¿Son los permisos iguales e intransferibles la medida de conciliación que este país necesita?
El pacto Sánchez-Iglesias sanciona e impulsa la implementación de los permisos iguales e intransferibles en España con la ampliación de los permisos paternos que a día de hoy son ya de 8 semanas. Aunque se habla de “incremento” y “mejora” de los permisos parentales, el hecho es que el único permiso que se ha incrementado es el paterno. Los datos del Ministerio de Trabajo nos dicen que ya hay más hombres que cobran prestación por paternidad (140.716 en 2019), que mujeres por maternidad (124.867 en 2019). Es más, las prestaciones por maternidad han disminuido un 2% respecto a 2018, mientras que las de paternidad han aumentado un 10,23%.
El hecho político consumado es que los permisos iguales e intransferibles son una medida que asigna nuevos derechos y canaliza gasto público a los padres y no a las madres. Pone en valor la paternidad y deja a las madres a la merced de las coacciones del mercado laboral; en vez de mitigar, agrava la invisibilidad, la precariedad y la banalización de la maternidad en el capitalismo tardío.
Muchas mujeres nos preguntamos ¿verdaderamente es esta la medida de conciliación que este país necesitaba? A las feministas, la natalidad no nos preocupa desde planteamientos nacionalistas y economicistas --hoy la mayoría de las mujeres no traemos criaturas al mundo para sostener pensiones y hacer funcionar la rueda del capital-- pero sí nos importa todo aquello que condiciona y coacciona las decisiones de las mujeres, como lo hacen las estructuras socioeconómicas que degradan la vivencia de sus maternidades deseadas.
España dedica a la protección social de maternidad y crianza la mitad de la media de la UE 28 (2,4% del PIB en la UE 28 y 1,3% en España en 2016, últimos datos completos en Eurostat). Si desglosamos este gasto en Infancia/Familia según los diferentes tipos de intervención social que hay (beneficios fiscales, servicios y prestaciones monetarias) vemos que España dedica a la función Infancia/Familia en transferencias monetarias ¡solo la tercera parte de la media de la UE 28! Las transferencias monetarias (por ejemplo las prestaciones universales por hije a cargo) son prestaciones fundamentales cuando hablamos de verdadera igualdad y de lucha contra la pobreza. Son un tipo de beneficio que contribuye a la redistribución de las rentas el doble que los impuestos1: si se recorta en transferencias sociales aumenta la desigualdad. Pues bien, España, en transferencias sociales para la infancia, es el país que menos invierte de toda la UE 28.
Con este panorama no puede sorprender que siempre estemos a la cabeza de Europa en tasas de pobreza infantil, ni que España sea de los pocos países europeos que carece de una prestación universal de ayuda a la crianza; pero lo que resulta desesperante es que cuando por fin en nuestro país se aprueba destinar una partida del presupuesto para Infancia/Familia a transferencias monetarias ¿a quién van destinadas? A los padres. La ampliación de la remuneración de los permisos paternos es además una prestación que solo reciben los y las asalariadas, en un país donde los índices de paro e inactividad son muy altos y donde al menos un 30% de las criaturas nacen de madres sin empleo.
Los permisos iguales e intransferibles no solo no contribuyen a la igualdad, sino que perseveran y acrecientan algo que es un rasgo típico de la protección social en España: su carácter familiarista, antiredistributivo y regresivo.
Siguiendo las lógicas familiaristas, la protección social siempre va a preferir canalizar recursos hacia los asalariados y los mayores, y también privilegiará la asignación de prestaciones de acuerdo con criterios que refuercen los lazos familiares entre adultos (matrimoniales y familia extensa); pero evitará sistemáticamente destinar beneficios a la infancia, y a la maternidad como algo propio de las mujeres. La vulnerabilidad socioeconómica derivada de la crianza se rechaza en los sistemas familiaristas como criterio suficiente para la asignación de beneficios sociales; algo que en los países nórdicos es precisamente uno de los pilares de sus sistemas de bienestar.
