La generación de investigadores de 2018 se queda atrapada otra vez en la maraña burocrática, ahora por la pandemia

La generación de investigadores de 2018 está maldita. O, más concretamente, se ha topado con la administración y ha salido perdiendo. Dos veces ya.

La segunda derrota acaba de suceder. Los 1.700 jóvenes que consiguieron un contrato formativo de investigación y/o docencia del Gobierno en la convocatoria de 2018 (firmaron en verano de 2019) son los únicos que estaban en activo durante la pandemia que se han quedado fuera de la prórroga que la administración ha concedido a estos contratos debido al parón en la actividad investigadora que provocó el confinamiento por la COVID-19. Los afectados son los 1.700 beneficiarios de los contratos de Formación de Profesorado Universitario y Formación de Personal Investigador (los FPU y FPI) de los ministerios de Universidades y Ciencias, los más prestigiosos y mejor dotados que concede la administración para la investigación predoctoral en España.

El colectivo anda indignado por el agravio comparativo con el resto. No ha recibido explicación alguna de ninguno de los dos ministerios sobre el porqué de su exclusión de estas prórrogas. Y más se indignan cuando, en general, sus universidades sí les han dado un tiempo extra para completar sus doctorados (finalidad última de estos contratos), lo que reconoce de facto que su trabajo se ha visto afectado por el parón. Además, llueve sobre mojado: cuando se convocaron estas ayudas en 2018 hubo retrasos administrativos que provocaron que muchos de estos jóvenes firmaran su contrato más tarde de lo habitual. Muchos se quedaron sin poder trabajar (o cobrar, el trabajo no remunerado es habitual en este sector) durante todo un verano y ahora no pueden evitar pensar que de aquellos barros, estos lodos. Que aquel retraso es el que ha provocado ahora su exclusión de la prórroga.

Desde Ciencia, la cartera que dirige Pedro Duque, un portavoz explica a este diario que en un primer momento el plan de choque del Gobierno se centró en prorrogar los contratos más urgentes, aquellos que terminaban ese mismo 2020, en plena pandemia. Después se hizo un segundo plan, el actual, que incluye al resto, excepto a esta generación. Las fuentes explican que se ha invertido en esto mucho dinero (13 millones en la primera partida, 34 para la segunda) y que las situaciones de unos y otros difieren.

Pero el caso es que la prolongación aplica solo a quienes tengan un contrato público de investigación que concluya entre el día 2 de abril de 2021 y el día 1 de abril de 2023, según publicó el BOE la semana pasada. Y los de esta generación concluyen con carácter general entre junio y septiembre de 2023. Podría decirse con un cierto reduccionismo que el retraso inicial de meses sí que les ha costado la prórroga, pero también es cierto que la generación anterior, la de las ayudas de 2017, también firmó en junio. El retraso en esta cuestión viene de años atrás.

Los contratos FPU y FPI están destinados a jóvenes investigadores para la realización del doctorado (una vez finalizado el preceptivo máster previo). Como aquel, tienen una duración de cuatro años, el plazo máximo previsto para leer una tesis desde que se empieza a hacer (prorrogable un quinto). Estos contratos son los mejor dotados de entre los que entrega la Administración a jóvenes predoctorales: el importe mensual es de 1.160,43 euros los dos primeros años, 1.243,32 euros el tercer año y 1.554,15 euros el cuarto año y se entregan 850 de cada modalidad al año. Lo limitado de su número (en 2019 se leyeron 10.165 tesis en España, según datos oficiales) y lo (relativamente) bien dotadas que están en un sector tan precarizado en España como la investigación los hacen muy codiciados.

Máximo cinco meses

La ley que acaba de aprobar el Parlamento, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla la prórroga de los “contratos de trabajo de duración determinada con cargo a la financiación procedente de convocatorias de ayudas de recursos humanos realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación” durante “un periodo máximo de cinco meses”.

