Moreno Bonilla calca el plan de venta del patrimonio andaluz de Susana Díaz, pero calcula diez veces más ingresos
El primer relevo en el Gobierno andaluz en 36 años y medio ha provocado un repentino intercambio de discursos entre PP y PSOE. Hoy los populares gobiernan y defienden la política de venta de suelo público que hasta hace dos meses tildaban de “fracaso absoluto”, cuando gestionaba el Ejecutivo de Susana Díaz; y frente a ellos, los socialistas han empezado a hacer oposición al gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla cuestionando políticas que hasta ayer ellos mismos aplicaban “con éxito”.
El primer ejemplo de intercambio de roles gira en torno a la estrategia de venta de suelo público que ha anunciado el presidente de la Junta para compensar la merma de ingresos prevista en su rebaja fiscal. No es un plan nuevo. La Agencia pública de la Vivienda, órgano dependiente de la Consejería de Fomento, lleva adjudicando suelo de titularidad autonómica desde 1986. Desde que comenzó la enajenación de suelo titularidad de dicha agencia, se han adjudicado bienes por valor de 520 millones de euros, según datos de la agencia.
La novedad está en que el PP baraja unas expectativas de ingresos desde el Gobierno mucho más optimistas de lo que apuntan los datos de venta del anterior Ejecutivo socialista. Moreno Bonilla calcula que obtendrá “entre 500 y 700 millones de euros” por esta vía. Sin embargo, en toda la legislatura pasada, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antes EPSA) adjudicó suelo público por valor de 61 millones de euros, diez veces menos de lo previsto por el nuevo presidente andaluz. La Junta asegura que AVRA “no es el único departamento que puede vender patrimonio”, pero sí es el que más terreno tiene en venta en la actualidad. La última oferta pública de suelo de titularidad autonómica -el plazo de compra se cerró la semana pasada- es de 752 parcelas, con una extensión total de 887.701 metros cuadrados, con un precio de 127 millones de euros.
La mayor parte de este suelo es para uso industrial: 529.989 metros cuadrados en 418 parcelas (51,5 millones de euros); y las otras 334 parcelas (con 357.712 metros cuadrados) son solares para viviendas, con un precio total de 75,4 millones. Los terrenos para uso residencial en venta se subdividen en dos categorías: 214 parcelas para vivienda “libre”, con capacidad para 1.469 pisos (49,3 millones); y otras 120 parcelas de uso residencial “protegido”: 101.221 metros cuadrados, con capacidad para 1.651 viviendas (precio de la oferta 26,1 millones).
Ingresos y gastos
El nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se ha estrenado con el cumplimiento de una promesa electoral: la eliminación de facto del impuesto de sucesiones y donaciones, un gravamen sobre las herencias de más de un millón de euros. Es el primer paso de una rebaja fiscal generalizada, al que seguirá un recorte del tramo autonómico del IRPF, otro del impuesto sobre actos jurídicos documentados (la llamada tasa hipotecaria), y una posterior revisión de la “fiscalidad ambiental”.
Esta política desfiscalizadora, punta de lanza del centro derecha andaluz, supondrá una merma de ingresos considerable. El impuesto de sucesiones, al repercutir sólo a las familias más adinerada, apenas representa el 2% de la recaudación tributaria de la Junta. El año pasado la Administración andaluza ingresó por este concepto 238,5 millones de euros, aunque el nuevo gabinete ha calculado que la supresión de esta tasa sólo le supondrá una merma de unos 40 millones. Con el impuesto de las hipotecas, y gracias a la reactivación del mercado inmobiliario, la Junta ingresó otros 173,6 millones de euros el pasado ejercicio. Además de rebajar la presión fiscal, el Gobierno de Moreno Bonilla prevé eliminar la subasta de medicamentos, que representaba un ahorro de 400 millones para la Administración, según el anterior gabinete.
Herencia socialista
A los socialistas, que han gobernado durante tres décadas Andalucía, no le cuadran los cálculos del nuevo presidente: esos 700 millones que esperan ingresar con la venta de suelo público, y denuncian un supuesto plan oculto para deshacerse de “patrimonio andaluz y empresas públicas que son rentables”, alertó Susana Díaz el viernes en un comité director del PSOE. Los cálculos de Moreno no se limitan únicamente a las adjudicaciones de la Agencia de Vivienda. Al fin y al cabo, l objetivo social de AVRA no es hacer caja, sino ampliar el mercado de vivienda pública y accesible y ponerla a disposición de los ayuntamientos. Otras consejerías pueden adjudicar patrimonio pero, por ahora, ese proyecto “no está del todo definido”.
La Junta lleva años intentando dar salida a su patrimonio, poniendo en venta solares en desuso, pero el mercado inmobiliario ha estado cerrado a cal y canto durante los ocho años de crisis. Los expertos auguran una apertura que invita al optimismo, pero “no como para multiplicar por diez los resultados de venta en un solo mandato”, advierten fuentes de la patronal.
La Agencia pública de Vivienda activa cada año entre tres y cuatro ofertas públicas de venta para la adjudicación de suelos de carácter residencial libre, industrial, dotacional y terciario, así como naves industriales, locales comerciales, trasteros y garajes. La oferta que se abrió la semana pasada incluye esas 752 parcelas industriales y residenciales por valor de 127 millones de euros. Aunque muchos de estos suelos ya salieron en venta en la subasta anterior, y en la anterior, y en la anterior. El handicap de esta estrategia es que el mercado inmobiliario no absorbe todo el patrimonio que la Junta quiere vender, ni siquiera abaratando los precios.
