La vara de medir de su señoría
La exhumación del dictador Francisco Franco se está demorando en exceso y eso lleva a que sus familiares, afines y devotos seguidores vayan ideando nuevos obstáculos y trabas a fin de intentar evitar que se lleve a cabo. Lo que indica una mala voluntad evidente que se traduce en una pérdida de tiempo – muy escaso por otra parte- ocupado en trámites burocráticos que finalmente soslayan los derechos, la dignidad de las víctimas y la ley de la Memoria Histórica.
En este país se han hecho grandes y sonadas afirmaciones sobre la calidad de nuestra democracia, en igualdad y equiparación con otras naciones desarrolladas, pero no es verdad. España sigue llevando atada al cuello la carga de una dictadura que no se acaba de marchar. Sucede porque existe todavía un poso de individuos que se resiste a avanzar y continúa trabajando en la propagación de un pasado que pone los pelos de punta y que escenifica verdaderas aspiraciones fascistas disfrazadas de grandes mitos patriarcales, guerreros y nacionales tan huecos como falsos. A tal punto que partidos que podríamos haber considerado de la derecha europea hace unos años, como es el caso del PP, ha sacado a flote a la primera oportunidad el tarro de las esencias más rancias y ahí tenemos a Pablo Casado que quiere seguir dejando la historia en las cunetas. Tanto es así que va del bracete con alegría de la ultraderecha de VOX, con el acompañamiento y anuencia, cada vez menos disfrazados, de Ciudadanos, dándoles la llave de la comisión que lleva estos temas en Andalucía para que “ponga orden” en esta materia. Nada mejor que introducir al zorro en el gallinero para acabar con las gallinas. Y si la suerte les sonríe pasará del experimento del sur al campo de pruebas del territorio nacional, que es lo que ambos pretenden.
La vestal principal encargada de mantener el fuego del recuerdo es la Fundación Francisco Franco, una organización impensable en país democrático alguno. Lo que propugnan se llama fascismo, sin paliativos. ¿Quién puede imaginar en Alemania una Fundación Adolf Hitler? Pues señores, aquí tenemos una entidad que hace apología de un golpista causante de millares de muertes y desapariciones y que para más desazón ha recibido subvenciones públicas para continuar sus actividades.
La última treta de esta Fundación, empeñada no ya en conmemorar sino en recuperar el pasado e imponerlo, ha sido generar una veintena -hasta donde se sabe- de demandas calcadas unas de otras contra la disposición técnica del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial necesaria para acometer la tarea de extracción de los restos del dictador. Tales demandas recalaron en diferentes juzgados de lo Contencioso de la comunidad madrileña, alertando en base a un informe técnico de arquitectos de esta entidad franquista, sobre un posible peligro en relación con la ejecución material de los trabajos.
Las demandas parecían descabelladas y planteadas para dilatar los plazos. Sin duda en el imaginario de la Fundación debía estar la idea de que unas nuevas elecciones podrían traer un Gobierno de otro signo más adecuado a sus intereses, que deje las cosas como están. En la línea del concepto de españoles de bien que propugnaban en su manifiesto de la Plaza de Colón las formaciones de derecha, que, en este punto, piensan de consuno.
Estas peticiones de medidas cautelosísimas, fueron inadmitidas o archivadas por diferentes magistrados de otros tantos juzgados madrileños de lo Contencioso. Por ejemplo, el juez número 13, Daniel Sancho Jaráiz, ha desestimado varias por considerar que la actuación urbanística precisa “no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares”. Y no ve este juez la justificación al alegato de que sería irreparable en el terreno del urbanismo los efectos de retirar la lápida.
