España prepara un plan urgente contra la desaparición de abejas aunque no prevé la prohibición de insecticidas dañinos
El Gobierno prepara por primera vez un plan de acción para intentar revertir la desaparición dramática de las abejas y otros polinizadores. El documento reconoce que se trata de un “grupo biológico clave en la preservación de la producción primaria, sobre la cual se sustenta la vida sobre este planeta” y que una de las causas principales de su declive es el uso masivo de “productos químicos en agricultura”. Sin embargo, el plan no prevé la eliminación de insecticidas de probada toxicidad sobre estos polinizadores de los que hay autorizadas 300 variedades en el registro del Ministerio de Agricultura.
El desplome documentado de los insectos ha alcanzado dimensiones de extinción masiva. En general, el 40% de las especies están amenazadas con la desaparición. Las abejas y polinizadores (como las mariposas) en particular están en el ojo del huracán y la aplicación masiva de químicos en la industria agrícola detrás de su desplome continuo. “El plan es un paso importantísimo, pero debería incluir medidas urgentes y sin precedentes porque nos encontramos ante un crisis planetaria”, analiza Luis Ferrerim, responsable de Agricultura en Greenpeace.
El Plan de Acción Nacional para la Conservación de Polinizadores que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica reconoce el peligro que suponen los plaguicidas –“Insecticidas, herbicidas y fertilizantes, y su uso inadecuado, pueden causar la muerte de manera directa o indirecta”– y pide “evitar y reducir” su aplicación. Para Ferrerim esto es “poco ambicioso”, poco concreto. El Ministerio considera que “da respuesta a los compromisos con la Coalición Internacional de Conservación de Polinizadores, de la que España forma parte, así como a las consideraciones reflejadas en la Iniciativa UE sobre polinizadores”.
Según los cálculos de la organización, atajar la desaparición de polinizadores impone una “reducción drástica” de los plaguicidas con un calendario concreto para dejar de aplicar estos productos químicos: prohibir los insecticidas cuyas fichas técnicas admiten que son peligrosos en 2025 y rebajar a la mitad el uso de plaguicidas en general para 2050. España es el país de la Unión Europea que más pesticidas consume: casi 80 millones de kilos al año, según Eurostat. Ecologistas en Acción aprieta más las tuercas y considera necesaria esa rebaja general para 2023 “como máximo”.
Transición Ecológica responde que “esos objetivos [de eliminación] no figuran, por el momento, en el borrador sometido a información pública. Pero se han introducido otra serie de medidas al objeto de reducir el riesgo derivado del uso de fitosanitarios”.
“Es preciso un cambio de mentalidad. La industria química ha instalado la idea de que sin plaguicidas no hay agricultura. Si se hubieran utilizado de manera sostenible, como pide la regulación europea, no se habría llegado a esta situación”, dice Ferrerim. El investigador de la Universidad de Sidney Francisco Sánchez-Bayo ejemplificaba así este modelo agrícola: “Se han sustituido los insecticidas tradicionales por los sistémicos que se ponen recubriendo la propia semilla”. Esto hace que se pase de fumigar cuando aparece la plaga a plantar semillas cubiertas de insecticida de manera preventiva. “Los agricultores ponen todos estos insecticidas en el campo entero desde el principio, aunque no sean necesarios”, aclaraba el ecólogo.
El borrador ministerial reconoce que preservar estos insectos en particular es crucial, precisamente para el sector agrícola: aportan un servicio valorado “en 2.400 millones de euros”. El 84% de las plantas cultivadas en Europa y el 78% de las flores silvestres dependen de los insectos polinizadores.
Aunque el proyecto parte de Transición Ecológica, el registro de pesticidas recae en el Ministerio de Agricultura, que ha participado en la parte del plan que se refiere a los fitosanitarios. Agricultura no ha especificado si su departamento planea o tiene previsto regular estos productos de manera que vayan retirándose de los campos españoles. No es un medida extravagante, ya que los gobiernos de la Unión Europea acordaron en febrero de 2018 prohibir los pesticidas a base de nicotina (que han sido los más usados), precisamente por el daño constatado que infligen a las abejas silvestres y domésticas.
Invasoras, hábitat y cambio climático
Además de los insecticidas, el plan describe todo un panorama de amenazas para la supervivencia de las poblaciones de abejas y demás polinizadores y el resto de insectos que trasladan el polen vegetal.
Estas variedades están padeciendo una pérdida y degradación progresiva de sus hábitats, entre otras cosas, por “la intensificación agrícola, por la ausencia de diversidad espacial y temporal de flores silvestres que limita la disponibilidad de alimento y lugares de anidamiento y refugio”. No tienen dónde vivir.
También sufren el aumento de enfermedades y parásitos, además del ataque y expansión de especies invasoras. En este aspecto, la avispa asiática (Vespa velutina) supone una amenaza creciente: “Mapas y modelos de predicción de expansión basados en datos climáticos indican un claro riesgo de colonización por el norte de la Península Ibérica”. En Galicia, Asturias o Cantabria la avispa avanza en su colonización.
Y, como colofón, el cambio climático. La alteración de las pautas del clima produce cambios en la distribución de plagas y su virulencia. Pero también crea nuevas condiciones más favorables para la expansión de invasores dañinos (como la velutina, precisamente), además de causar “mayor mortandad por fenónemos climatológicos extremos”, analizan los técnicos del Ministerio. “Dicen que exageramos, pero si se ha perdido el 80% de los insectos, la palabra es `catastrófico'”, resumió el investigador Sánchez-Bayo.