Para entender cómo opera este reparto antiredistributivo y familiarista de los recursos sociales, pondré un ejemplo de los muchos posibles: el Estado español destina a la protección de la infancia y la crianza el 1,3% del PIB y a la protección de “Supervivientes”, es decir a pensiones de viudedad, el 2,3% del PIB (Eurostat, datos para 2016). Las pensiones de viudedad son un derecho derivado típicamente familiarista, y son pensiones no sujetas a comprobación de rentas, por lo que no son un beneficio redistributivo; eso no impide que el Estado español destine a viudos y viudas casi el doble de presupuesto de lo que destina al bienestar de toda la infancia del país. En la lógica familiarista, el bienestar de las criaturas no es algo que atañe al Estado: no se piensa en términos de corresponsabilidad del Estado en la crianza, sino que la crianza se considera un asunto privado que se resuelve en el interior de las familias (asumiendo que son siempre biparentales y que tienen dos empleos formales). La maternidad como algo que afecta a las mujeres de manera diferencial no existe. El Estado vela únicamente por la igualdad laboral, y según la visión neoliberal de la redistribución, las gentes encontraran los recursos que necesitan en el mercado.
Esta lógica modela un sistema en el que madres y criaturas tienen siempre un riesgo de pobreza muy superior al resto de la población, y esto podemos verlo en los datos que analizan la pobreza en el estado español. Al analizar el riesgo de pobreza por tipo de hogar hay una constante a lo largo de los años: los hogares donde sí hay menores tienen siempre más probabilidades de estar por encima de la media en riesgo de pobreza, y los hogares donde no hay menores van a estar por debajo. En España la presencia de menores en el hogar es un factor determinante de la pobreza.
El sistema familiarista, que es patriarcal, está orientado hacia un objetivo primordial: preservar el rol fundamental de la familia y su cohesión. Para ello nada mejor que la precarización de la infancia, la crianza y la maternidad. Si la crianza es económicamente imposible fuera del marco de una familia biparental matrimonial, e incluso, sin el apoyo de la familia extensa, la reproducción del sistema familiarista esta asegurada. La precarización de la crianza garantiza que la sociedad va a recrear continuamente el sistema en un círculo (¿solidario o vicioso?) que se retroalimenta: Ausencia de prestaciones del Estado para la crianza – Precariedad de madres y criaturas -- Necesidad de la Familia como fuente de recursos – Refuerzo de las cohesiones familiaristas (familia nuclear matrimonial y extensa) -- Estímulo y legitimación para la inhibición del Estado en la protección de la crianza.
Familiarismo y capitalismo coinciden en su visión de la maternidad y la crianza, y los permisos iguales e intransferibles son un buen ejemplo de esta sinergia: por un lado, la maternidad es abordada como una anomalía, una disrupción en el mercado, y así, se respeta el dogma capitalista que establece que solo a través del mercado se pueden canalizar derechos y recursos. Al mismo tiempo, esta negativa a destinar recursos a la maternidad y a las criaturas se pliega al criterio familiarista y patriarcal que considera que la crianza es un asunto familiar privado y expropiado a las mujeres, y al reproducir la inhibición del Estado en la protección de las criaturas, se satisfacen además las exigencias neoliberales de austeridad en la protección social, especialmente si ese gasto que no va destinado directamente a los “trabajadores”.
Los permisos iguales e intransferibles has sido diseñados respetando criterios familiaristas y capitalistas. Por eso, cuando oigo a personas bienintencionadas decir que el permiso materno efectivamente debe ser ampliado, pero que es bueno que los papás tengan 4 meses intransferibles, me preocupa la falta de realismo político. En un contexto socioeconómico que restringe el gasto social en general, y en un país donde las lógicas familiaristas están perfectamente incorporadas en la gestión del gasto social y en las mentes de políticos y ciudadanía, es muy muy improbable, por no decir inconcebible, que tras el esfuerzo presupuestario realizado para otorgar 4 meses intransferibles a los padres, vaya a existir la posibilidad de ampliar los permisos de las madres en los próximos años, al menos con un nivel de remuneración aceptable. Hasta lograr el apoyo y el reconocimiento social de la maternidad necesario para poder optar a cuidar de nuestras criaturas durante al menos un año, las madres seguiremos luchando.