Eduardo García probablemente los necesitaría todos. Este licenciado en Farmacia, de 28 años, es uno de los contratados en 2018 que ha visto paralizada prácticamente toda su actividad con el confinamiento. Realizando su doctorado en un grupo de investigación de la facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid sobre biotecnología de anticuerpos relacionados con la enfermedad celíaca, García necesita para su trabajo un equipamiento del que no dispone en casa. “Realizo el 95% de mi trabajo en el laboratorio”, explica. La primera en la frente, todo el tiempo del confinamiento prácticamente perdido.

Pero no acabó ahí. “Cuando volvimos, ya en mayo, no podíamos trabajar como antes por las medidas de desescalada. Además, faltaba mucho material como guantes, que se destinaba a los servicios sanitarios [cuando todo escaseaba]”, continúa su relato. “Además, yo trabajo en contacto con un hospital y necesito muestras de pacientes para hacer el resto del trabajo. Y el coronavirus acabó con nuestro contacto con el hospital, no he vuelto a recibir una muestra desde marzo del año pasado”, lamenta.

Meses y meses perdidos que no afectan solo a la tesis en sí. “Hay que trabajar no solo para el doctorado”, explica, “necesitamos hacer publicaciones para después poder irte de estancia al extranjero, por ejemplo”. A García sí le han prorrogado el tiempo para hacer la tesis, porque eso depende de cada Universidad, pero no el del contrato, que depende del Ministerio de Ciencia, en su caso. “Se ha producido un desfase entre ambos”, lamenta, que intuye que va a acabar con él en la misma situación en la que empezó debido al retraso: trabajando gratis.

Esta circunstancia es muy habitual en los beneficiarios de los contratos FPU o FPI, explica otro investigador afectado que prefiere el anonimato para no perjudicar a su grupo. Para optar a hacer un doctorado hay que cursar previamente un máster, y estos suelen concluir entre mayo y julio. La subsiguiente convocatoria de contratos del Gobierno se cierra en octubre, pero entre listas provisionales, recursos y, en el caso de la generación 2018 un retraso mayor de lo habitual, se firma el verano siguiente. Habrá pasado un año entero entre el fin del máster y el principio del doctorado, en el que el aspirante a doctor tiene dos opciones: trabajar gratis mientras avanza en su investigación para no quedarse parado o buscarse la vida para tener ingresos.

Otro caso es el de J. O., psicólogo de 25 años que está trabajando en una tesis relacionada con el Parkinson. Buena parte de su trabajo, explica, consiste en estar con pacientes. Evaluarlos y hacerles una resonancia magnética. “Este próximo 12 de abril tengo el primer paciente citado desde el confinamiento”, explica la magnitud del parón que ha sufrido. “Debería tener unas 90 personas ya, y apenas tenemos 30”, amplía.

¿Cómo afecta esto a su tesis? ¿Ve posible recuperar el tiempo perdido? “Yo tendría que estar ahora mismo trabajando con los datos ya recogidos. Si consigo incluir un artículo con datos nuevos adquiridos de esta muestra [que está recogiendo ahora] será poco menos que un milagro”. Deberían ser tres, añade. “El proyecto ha estado parado a nivel práctico”, cierra.

La situación no solo atañe a los investigadores de ramas más experimentales, reivindican los afectados. Los de Humanidades están en una situación parecida. “Los que trabajamos más con ordenador y tenemos que procesar cosas muy pesadas no solemos tener un ordenador superpotente”, explica uno de ellos. “En el caso de las Humanidades nos hemos quedado con los archivos cerrados, en muchos casos justo coincidiendo con los meses en los que íbamos a buscar fuentes para después analizarlas. Y cuando han abierto, las limitaciones son muy importantes. En ocasiones, puede que te tengas que desplazar de una ciudad a otra y el archivo solo deje que visites 10 documentos al día, con el retraso que eso implica”, escribe otra.

Hay tantas historias como investigadores. Todas, con tres elementos en común: el perjuicio que les ha provocado el parón, la incomprensión de una medida que solo les afecta a ellos sin que nadie les haya explicado por qué y la sensación de mala suerte por haberse topado con la Administración. Dos veces.