España pierde más de 10.000 millones de euros al año por no homologar los títulos de ingenieros
Los obstáculos a la recuperación económica a veces parten de la propia Administración. En un momento de crisis económica, que ha afectado al mercado de trabajo español de manera demoledora, España está dejando de ingresar un mínimo de 10.000 millones de euros al año, según estima el Colegio de Ingenieros de Caminos, y condena al paro a miles de trabajadores en el extranjero por un problema burocrático.
España arrastra, desde hace más de una década, la homologación de sus titulaciones universitarias al Marco Europeo de Calificaciones, conocido como EQF por sus siglas en inglés. Con la implantación del nuevo sistema universitario europeo, conocido como Plan Bolonia, era necesario fijar las equivalencias entre las diplomaturas, las licenciaturas y los grados. El plazo máximo que fijaba Europa para hacer los deberes era el 23 de abril de 2013, pero los distintos gobiernos han dejado sin resolver el asunto.
La falta de equiparación afecta en gran medida a los ingenieros y a las empresas de este sector, que trabajan a menudo en el exterior. “En la actualidad, las empresas españolas que se dedican a la construcción y la ingeniería facturan en el exterior en torno a 30.000 millones de euros”, indican desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Mientras que los ingenieros superiores europeos tienen reconocido el nivel de máster (EQF-7, en la clasificación europea) gracias a las homologaciones de sus respectivos países, los españoles son considerados simplemente graduados, por la inexistencia de ese trámite. Según los cálculos del Colegio de Caminos, alrededor de 1.000 ingenieros están parados por este motivo.
“Es incompresible que sigamos en esta situación”, denuncia Diego Álvarez, un estudiante de Ingeniería con una petición por Internet con más de 42.000 firmas para que el Gobierno realice las homologaciones. La red también dio espacio al blog #soymastereuropeo, en el que los profesionales afectados pretenden visibilizar este problema que les condena al desempleo o a trabajos infracualificados.
Fuera de España, las empresas exigen generalmente el nivel de máster a los ingenieros para firmar proyectos y, también, para aquellos puestos cualificados a los que tradicionalmente accedían los ingenieros superiores. Además, en los concursos de obra para las empresas, los trabajadores con ese nivel de formación puntúan más para acceder a las licitaciones.
Las consecuencias para la economía española se miden en, como mínimo, un tercio de la facturación actual en el sector exterior, según calculan en el Colegio de Ingenieros de Caminos a raíz de los concursos que empresas españolas están perdiendo por la baja cualificación reconocida de su personal. “España está dejando de ganar en torno a 10.000 millones de euros al año”, exponen fuentes del colegio. “Estas pérdidas son el mínimo, solo de la rama de la ingiería civil”, apunta Carlos del Álamo, presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI).
En contra de la solución de Wert
La solución que propuso el Ministerio de Educación no es tal, según han asegurado este miércoles los presidentes del Instituto de la Ingeniería de España, de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, de FEDECA (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) y de la Asociación de Ingenieros Profesionales de España. Todos los colectivos en bloque han pedido al ministro José Ignacio Wert en un comunicado conjunto que modifique el real decreto en el que trabaja su cartera para equiparar las carreras pre-Bolonia al nuevo sistema universitario.
“Establece un procedimiento largo y tedioso”, critica Elena de Vicente, presidenta de FEDECA. En lugar de la equiparación automática que piden los ingenieros (que establezca que las ingenierías de cinco o más años tienen un nivel EQF-7), el Ministerio propone un proceso en el que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) establezca mediante un informe la homologación de titulación por titulación.
Además, una de las principales exigencias de los afectados, la equivalencia con la escala internacional del EQF, queda sin resolver porque el real decreto solo plantea la equiparación al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). “Que no está homologado a nivel internacional”, recuerda Jesús Rodríguez-Cortezo, presidente de la AIPE.
Según les ha explicado el Ministerio, la homologación internacional queda pendiente para otro real decreto, “pero que sería casi automático”, cuenta Elena de Vicente. Según les ha traslado Educación, el primer decreto estará listo para otoño, por lo que piden al ministro Wert que reconsidere los términos de la norma. “Ahora, estamos en el limbo”, resume de Vicente.
Tendencia a “igualar por abajo”
Los ponentes han criticado también una política más amplia que trata de “igualar por abajo a todas las ingenierías”. “Es un ataque frontal a la excelencia. Un ataque estúpido en el que nuestra posición mundial puede verse seriamente afectada”, denuncia Manuel Morau, presidente del Instituto de la Ingeniería.
Elena de Vicente expone dos ejemplos. Por un lado, la previsible equiparación de las diplomaturas de ingenierías técnicas a los grados actuales. Una situación que, en su opinión, puede crear conflictos dentro de la profesión. “Los graduados, que han estudiado un año más, pueden sentirse discriminados”, afirma.
Por otro lado, dentro de la Administración, el acceso a los puestos para los Cuerpos Superiores de las distintas disciplinas están abiertos en la actualidad a “arquitectos, ingenieros superiores y graduados”, apunta De Vicente. La equiparación del grado a la ingeniería superior choca con la clasificación actual, que establece un máster para poder acceder a estas profesiones reguladas. “Es contradictorio que un profesional no pueda firmar un proyecto pero sí acceder a puestos de dirección en la Administración”, prosigue.
