Andalucía reactiva la regularización de viviendas por parte de los ayuntamientos

Las viviendas aisladas en suelo no urbanizable podrán regularizar su situación en Andalucía y abandonar el “limbo jurídico” en el que se encontraban desde hace años. Para ello, la Junta ha tenido que modificar tres artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) a fin de que los ayuntamientos, que tienen las competencias en disciplina urbanística en sus municipios, dispongan de más instrumentos para regular este tipo de edificaciones.

Según el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se trata de “eliminar la incertidumbre y la inseguridad” que reside en este tipo de edificaciones residenciales, presente fundamentalmente en la comarca almeriense del Valle del Almanzora o la Axarquía malagueña, insistiendo en cualquier caso en que “no es una amnistía ni una legalización”.

Este proyecto de ley, que ha sido aprobado este martes en Consejo de Gobierno, apuesta por “regularizar, no legalizar” y pretende “aportar certidumbre donde había inseguridad”, ha insistido el consejero. La norma, según la Junta, dará seguridad jurídica a los titulares de viviendas localizadas en pequeñas parcelaciones donde ya había prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística que ofrecía una normativa anterior, el decreto 2/2012.

Ahora, la Junta intensifica de algún modo la aplicación de aquel decreto por parte de los municipios permitiendo a la LOUA separar lo que es el “acto de contrucción de vivienda del acto de parcelación”, ha explicado Fiscal. En terminología urbanística, a este tipo de edificaciones se les podrá aplicar el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO). La Junta invita a los ayuntamientos a regularizar la situación de estas viviendas a través de la LOUA.

Los ayuntamientos, responsables

Los ayuntamientos andaluces son los responsables de hacer un censo de las viviendas que se puedan acoger a este régimen y tienen dos años para hacerlo, como ya pactaron PSOE e IU hace unos meses. Hasta ahora, los ayuntamientos han priorizado otras cuestiones, según el consejero. Prueba de ello es que apenas un tercio de los municipios andaluces habían hechos sus deberes en ese sentido, como avanzó hace unos meses este periódico, si bien no todos los municipios tienen viviendas bajo estas circunstancias.

Si a partir de ahora los ayuntamientos no cumplen con la LOUA en este sentido, se encargará de ello la Consejería, que calcula que entre 20.000 y 25.000 inmuebles podrían acogerse a esta medida. Se trata de una cifra viva que podría aumentar, si bien la Administración espera que la cifra se congele y el número proyectado de edificaciones no aumente.

Una vez pasado ese plazo de dos años, a partir de que se apruebe la ley, la Consejería afrontaría el asunto y sustituiría la labor municipal. El consejero ha explicado que los ayuntamientos, además, tienen dos meses para responder a consultas sobre las edificaciones, parcelas o dudas de consideración jurídica acerca de esta nueva normativa, que no prevé penalización alguna en caso de que los ayuntamientos no pasen las viviendas aisladas al nuevo régimen.

Polémica entre PSOE e IU en la pasada legislatura

La modificación de la LOUA, propuesta por la presidenta Susana Díaz hace menos de un año y a la que instó el Parlamento andaluz en el marco del Debate del Estado de la Comunidad del pasado mes de septiembre, levantó cierta polémica en el entonces gobierno de coalición entre PSOE e IU, ya que la federación de izquierdas exigía detalles para su aprobación, si bien posteriormente pactaron la modificación. La luz verde dada este martes al proyecto de ley, cuyo procedimiento avaló el Consejo Consultivo en abril, aún tiene que pasar el trámite parlamentario donde se irán concretando algunos aspectos con las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Las edificaciones residenciales aisladas, prescripción mediante, podrán regularizar su situación si tienen al menos seis años de antigüedad, no están situadas en zonas inundables o de especial protección y no estén afectadas por expedientes administrativos. Los propietarios, bajo esas premisas, podrán inscribir los inmuebles en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua, si bien deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos. Es una cuestión “fundamental para tener el territorio razonablemente ordenado”, ha indicado el consejero.

Para los casos de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos, la regularización se realizará a través de la incorporación de los mismos al planeamiento urbanístico, ha destacado la Junta. La LOUA incluye también ahora tres disposiciones adicionales dirigidas a reforzar el proceso de identificación de edificaciones en suelo no urbanizable, garantizar el acceso a la información de las mismas y facilitar su registro en caso de regularización.

Los afectados, satisfechos

Al conocer la aprobación del proyecto de ley, la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-No' emitió un comunicado donde valoran la modificación porque “permitirá dar una solución a varios miles de viviendas irregularmente construidas en Andalucía, gran parte de las cuales están en manos de adquirentes de buena fe y gente inocente”. Dando por buena la cifra de 25.000 que maneja la Junta, “estaríamos hablando de unas 75.000 personas que hoy pueden tener más tranquilidad y esperanza de cara al futuro”, señaló su portavoz, Gerardo Vázquez.

“Consideramos que este es el camino, resolver problemas cotidianos de la gente, y avanzar en soluciones prácticas. No podemos sino agradecer este paso dado, que es otro gran paso en la solución del grave problema de las viviendas irregulares en el que esperamos seguir trabajando”, dijo. Vázquez también hizo alusión al efecto medioambiental de las regularizaciones y ha señalado que, una vez aprobada esta ley, “se podrá dar un mayor grado de normalización a estas edificaciones, tratando de asegurar la minoración de sus impactos ambientales a través del procedimiento del AFO”.

Por su parte, la presidenta de AUAN, Maura Hillen, recordó que los afectados “son víctimas de estos problemas urbanísticos, de la misma forma que lo es el medioambiente”, demandando a los partidos políticos que tomen “medidas prácticas y reales con las que se evite que el problema pueda surgir de nuevo en el futuro”. “Hay que parar las viviendas irregulares desde la primera piedra, pues una vez construidas, poco se puede hacer. Yo creo que esa es una importante batalla que debemos librar; es decir, que nunca más se llegue a construir tal magnitud de construcciones ilegales”, aseguró, concluyendo que “ya hemos pedido en persona a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa, por considerarlo de bien común, y tenemos la sincera esperanza de que así lo harán”.