El negocio de la sanidad privada crece imparable a costa del deterioro del sistema público
Mientras la sanidad pública se deteriora, la sanidad privada en España crece y crece. El negocio sigue sumando clientes y acumulando ingresos. Tanto las empresas sanitarias como las aseguradoras de salud disfrutan de viento de cola y han ingresado un 16% más en los últimos cinco años. Mientras, una UCI pediátrica quedó inutilizada por una catarata de agua en Madrid hace unas semanas o los jefes de urgencias en Galicia acaban de pedir medidas a la Xunta para frenar los colapsos.
Las clínicas privadas ingresaron en 2016 (a falta de cerrar datos más recientes) 6.175 millones de euros. En 2010 eran 890 millones menos, según la recopilación de datos de la analista DBK. Pero es que, el número de personas que acude a un seguro sanitario privado sigue al alza y superó en 2017 los 11,5 millones de pólizas. Un salto de más de un millón desde 2013. Todo ese volumen dejó unos ingresos mayores a 8.000 millones de euros el año pasado, según explicaba la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) con datos de ICEA. Eran 2013 sumaron 6.937 millones.
Así bajó el gasto público en Sanidad y crecieron los ingresos privados
Evolución en comparación con 2008 del gasto sanitario público, de los ingresos por primas de los seguros privados de salud y de la facturación de los hospitales privados. Datos ajustados a inflación
El hecho de que el sector sanitario privado crezca a costa de la caída del público no es una correlación exclusiva a cargo de grupos como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. La consultora AON analiza, y ha dejado por escrito en su previsión para el año 2018, que, entre los motivos de la bonanza del ámbito privado, se encuentran “las deficiencias en el sector sanitario público que sigue sufriendo las medidas restrictivas tomadas en 2012”. Es decir, relaciona directamente el deterioro de la sanidad pública con el auge de las pólizas privadas.
La Fundación Idis –organización que aglutina al sector sanitario privado– interpreta que esta situación es una buena noticia para la sanidad pública. Consideran que el papel creciente de sus empresas “contribuye a la descarga y el ahorro del sistema público” ya que, entienden, se “liberan recursos” porque los ciudadanos que “cuentan con un seguro privado no consumen, o consumen solo en parte los recursos públicos”.
El sistema se ha deteriorado al mismo tiempo que los gobiernos central y autonómicos invertían menos en sanidad pública. El Sistema de Cuentas de la Salud refleja que el gasto público cayó desde 2011 a 2015 (últimos datos verificados): de 75.000 a 71.000 millones de euros para sostener la atención sanitaria (y eso que en 2015 hubo un repunte). En ese mismo tiempo, las familias tuvieron que aumentar su aportación directa más de 3.000 millones: de 20.500 a 23.800. Un salto del…..16% experimentado en pleno estirón de los ingresos de las empresas privadas dedicadas a la salud.
El análisis de AON también explica que hay “cada vez mayor concienciación de la sociedad en torno a la salud”. Demanda que ha encontrado hueco en el sistema privado. En palabras de un informe de la Fundación Idis: “En un contexto de dificultades financieras, la Administración Pública opta por una política de transferencia de costes hacia las familias”.
Una cascada o una carta inventada
Además de las grandes cifras, van sucediéndose episodios de desgaste en centros sanitarios públicos del país. A mediados del pasado enero, una catarata en la UCI pediátrica del hospital 12 de Octubre de Madrid obligó a evacuar a los niños internos. El reventón de una tubería hizo que la unidad se desperdigara por tres plantas diferentes para acometer las reparaciones. “Se pone en riesgo la seguridad de los pacientes”, dijeron los sanitarios. Ese mismo centro vivió en 2016 varios desprendimientos de techos por la falta de mantenimiento. También el agua anegó en enero el área de urgencias lleno de pacientes de otro gran hospital madrileño, La Paz (que siempre asoma entre los mejor valorados de España).
Pero no todo es Madrid. En Castilla y León, hace unas semanas, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, tuvo la idea de redactar un escrito que salía al paso de las críticas a su gestión para hacerla pasar por carta espontánea de jefes de servicio hospitalario. La misiva vio la luz pública el mismo día que se celebraba una manifestación de protesta contra, decían los concentrados, las privatizaciones, las listas de espera encubiertas y la precarización de los profesionales sanitarios. De hecho, el nuevo hospital de Burgos se ha erigido en ejemplo ilustrativo de los sobrecostes a la hora de poner en marcha un centro privatizado dentro de la red pública.
El sistema por el que se creó el centro burgalés, el denominado de “colaboración público-privada”, vio sus primeros pasos en la Comunitat Valenciana mediante la puesta en marcha del hospital de La Ribera, el ya célebre modelo Alzira. Una manera de gestionar la sanidad pública que externaliza prácticamente todos los servicios: desde la construcción del hospital a la asistencia médica a cambio de un canon público que aportan las arcas autonómicas. Porque dentro de las partidas que alimentan al sector sanitario privado también se cuenta el dinero que reciben de conciertos y concesiones con las administraciones. Hasta 1.525 millones de euros en 2016, según el informe de DKB.
Este modelo es el que la Generalitat valenciana está en proceso de reversión. Tras pasar por varias fases en los juzgados por las resistencias de la concesionaria Ribera Salud, la consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha reclamado más de 100 millones a la empresa por los pagos excesivos que el Ejecutivo realizó a la empresa durante su gestión del área de salud asignada.
El mapa d también puede extenderse a Galicia donde hace solo unos días, los jefes de urgencias pidieron a la Xunta que tomara medidas para atajar el colapso en sus servicios. Un sistema sanitario el gallego en el que se dan circunstancias tan precarias como contrataciones para jornadas de dos horas, llamadas de última hora para incorporar a profesionales sanitarios y series constantes de contratos temporales para cubrir puestos estructurales. También al arrancar 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Junta por utilizar personal temporal durante ocho años en los mismos puestos sin justificación