Esta ha sido la tónica por el momento en diferentes juzgados hasta que una de las demandas llegó al número 3 de lo contencioso administrativo de Madrid cuyo titular, magistrado José Yusty Bastarreche, hijo de almirante franquista, que, según cuentan sus colegas, gusta de colgarse una condecoración castrense en su toga judicial y que no es muy amigo de la ley de Memoria Histórica. José Yusti ha decidido, en vez de abstenerse por tener claros prejuicios en el caso, suspender cautelarmente la obra de exhumación mediante una resolución que es un ejemplo de como un juez puede buscar fórmulas para retorcer el derecho y adaptarlo a sus convicciones.
Siguiendo el texto emitido por su señoría, lo que piden los demandantes es impugnar “el informe preceptivo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de fecha 26 de noviembre de 2018, con de registro de entrada nº 2018/5044, por el que se declaran admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar, la exhumación de los restos mortales del citado, formalización de muretes para el apoyo del forjado del hueco excavado mediante la colocación de rasillones y capa de compresión, y la reposición de la obra mediante losas de mármol negro”.
Entre otras cosas llamativas, a José Yusty le preocupa y cito textualmente: “es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 Kgs. de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí es algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra…”.
¿Qué diría este magistrado si tuviera que considerar el riesgo de construir un viaducto? ¿O de levantar un rascacielos? Apoyado en el informe técnico de los dos arquitectos de la Fundación Francisco Franco, plantea sus opiniones contrarias a la obra aduciendo además que “no hay que olvidar que la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos contiene una cripta, que necesariamente ha de ser grande, es decir, debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra, que hay que recordar que es de 2.000 kg. de peso aproximadamente, puede desestabilizar el conjunto, al menos en la autorizada opinión de dos profesionales en la materia”. Dando por buena la opinión de los peritos de parte que consideran como recoge el magistrado que no se ha hecho un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación. Hay que suponer que aquel día, el juez Yusti se levantó con el pie derecho. O puede que ese pie sea su favorito, todos los días.
Pero, sea cual sea la tendencia ideológica de este magistrado en cuestión, desde luego, el razonamiento que utiliza en su resolución para paralizar la apertura de la cripta conduce al absurdo e impediría cualquier obra de reparación en cualquier circunstancia. Sin embargo, no atiende, y eso es lo llamativo, a una interpretación mucho más lógica y elemental, a la vez que más conforme con los intereses en juego: disponer que se garanticen las pertinentes medidas de seguridad que tanto le preocupan y autorizar la continuación de las obras que, por lo demás, deberán ser supervisadas por el personal técnico correspondiente, y así permitir que la exhumación no se paralice. Claramente el magistrado ha hecho una extralimitación ideológica al resolver la cuestión, vertiendo opiniones que exceden de lo que es una interpretación racional, razonada y protectora de los derechos de las víctimas. A no ser que, el juez Yusti, considere que la víctima es Franco y no los decenas de miles de desaparecidos, torturados, asesinados o esclavizados por orden de aquel.
Realmente es de suma gravedad que algunos jueces revictimicen a quienes sufren la injusticia con este tipo de resoluciones desde el punto de vista de una auténtica justicia anamnética, o dicho de otro modo, desde el reconocimiento de la vigencia de los derechos negados en su momento por los padecimientos inferidos voluntariamente a los inocentes y que siguen vigentes desde la memoria. Estas víctimas, siguen sufriendo el olvido y desconocimiento a causa de quienes tendrían que protegerlos. Tales decisiones nos humillan como pueblo, nos ponen fuera de la defensa y respeto a los derechos humanos y deberían ser erradicadas de nuestra convivencia.
Un pueblo que sufrió casi 40 años de dictadura lapidaria y que aún padece los efectos de la misma no se merece decisiones que, revestidas de ropajes jurídicos, realmente lo que hacen es desnaturalizar la verdadera justicia y ocultar su intención real de ir contra la reparación simbólica que supone la exhumación del dictador allí enterrado.
A veces y con todo el dolor de corazón reconozco que la desconfianza de muchos ciudadanos se justifica y ocurre que sí, que en ocasiones la justicia dispone de una vara de medir diferente, según quien sea el demandante que la solicita y el juez que la perpetra.