También el último Gobierno de Susana Díaz hizo una previsión muy optimista por la venta de solares de titularidad autonómica y, en los Presupuestos Autonómicos de 2016, 2017 y 2018, estimó los ingresos por este concepto muy encima de los 61 millones que finalmente recaudaron en esos tres años. Parte de los suelos en venta de la Junta fue la compensación “en especies” de la llamada deuda histórica, un término que el PSOE explotó para denunciar el déficit inversor del Estado en Andalucía durante los años 80, cuando la Junta asumió sus competencias de autogobierno, pero no el presupuesto para gestionarlas. Esa “deuda histórica” se blindó en el Estatuto andaluz y al final se saldó con el traspaso de unos solares valorados entonces en 780 millones de euros. La Junta lleva años intentando venderlos, pero la gran mayoría de los llamados “suelos de la encomienda de gestión” eran suelos protegidos, no edificables. El último Presupuesto andaluz, de 2018 (prorrogado este año), incluye una vez más un ingreso de 94 millones de euros por la venta de parte de estos terrenos que aún no se han vendido.
El desfase entre lo que se esperaba conseguir y lo que se consiguió ha sido siempre muy criticado por el portavoz del PP en la comisión parlamentaria de Fomento, el veterano Jaime Raynaud, que ahora es el viceconsejero de Fomento. Raynaud debe defender hoy lo que ayer cuestionaba con mucha beligerancia. “La política de oferta de suelo público que el Gobierno andaluz viene practicando es un rotundo fracaso, ha demostrado su ineficacia porque el patrimonio de la Junta está hoy en saldo, en constante y permanente rebaja, y los datos entre lo que se vende y lo que se compra son para ponernos los pelos de punta”, dejó escrito Raynaud en el diario de sesiones de una comisión parlamentaria.
Vivienda en manos de IU
El cambio de Gobierno también ha provocado un giro radical en el discurso del PSOE, que ha reaccionado de forma muy beligerante ante el anuncio de Moreno, poco menos que denunciando un “expolio” del patrimonio andaluz. “El Gobierno de PP y Ciudadanos le va a hacer un regalo fiscal a los millonarios y para compensar la merma de ingresos pone en venta el patrimonio de todos los andaluces. Son muy de derechas”, denunció hace unos días en la Cámara el portavoz socialista, Mario Jiménez.
Los resultados de la venta de patrimonio público para obtener liquidez se pueden comprobar desde 1986 hasta la actualidad, pero es una práctica que la Junta multiplicó exponencialmente a partir de 2010, durante el mandato de José Antonio Griñán, cuando la Administración andaluza entró en plena crisis, con serios problemas de tesorería y liquidez. La antigua Agencia de la Vivienda (EPSA) tenía un objetivo social claro, que era dinamizar el mercado de vivienda libre o protegida, y generar industria y empleo adjudicando suelo terciario. Esta filosofía sólo se interrumpió durante los tres años del Gobierno de coalición PSOE-IU, entre 2012 y 2015.
Durante esos años, la coalición de izquierdas se hizo con la Consejería de Fomento y Vivienda y transformó completamente la filosofía de trabajo: dejó de vender el parque público inmobiliario y quiso convertir la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antes EPSA) en un instrumento para intervenir en el mercado de vivienda, tratando de “frenar la escalda de precios y buscando una solución habitacional a las personas con menos recursos y para rehabilitar el parque público”. “Usar AVRA como una promotora inmobiliaria es algo que hacía el PSOE y que el PP va a continuar haciendo. Ahora el mercado puede absorber más solares, pero no creo que alcance para recaudar los 700 millones que dice Moreno, a no ser que hayan encontrado petróleo”, bromea la diputada y ex portavoz de IU en la comisión de Fomento, Inmaculada Nieto.
Otros suelos en venta
El Gobierno andaluz es, por ejemplo, uno de los mayores latifundistas de la comunidad autónoma, posee más de 10.000 hectáreas de tierras públicas. La mitad, según fuentes de la Consejería de Agricultura, están siendo trabajadas por cooperativas o ayuntamientos y las otras 4.800 hectáreas son gestionadas directamente por la Agencia pública de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa). En estos terrenos, según datos de la Junta, se crean 5.000 jornales al año, un 0,1% del total de la superficie agraria útil de Andalucía. En cambio, el Sindicato Andaluz de Trabajadores denuncia que en Andalucía el 50% de la tierra cultivable está en manos del 2% de propietarios privados, y pide que los terrenos de la Junta no se los queden los especuladores y las grandes empresas.
Izquierda Unida pactó con el PSOE la creación de un banco público de tierras cuando cogobernaban juntos, uno de los proyectos que incluía la Ley integral de Agricultura, pero que fue descartado por Susana Díaz cuando sustituyó a su aliado político por Ciudadanos en el mandato anterior. El banco público de tierras pretendía mitigar el paro en el sector rural a través de la gestión directa del suelo por parte de la Junta y, por extensión, cambiar el modelo productivo andaluz impulsando una agricultura sostenible, ecológica, enfocada hacia el consumo local, que generase sus propias semillas para ser autosuficiente y evitar el uso de transgénicos.
IULV-CA critica que la Junta “vuelve a las andadas” con la oferta de suelo cuando hay “700.000 viviendas vacías”
se impugnó un paradigma y se desmotó una forma de operar en el mercado de la vivienda a través de la Consejería haciendo una transformación muy profunda del que era el instrumento de intervención fundamental, la que entonces era la Empresa Pública de Suelo (EPSA)“.
(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.
IULV-CA critica que la Junta “vuelve a las andadas” con la oferta de suelo cuando hay “700.000 viviendas vacías”
se impugnó un paradigma y se desmotó una forma de operar en el mercado de la vivienda a través de la Consejería haciendo una transformación muy profunda del que era el instrumento de intervención fundamental, la que entonces era la Empresa Pública de Suelo (EPSA)“.
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