“Si no me resuelven la beca pronto, tendré que dejar la universidad”
Poco más de un mes. Es el plazo que María Alcázar, una estudiante de Periodismo de último curso, puede seguir manteniéndose sin la prestación del Ministerio de Educación. Becada todos los años con las mayores cantidades por situarse en el umbral de renta familiar más bajo, este año le han rechazado la ayuda por falta de documentación. “Me pedían un papel que acreditase la renta de mi padre, pero no lo entregué porque mi padre no hace la declaración. No está obligado, al tener tan pocos ingresos. Además, nunca me lo habían pedido”. Aunque María presentó el documento en los 15 días disponibles para las alegaciones, teme que la respuesta del Ministerio se alargue demasiado y no pueda afrontar sus gastos.
Esta murciana, estudiante de la universidad Miguel Hernández de Elche, cursa su último año escolar en Bilbao gracias al programa de movilidad entre universidades españolas Sicue. Fue una de las perjudicadas de que el Gobierno retirase el presupuesto de las becas Séneca (10,2 millones de euros en el curso 2012/2013), que constaban de 500 euros al mes a los beneficiarios.
María no renunció a “vivir la oportunidad de estudiar fuera”, y se fue contando con la beca general que siempre le han asignado, de 6.000 euros. Pero ahora el retraso de su resolución puede que la obligue a volver a casa. “En la página web del Ministerio no pone cuándo me van a dar respuesta y por teléfono me dicen que creen que en un mes y medio. Como tarden más, tendré que dejar el curso a la mitad”.
El tiempo no sólo juega en contra de esta futura periodista. El programa de televisión Espejo Público se hacía eco la semana pasada del caso de Antonio Maldonado, un estudiante de Derecho de la universidad de La Laguna al que el Ministerio de Educación también ha denegado la beca por falta de documentación.
Desde la Administración le piden la información fiscal correspondiente al ejercicio del IRPF de su padre, que falleció y no pudo hacer la declaración de la renta. El joven, con unos ingresos inferiores a 400 euros y muy buen expediente académico, de momento ha podido continuar sus estudios gracias al apoyo de compañeros y amigos. Alcázar desconfía del buen hacer del Estado: “Me parece que este año están revisando todo con mucho detalle para ver a quién pueden dejar fuera”.
El Ministerio de Educación anunció a principio de año que el pago de las becas generales se estaba agilizando. En el curso anterior, 2012 terminaba con 106.262 becas asignadas de la convocatoria general y de movilidad universitaria y, a finales de 2013, esta cifra ha ascendido hasta las 131.326 ayudas. Sin embargo, el pago de este año no es el de la totalidad de la beca, sino sólo de la nueva parte fija.
El sistema de subvención que puso en marcha este curso el ministro José Ignacio Wert divide las ayudas en dos partes: una cuantía fija, que es la que se está asignando por el momento, y una cuantía variable, que aún no se sabe de cuánto constará porque se calculará con el dinero que sobre de las primeras asignaciones.
“Dicen que con la cuantía variable subirán las becas para los que más las necesitan, pero yo no estoy tan segura. Las dividirán del dinero sobrante de las fijas y no saben cuánto les va a quedar”, dice Alcázar. Muchos estudiantes que antes recibían dinero (más allá del pago de las tasas) esperan la resolución de la cuantía variable porque no han recibido nada en el concepto fijo, lo que en las redes sociales se conoce como la #Cuantía0euros.
Exclusión por la nota mínima
Las novedades en el sistema de becas también afectaron a los mínimos académicos necesarios. El Ministerio de Educación, en el Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, establecía en un 5,5 la nota mínima de selectividad que da derecho a la exención de las tasas de matrícula en primer curso de la universidad, pero subía a un 6,5 la calificación que permite acceder a las becas generales. En el caso de los estudiantes de primer curso de máster, deberán acreditar una nota media de 7 puntos en sus estudios previos (un 6,5 en los másteres habilitantes).
Este criterio fue el que dejó a Lidia Moreno Blanco fuera del Máster Universitario en Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo. Diplomada en Turismo y, desde el año pasado, también licenciada en Antropología, pretendía hacer este posgrado público de la Universidad de Sevilla, pero con su 6,02 de media en Turismo no pudo entrar. “Era una forma de cerrar mi formación y más ahora que, con el plan Bolonia, los graduados hacen más posgrados. Es una forma también de no quedar en desventaja”.
Lidia anuló la matrícula, de 1.835 euros, porque en su casa no se lo podían permitir. A su padre, parado de larga duración, se le acabó recientemente la prestación por desempleo y, por el momento, sólo cuentan con su sueldo como recepcionista en un hostal de Sevilla. Siempre ha sido becada, por su nivel de renta, y eso le ha permitido sacarse las dos carreras. “Cuando vi que no podía hacerlo pensé: 'Cuando tenga dinero, lo haré'. Pero ahora, que ya he parado de estudiar y estoy trabajando, me doy cuenta de que es difícil volver a ponerte con los estudios. Te vas oxidando”.
