La ONU acusa a Israel de impedir la solución de dos Estados al fomentar los asentamientos

Con su política de progresiva construcción de asentamientos, Israel infringe innumerables obligaciones bajo la ley internacional, viola los derechos fundamentales de los palestinos e impide que sea viable una solución de dos Estados, según un informe de la ONU publicado hoy.

“Informe de la comisión internacional de investigación sobre las implicaciones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo Jerusalén Este”, es el título del estudio presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Este órgano, la máxima instancia de derechos humanos de la ONU, encargó en julio pasado a tres expertos -Christine Chanet, Asma Jahangir y Unity Dow- que investigarán y redactaran un informe sobre la “incesante” construcción de asentamientos por parte de Israel.

“Israel continúa promoviendo y manteniendo a través de infraestructuras y seguridad los asentamientos, a pesar de todas las resoluciones de Naciones Unidas que declaran que la existencia de estos asentamientos es ilegal”, reza el texto.

“La construcción de estos asentamientos no hace más que anexar progresivamente territorio palestino e impide el establecimiento de un Estado Palestino contiguo y viable, y socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”.

Los expertos recuerdan que la expansión de los asentamientos ha sido reiteradamente denunciada y declarada ilegal por instancias judiciales internacionales, incluida la Corte Penal de Justicia.

“Los asentamientos sólo benefician a los israelíes judíos y establecen un sistema de total segregación del resto de población que vive en los Territorios Palestinos Ocupados”, señala el texto, que recuerda que este sistema está sustentado por un enorme aparato militar.

El informe recuerda que la existencia de los asentamientos viola múltiples derechos de la población palestina, y entre ellos enumera: el derecho a la autodeterminación; a la no discriminación; a la libertad de movimientos; a la igualdad; al debido proceso; a un juicio justo; a no ser arbitrariamente detenido; a la libertad y a la seguridad de las personas, y a la libertad de expresión.

Asimismo, son vulnerados “diariamente” los derechos a la libertad de acceso a los lugares sagrados; a la educación; al agua; al habitad; a tener un adecuado estándar de vida; a la propiedad, y el acceso a los recursos naturales.

Todas estas violaciones y vulneraciones pueden ser perseguidas bajo al Tratado de Roma que estableció la existencia y el mandato de la Corte Penal Internacional.

Los expertos señalan que si el Gobierno palestino -que desde el pasado año cuenta con el estatuto de Estado Observador de la ONU y por tanto puede formar parte del Tratado de Roma- quisiera, podría denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional.

El informe hace especial hincapié en el hecho de que “Israel vulnere el derecho de los niños a la educación”, y critica que los menores sufran persecución y maltrato al mismo nivel que los adultos.

Finalmente, los expertos acusan a Israel de proteger a los responsables de la intimidación y la violencia contra los palestinos y de ocultar sus identidades a pesar de conocerlas perfectamente, en lugar de llevarlos ante la justicia.

“La conclusión clara es que se discrimina de forma institucionalizada a los palestinos con el objetivo último de echarlos de sus tierras y poder proseguir con la política de apropiación y expansión de los asentamientos”, concluyen los expertos.