Marea de Residencias pide una ley estatal ante el “deplorable estado de las personas dependientes” en algunos centros

El colectivo ciudadano Marea de Residencias, formado por familiares y trabajadores, en su impulso para la creación de una ley de residencias de la tercera edad, ha registrado este jueves 3 de junio en el Congreso de los Diputados una “propuesta de mínimos para una ley de residencias” que recoge las demandas de la sociedad civil, con el objetivo de “cambiar radicalmente el sistema de cuidados”, dando más peso a la gestión pública de los centros.

“Se necesita proteger los derechos de los residentes a nivel estatal”, indica Mariví Nieto, portavoz de Marea de Residencias, “creando un marco legal estatal que sea un suelo a partir del cual las comunidades autónomas creen sus propias normativas”, como está haciendo ahora Castilla y León pero sin partir de unos estándares comunes, que es lo que precisamente reclama este colectivo, que ha remitido su documento a todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox. En este punto desconocen si algún partido podría tomar la iniciativa de presentar esta proposición de ley. En Murcia, Podemos ya ha presentado una proposición de ley en este mismo sentido.

El “cambio radical del modelo” pasa por el aumento de plazas, construyendo residencias públicas, de gestión pública, ubicadas en centros urbanos o en su proximidad, para favorecer la integración social, de una sola planta y con un número máximo de cien residentes.

Para las plazas que ya existen, Marea de Residencias propone que se revierta la gestión pública de aquellas residencias con gestión cedida a empresas privadas: “que no existan beneficios para las empresas privadas a costa recortar servicios esenciales como el personal o las dotaciones”, incide Nieto. Al respecto de las infraestructuras, el documento que han presentado alega que “el derecho a la intimidad se vulnera sistemáticamente”, por lo que se pide que las habitaciones sean individuales y con baño completo a no ser que los residentes decidan compartirlas. En ese sentido, también piden que en las grandes residencias se puedan habilitar unidades de convivencia menores, de entre 15 a 20 personas. Piden que los centros estén bien acondicionados para que no les afecte el frío o el calor, tengan medios técnicos suficientes y estén dotados de teléfono fijo y televisión particular, así como equipos informáticos y conexión wifi para los residentes.

Sobre el personal, proponen unas ratios mínimas, entre las que se encuentran: un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería por cada cuatro residentes en residencias de grandes dependientes en turno de mañana, uno por cada cinco en turno de tarde y uno por cada 8 en turno de noche. En cuanto a los auxiliares y celadores: uno por turno en la mesa de control de cada planta. Un psicólogo y un fisioterapeuta por cada 20 residentes en los turnos de mañana y de tarde

En cuanto al personal sanitario, se pide que dependan del Sistema Público de Salud y que haya un enfermero o enfermera por cada 30 residentes en situación de dependencia y un médico o médica por cada 40 residentes en cada turno salvo en la noche, que habría uno solo de guardia. Proponen además que se contrate a profesionales de otras disciplinas como la musicoterapia (cuatro por turno) o la estimulación cognitiva (otros cuatro por turno).

En la lectura del manifiesto frente a las escaleras de entrada a las cortes, en Madrid, se recalcó el “deplorable estado de las personas dependientes” en algunas residencias. La crisis del coronavirus ha sido un punto de inflexión importante para este colectivo, que viene reclamando la mejora de los centros de mayores desde tiempo atrás. “La pandemia ha evidenciado lo que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo”, señala Mariví Nieto. “Ha mostrado el abandono de estos centros, hasta el punto de no derivar a muchos ancianos a los hospitales, cayendo en el delito de la omisión de socorro”. En el caso de Madrid, Marea de Residencias ha presentado diferentes querellas por posible delito de homicidio imprudente contra responsables de residencias de ancianos en los que murieron residentes y contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso y los consejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López. Ya han declarado dos directoras de residencias, la de Gran Residencia y la de Amavir Ciudad Lineal. “La pandemia también ha señalado que las personas mayores no tienen un sitio en la sociedad. Queremos que estén integrados y tengan un modo de vida digna”, añade.

El reto demográfico que propone la longevidad, cada vez más prolongada, anima a repensar el sistema de cuidados desde ya, y hacerlo más participativo, por lo que proponen la creación de un Consejo de Residentes y Familiares en cada centro, con derecho a percibir la información necesaria para vigilar que se cumplan los estándares legales. Sobre la vejez y la dependencia “a todos nos ha tocado y a todos nos va a tocar”, reflexiona Mariví, “hay que mirar al futuro porque la población cada vez vivirá más”.