El precio de la matrícula ha aumentado notablemente en los últimos años. Los universitarios de Madrid soportan las tasas más altas de España, que han subido un 68% en los últimos dos cursos para poder estudiar un grado. José Carrillo, rector de la Universidad Complutense, señaló el pasado octubre que este curso se han matriculado 800.000 créditos menos y, el anterior, se habían reducido en 400.000.
Gabriela (nombre ficticio) no olvidará lo caro que le salió no entregar un documento dentro del plazo establecido por su universidad. El año pasado terminó su grado en Derecho en la universidad Carlos III de Madrid, pero a punto estuvo de no hacerlo. “He recibido beca toda mi vida y no me podía creer que me quedara sin ella el último año de carrera”.
Un retraso en la convalidación de tres créditos dejó a Gabriela fuera de la matrícula gratuita por no tener el mínimo de grados aprobados. Para mantener la beca, los alumnos deben aprobar entre el 80% y el 90% de los créditos, dependiendo de la rama a la que pertenezcan sus estudios. “Tuvimos que hacer malabares en casa para pagarme el curso, que salió por unos 2.000 euros. Al ser mi último año, no lo iba a dejar, pero más de una vez creí que no llegábamos”. Gabriela terminó con una nota media de 7.
El pago fraccionado, una opción muy desigual
Sin embargo, lo que más indignó a Gabriela fue el poco margen para pagar la matrícula en la universidad. “Siempre he recibido de beca unos 3.000 euros, además de las tasas, y no tenía dinero para pagar la matrícula”. Así que solicitó la opción del pago fraccionado, que en el caso de la Universidad Carlos III de Madrid tan sólo se divide en dos plazos en el primer cuatrimestre.
“Recibí una carta en la que me ponían que, si no había pagado a tal día, no me podía presentar a los exámenes. Con los tiempos que corren, no entiendo que haya tan poca flexibilidad”, apunta Gabriela. “No es que no quisiese pagar, es que no podía. Necesitaba tiempo para reunir el dinero”, que finalmente le dejaron familiares y amigos.
La modalidad de pago fraccionado es una opción que diseña cada universidad con cierta libertad, dentro de lo que establezca la normativa de su comunidad autónoma. En el caso de la Comunidad de Madrid, el Decreto 60/2013, de 18 de julio recoge en su artículo 13 que “cada universidad podrá establecer sus propios procedimientos de matriculación y sistemas de pago único y fraccionado”, excepto en las matrículas inferiores a 350 euros, que se deben abonar en un pago. Además, la regulación madrileña establece un sistema de tres plazos para aquellos casos en los que las universidades no fijen una fórmula propia de pago fraccionado.
La aplicación del pago en varios plazos es muy diferente según las universidades. Los tres plazos de la Universidad Carlos III –dos en el primer cuatrimestre y solo uno en el segundo– se quedan a mucha distancia de los 11 que admite la Universidad Politécnica de Madrid, divididos en seis y cinco pagos. La Universidad Rey Juan Carlos fija ocho plazos y la Complutense, seis.
Las delegaciones de estudiantes de la Universidad Carlos III se han reunido este lunes con la vicerrectora de Estudiantes para ampliar los plazos, como llevan pidiendo desde hace tiempo. Colaboraron con la petición de firmas de la Marea Verde de la universidad y presentaron una propuesta de ocho plazos en el Consejo de Gobierno, cuenta Guillermo I. Capdevilla, delegado de la facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación.
Entonces se decidió que no se iba a tratar, pero ahora la vicerrectora les ha planteado un fraccionamiento de cuatro plazos y la posibilidad de que el centro trate de manera individualizada los casos con menos recursos. “Me quedo algo tranquilo de saber que puede haber casos especiales en los que se amplíe el margen de pago, pero aún no hemos decidido si lo aceptaremos. En febrero trataremos el tema en el Consejo de Delegación”, afirma Guillermo.
El pasado 13 de enero, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, comunicó a los rectores de la comunidad su intención de ampliar en la normativa con carácter general los plazos del pago fraccionado, que proponen desde hace tiempo varias universidades.
En la actualidad, el Decreto 83/2013, de 16 de julio establece la posibilidad de pago en dos plazos iguales con carácter general y en tres plazos para el alumnado que cumple con los requisitos económicos del régimen general de becas en su umbral máximo, pero que no es beneficiario de las becas por otros motivos, como los académicos. El decreto también deja abierta la puerta a la ampliación de plazos por parte de los rectores, “con carácter excepcional” y “de manera individualizada”.
