hecho, los científicos consiguieron que se atendiera su reivindicación y en la ley de Ciencia de 2011 se incluyó un artículo, el 20, que dice: “Los programas de ayudas de las Administraciones Públicas que tengan por objeto la realización de tareas de investigación en régimen de prestación de servicios por personal investigador que no sea laboral fijo o funcionario de carrera, deberán requerir la contratación laboral del personal por parte de las entidades beneficiarias de las ayudas para las que vaya a prestar servicios”. La Marea Roja interpreta que estas convocatorias incumplen directamente la ley. Pereda, de la Universidad de La Laguna, asegura que sus servicios jurídicos avalan que no.

“Volver a la dinámica de becas de investigación, sin contrato ni cotización a la Seguridad Social, después de 40 años de lucha para que desapareciera esta figura en favor de los contratos, es dar pasos atrás en el reconocimiento de los derechos laborales del personal investigador más joven”, lamenta la Marea Roja.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por las universidades de que así se aumenta la cuantía que recibirán los beneficiarios, lo tildan de “deleznable”, y añaden que “además las hace compatibles con [otros] contratos postdoctorales, de tal forma que dejan la puerta abierta a que los beneficiarios tengan a la vez un contrato para así evitar que abandonen la ayuda si consiguen uno”. La investigadora Fernández se muestra perpleja al otro lado de la línea telefónica: “La otra excusa de que no hay que pagar así la tasas patronal de la Seguridad Social es como cuando te dan el dinero en negro o no te cobran el IVA. Teniendo en cuenta la precariedad y temporalidad que tenemos en el sector, queremos cotizar”, razona. “Además, sin contrato es necesario contratar un seguro” para trabajar, lo que rebate en parte la teoría de que tendrían más dinero disponible.

Y cierra con el absurdo que considera que se permita que haya gente que pueda simultanear estas ayudas con otros contratos postdoc: “Teniendo en cuenta la escasez de contratos postdoctorales [en España] es absurdo que alguien tenga dos. No le vemos el sentido a tener gente cobrando 4.000 euros al mes cuando hay muchísima gente sin nada”, denuncia.