Los nostálgicos del franquismo se aferran a la ofensiva judicial para frenar las exhumaciones del Valle de los Caídos

Una cascada de recursos para intentar frenar las exhumaciones del Valle de los Caídos. Nostálgicos del franquismo han vuelto a emprender una batalla judicial, al igual que ya hicieran con la exhumación del dictador, con el objetivo de entorpecer que las familias que reclaman los restos de sus seres queridos, víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que fueron llevados al mausoleo franquista sin autorización ni conocimiento, puedan recuperarlos y darles un entierro digno. De momento, un juzgado ya ha atendido a las demandas y uno de los recursos ha logrado la paralización cautelar de la primera fase de las obras, iniciadas por el Gobierno el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, no es el único. Al menos casi una veintena presentados por distintas personas a título individual y asociaciones han llegado en las últimas semanas a diferentes juzgados con el mismo objetivo. 17 de ellos están redactados por el mismo abogado, Francisco Javier Zaragoza, según han confirmado el propio letrado y fuentes conocedoras del proceso a este medio. Hijo de un alcalde falangista, fue también quien logró la paralización cautelar de la exhumación del dictador con una estrategia idéntica: una batería de denuncias coordinadas y con argumentos calcados que acaban por retrasar y obstaculizar los procedimientos.

El abogado asegura que son “diferentes clientes” que “al igual que con las obras de profanación de la tumba del caudillo”, como denomina a la exhumación de Franco, “han decidido presentar recurso”. Esta es una de las claves de la maniobra judicial, ya que al tratarse de cuestiones urbanísticas y alegar los recurrentes la “ilegalidad” de las obras, la ley permite personarse a cualquier particular, no solo a los afectados directamente, ya que es un proceso de acción pública. Según las fuentes conocedoras del procedimiento, varios los han presentado asociaciones como Despierta España o la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, nacida contra la que califica como “revanchista y dañina” Ley de Memoria Histórica.

Esta última es precisamente la que firma el recurso que admitió esta pasada semana el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, cuya titular Eva María Bru Peral considera que las obras podrían causar daños “irreparables” en la basílica. Diez de los recursos están actualmente en este mismo juzgado y el resto en el nº 27 de Madrid. La proliferación de escritos puede entorpecer todavía más las obras si hay pronunciamientos dispares, como ocurrió en un primer momento con la exhumación de Franco, pero según fuentes jurídicas lo esperable es que todos se acaben agrupando en una única causa debido a que tienen el mismo sentido y objeto.

Desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática prefieren no hacer declaraciones al respecto, mientras que Patrimonio Nacional confirma a elDiario.es que recurrirá el auto.

Pero además de los recursos orquestados por Javier Zaragoza, hay al menos otro más que va por una vía diferente y que ha interpuesto otra organización: la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Según afirma, representa a “216 familias que tienen acreditada la presencia de los restos de sus familiares en el Valle y no quieren que se les remueva ni traslade ni se les someta a pruebas forenses de ningún tipo”, por lo que también ha recurrido la licencia de obras.

Ofensiva contra la exhumación del dictador

La ofensiva jurídica es la misma que la que ya impulsaron estos sectores durante el proceso de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que finalmente se produjo en octubre de 2019 con la autorización del Tribunal Supremo. Junto a los recursos presentados por la familia del dictador, también hubo una cascada de escritos firmados por asociaciones y particulares, más de una decena redactados por Javier Zaragoza. También entonces tuvo éxito y consiguió que un juez, José Yusty Bastarreche, muy posicionado contra las leyes de memoria, paralizara cautelarmente el proceso.

“La fundamentación es básicamente la misma que se siguió con el tema de la profanación de la tumba del general Franco”, dice el abogado, que según publicó La Sexta trabaja en un despacho “que parece un museo privado del fascismo” entre “fotos, medallas y banderas franquistas”. En el caso del dictador, también se alegaron irregularidades urbanísticas basadas en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco que cuestionaba los trabajos arquitectónicos en la basílica. “Yo esto lo hago en gran medida por mi padre. Admiraba al Caudillo, habría dado la vida por él”, le dijo entonces el abogado al periódico El Mundo, al que aseguró que heredó de su progenitor la filiación como socio a la fundación.

Ahora los argumentos de los recursos, tanto estos como el presentado por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que se dirige contra la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se basan en que las obras “atentarían contra los derechos fundamentales de miles de familias” que tienen “acreditada la presencia de los restos de sus antepasados en los osarios de la basílica y verían conculcado el derecho a descansar en paz” si se les “remueve o traslada”, manifiesta esta organización en una nota de prensa.

Los recursos escritos por Javier Zaragoza hablan también de la “necesidad de respetar el sagrado descanso eterno de los fallecidos” y la “ilegalidad” de la licencia de obras que concedió el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se ubica el Valle de los Caídos, a Patrimonio Nacional. Este último es el único de los razonamientos a los que ha dado pábulo la jueza, que aún deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto.

La Abogacía del Estado, sin embargo, defiende que no hay ninguna irregularidad y que las obras tienen por objetivo “facilitar un acceso seguro a las criptas”, pero “no se van a trasladar restos mortales de manera indiscriminada”, sino únicamente supondrá el traslado de los fallecidos cuyos restos quieran recuperar los casi 80 familiares que lo han pedido. El proceso, describen los servicios jurídicos, consta de una primera fase dedicada a las obras que se estaban desarrollando hasta ahora para habilitar los accesos, una segunda fase de intervención forense y otra de acondicionamiento de los columbarios que están en muy mal estado.