El Pacto de Estado contra la Violencia Machista cumple dos años sin seguimiento y con medidas clave aún pendientes
104. Es el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que un día como hoy de hace dos años viera la luz el pacto que aspiraba a convertir la violencia machista en una cuestión de Estado. Así lo exigió el feminismo a finales de 2015 en una marcha multitudinaria sin precedentes y con esa idea se encerraron durante meses un grupo de diputadas de todos los partidos políticos. El objetivo era dar forma a más de 200 medidas que, desde diferentes ámbitos, mejoraran la respuesta institucional y social ante la violencia de género.
Pero, ¿qué ha sido del Pacto de Estado contra la Violencia Machista? Aunque la situación política actual mantiene en el aire su desarrollo, son varias las medidas de calado puestas en marcha por el Congreso y el Gobierno del PSOE después de que el PP de Rajoy lo dejara paralizado e intentara menoscabar su dotación económica. Sin embargo, en un año especialmente cruento –44 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2019, la cifra más alta a estas alturas desde 2011– aún son varias las propuestas clave sin desarrollar.
Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis exigen su reactivación porque “son urgentes determinadas reformas legislativas y se deben acelerar algunas medidas. Ni siquiera es una cuestión de urgencia, sino de emergencia”, señala la abogada Manuela Torres parafraseando a la reciente 'noche violeta'. “Además hay que exigir un control exhaustivo de lo que se ha puesto en marcha. Deben tomárselo en serio”.
Para este fin, el Congreso creó la Comisión de Seguimiento del acuerdo, pero en estos dos años apenas ha tenido actividad, según apuntan fuentes parlamentarias que integraban el grupo en la pasada legislatura. En su marco se produjo la comparecencia en agosto de 2018 de Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad en funciones, y de algunas organizaciones feministas, pero casi no hubo reuniones y no ha emanado de la comisión ningún informe de evaluación o control.
Preguntada la Secretaría de Estado de Igualdad por si ha desarrollado algún tipo de mecanismo o herramienta al margen, fuentes de la misma indican que es potestad de la Comisión de Seguimiento vigilar el grado de cumplimiento del Pacto. Las organizaciones, sin embargo, lamentan que no haya un mayor control y esperan que se revise próximamente el destino de los 20 y los 100 millones de euros que ya están en manos de los ayuntamientos y las comunidades autónomas respectivamente para desarrollar medidas.
Los primeros tienen, de hecho, hasta este 30 de septiembre para justificar el uso del dinero en este primer ejercicio (2018) y, según informan desde el Ministerio de Igualdad, han tenido hasta el mes de junio para gastarlo. En caso de que alguna medida no se adapte a los criterios establecidos o no se haya utilizado todo el dinero, explican, la cantidad correspondiente será descontada del ingreso de 2020, que ya se correspondería con el tercer ejercicio. Es decir, las evaluaciones de las justificaciones de los entes locales se completarán a dos años. La transferencia del segundo ejercicio (2019), por su parte, ya fue habilitada por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto.
Visitas y ampliación del concepto
A la espera de esta revisión, entre las cuestiones más demandadas aún pendientes sobresale la revisión de las visitas que suelen mantener los hijos e hijas de las víctimas con padres denunciados o condenados, algo que todas las voces reivindican, entre ellas, el propio Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo. En este sentido, el Pacto prevé el “carácter imperativo” de la suspensión de las visitas en los casos en los que el menor “hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”. Es la medida 204, a la que le sigue la prohibición de visitas cuando el padre ha sido condenado y se encuentra en prisión.
En la práctica, explica Torres, “nos estamos encontrando con que, o se hace una reforma legislativa ambiciosa, o no se suspenden las visitas”. Los datos del propio CGPJ demuestran que esta medida se sigue entendiendo como una excepción: en 2018, último año con cifras completas, la anulación del régimen de visitas supuso únicamente un 2,9% de las medidas cautelares dictadas.
Para tomar esta decisión, la justicia puede ayudarse de los equipos psicosociales de los juzgados, que evalúan a los menores, pero sus escasos recursos hacen que en muchos casos se colapsen y tarden hasta seis meses en emitir informes, según cita la Fiscalía en su última memoria. La mayor dotación de estos equipos es una de las medidas incluidas en el Pacto de Estado, que el Ministerio Público “echa en falta” no haber puesto en marcha aún. Además, desde Themis piden la aplicación urgente de la medida 152, que obliga a que los equipos policiales especializados presten atención las 24 horas del día.
La ampliación del concepto de violencia machista es otra de las asignaturas pendientes. El objetivo es que la legislación trascienda lo que contempla la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, que se ciñe al marco de la pareja o expareja, y también se consideren víctimas las mujeres que han sufrido agresiones sexuales o han sido asesinadas por hombres con los que no mantenían una relación sentimental, entre ellas Diana Quer, Laura Luelmo o Elena y Alba, la madre y la hermana de la mujer a la que mató su expareja en Valga (Pontevedra) hace diez días.
Esta ampliación, a la que obliga el Convenio de Estambul, “es necesaria” y “tendremos que ver cómo se desarrolla” a nivel práctico, destaca Lucía Avilés, de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), pero no es solo una cuestión estadística. Aunque la idea es que las cifras empiecen a contabilizar también estos casos, todavía está en el aire la manera en que los diferentes sistemas de atención y protección se adaptarán. “Quizás tendrían que ser los Juzgados de Violencia sobre la Mujer los que empezaran a ver estas materias porque están especializados, pero está por ver”, dice la jueza.
Reforzar los contenidos curriculares en relación a la igualdad y la violencia de género o la obligatoriedad de la educación sexual en todas las etapas son dos de los asuntos vinculados a la prevención aún en el cajón. Junto a ellos, las expertas reivindican una mejora de la detección del riesgo que evite las diferencias de concesión de órdenes de protección entre unos juzgados y otros, para lo que el Pacto obliga a incluir en la ley un listado de criterios “de referencia” de la situación de riesgo y el desarrollo de un plan para mejorar la efectividad de estas medidas.
La “ausencia” de la violencia sexual
Otras de las medidas de gran calado contenidas en el Pacto sí han sido desarrolladas. Entre ellas, el sistema que reconoce oficialmente a las víctimas de violencia de género independientemente de que hayan interpuesto o no una denuncia. De esta forma, las mujeres pueden acceder a prestaciones y ayudas sin verse obligadas a judicializar su caso. Por otro lado, el Gobierno ya devolvió a los ayuntamientos en agosto de 2018 las competencias en materia de violencia de género, que habían sido recortadas por el PP y eliminó la obligación de que los padres denunciados autoricen la atención psicológica de sus hijos e hijas.
El Congreso, por su parte, aprobó en la pasada legislatura la ley que garantiza pensiones de orfandad para todos los hijos e hijas de mujeres asesinadas tras eliminar los requisitos vinculados a la cotización de sus madres y dio luz verde a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para convertir la violencia de género en una especialidad jurídica. Una disposición que ya está desarrollando el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez ha querido reforzar la formación de los jueces mediante la puesta en marcha de un curso en perspectiva de género que han solicitado uno de cada cinco.
La medida que obliga a incluir a los menores en los protocolos de valoración policial del riesgo también ha sido desarrollada ya por el Ministerio del Interior, que asimismo ha reforzado por medio de una instrucción el mecanismo de protección para que las mujeres en situación irregular que denuncian violencia de género no puedan ser expulsadas. Sin embargo, y aunque el Pacto sí incluye que se extienda a todas las víctimas, el departamento dirigido por Grande-Marlaska no englobó en esta mejora a las mujeres que sufren agresiones sexuales.
La escasa entidad que la violencia sexual ha tenido en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista es otra de las cuestiones que lamentan las organizaciones. Entre las pocas medidas al respecto, se encuentra la creación de una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, pero tampoco se ha puesto en marcha. En este sentido, Amnistía Internacional ha lamentado que este tipo de violencia machista esté “ausente” del Pacto de Estado, un acuerdo condicionado al próximo escenario político que saldrá de las urnas el próximo noviembre.
