Diez claves para reivindicar un 8M rural

Habas, aceitunas, maíz, cebolla, tomates. No es la lista de la compra, sino de las campañas agrícolas que cada año se echa a sus espaldas Soledad Mena, de Morón de la Frontera, aunque lleva 25 años viviendo en Lebrija, donde acaba de empezar la siembra del tomate. “Íbamos a comenzar el lunes, pero me han llamado para adelantarlo unos días”, cuenta esta mujer, que alterna lo que gana en el campo con el servicio doméstico. Las campañas agrícolas marcan sus días en el calendario y sus movimientos por el mapa de la provincia de Sevilla porque, como otras muchas, va por los distintos pueblos “según lo que toque”.

Por su parte, Inmaculada Idáñez gestiona sus propias tierras en Almería, “una hectárea, de una donación de mis padres, y dentro de un modelo de economía familiar”, donde está especializada en el cultivo del tomate. Lleva también 25 años, en su caso de afiliación a la COAG en Andalucía, de la que actualmente es responsable del área de la mujer; todo un logro en una de las organizaciones agrarias más importantes y capitalizada por hombres. “Con apoyos y reconocimiento de nuestros derechos económicos y sociales, existe el caldo de cultivo necesario para que las mujeres sigan liderando el emprendimiento en el medio rural y fijando población en la España vaciada”, señala.

Laura Olmo vive en Charillas, una aldea de Alcalá la Real (Jaén) que no llega a 500 habitantes, donde está al frente de la empresa Aceites Camilo. “Recuerdo cómo el primer año cuando venían los clientes todo se lo preguntaban a mi padre, como si yo por ser la hija y mujer no supiera nada de la empresa. Ha llevado tiempo, pero ya se dirigen a mí como algo normal”, expresa. Producen aceites de oliva virgen extra premium y reconoce que todavía queda camino por recorrer “para romper con la triple discriminación: por mujer, por vivir en el medio rural y por trabajar en un sector muy masculinizado”.

Muestran distintas caras de la mujer rural, que no siempre está vinculada a lo agrario, pero indudablemente es el sector más representativo para abordar una realidad que ha experimentado profundos cambios las últimas décadas, potenciándose la formación y el acceso a puestos de dirección, pero que también convive con la triple discriminación por ejercer una profesión invisibilizada o sometida a grandes incertidumbres, en un entorno muy masculinizado y en un medio con poco apoyo en las tareas asociadas a los cuidados.

Liderazgo

En un contexto de pérdida de explotaciones agrarias, 7.213 mujeres se han sumado como jefas de las mismas en España desde 2008, según un estudio que precisamente acaba de hacer público COAG y la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES). Representa esa transición del anonimato de las mujeres en el campo a un protagonismo que hasta hace poco les era vedado. CERES en colaboración con la fundación Mundubat, se basa en la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y fuentes oficiales como el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comisión Europea.

De este modo, pese a que en cuatro comunidades autónomas han descendido (Madrid, Cataluña, La Rioja y Murcia), en la mayoría son más, por ese incremento, experimentado especialmente en País Vasco, Cantabria, Baleares y Andalucía.

Titularidad compartida

Casi una década después de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, y tras un primer lustro de impacto testimonial, ha empezado a coger ritmo y el pasado año registró su mayor incremento. En total, ya hay 669 explotaciones bajo esta figura, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a 31 de diciembre de 2019. Eso sí, lejos todavía de las 200.000 beneficiarias que se calcularon como potenciales cuando se aprobó la ley.

Castilla y León, con 259, y Castilla-La Mancha, con 183, acaparan más de la mitad de estas inscripciones, seguidas a distancia por Extremadura (43), La Rioja (38), País Vasco (36), Andalucía (27) y Aragón (24), por citar las únicas que superan la veintena.

Programas

Las mujeres rurales tienen voz propia y se reivindican en la calle cada 8M, aparte de hacerlo en su día internacional específico, que será el próximo 15 de octubre. De este modo, mientras cada vez más se van incorporando a la actividad agraria en puestos de responsabilidad, se abren debates sobre cómo garantizar la perspectiva de género a instrumentos claves para el sector como son los Programas de Desarrollo Rural (PDR) y la Política Agraria Comunitaria (PAC), en plena revisión. Es una propuesta de España que ha acogido la Comisión Europea para potenciar las políticas destinadas a disminuir la brecha de género y garantizar la igualdad de oportunidades.

Teresa López, ingeniera agrónoma, preside la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), a caballo entre Madrid y su pueblo en Galicia, Cabanas. “No podemos quedarnos en el diagnóstico y la visibilidad, sino que hay que pasar a la acción”, resume. En este contexto enmarca la movilización del 8M, porque cree que se ha avanzado –“sin ir más lejos, la titularidad compartida fue un logro muy importante para reconocer el derecho de tantas mujeres que trabajan en la invisibilidad más absoluta”– pero cree que hay que seguir luchando “por más cuotas de participación por ejemplo en las organizaciones que deciden en nuestro ámbito”.

Formación

La Junta de Castilla y León presentaba esta semana el resultado de una encuesta entre 1.065 mujeres con vinculaciones laborales y profesionales con el medio rural para la futura Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural. Entre los resultados que ha arrojado el estudio, dos tercios de ellas tienen estudios de FP o universitarios, a la vez que ven atractiva la idea de emprender, mientras que tres de cada cuatro quieren seguir incrementando su formación.

En el monográfico Mujeres rurales emprendedoras y TIC se destaca el papel de estas herramientas “como uno de los ejes centrales de intercambio de información, de ideas y de experiencias entre mujeres de diversas partes” del país. “Los nuevos modelos de desarrollo llevados a cabo por mujeres rurales y neorrurales nos permiten visibilizar la forma en que se está garantizando la sostenibilidad económica, social y ambiental” en estos lugares.

Legislación

Más allá de que la mujer rural sea mencionada en repetidas ocasiones en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, no se ha desarrollado un marco legal más específico y adaptado a su realidad, pero hay tímidos avances. Castilla-La Mancha ha sido pionera con su Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales, mientras que varios intentos de tramitar proposiciones de ley en esta línea en Asturias, Cantabria y Navarra han fracasado.

De los cinco millones de mujeres que viven en el mundo rural en España, 1,85 lo hacen en Andalucía, por lo que esta comunidad autónoma también ha vuelto la mirada hacia ellas. Recientemente concluía el periodo de exposición pública para la elaboración de su Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar en Andalucía, que “pretende eliminar la discriminación que sufren las mujeres del sector agrario, agroalimentario y pesquero, su reconocimiento profesional y la garantía de sus derechos laborales, sociales, económicos y políticos”.

Envejecimiento

Un dato preocupante se observa en el estudio que se mencionaba previamente. El porcentaje de titulares y jefas menores de 30 años no supera el 1%, salvo en Andalucía (1,15%) y Cataluña (1,37%). Por el contrario, el porcentaje de titulares y jefas de más de 65 años supera en todos los casos el 35%, y en seis comunidades autónomas son más de la mitad. “Esto significa que, en los próximos cinco años, deberían incorporarse en torno a 100.000 agricultoras o ganaderas para lograr el relevo generacional que garantizase la sustitución y el mantenimiento de los activos agrarios mujeres”, precisa Inmaculada Idáñez.

Otro dato que se recoge: la última estadística publicada por el FEGA muestra que de los 678.819 perceptores de la PAC, 252.214 son mujeres. Sin embargo, casi la mitad de ellas tiene más de 65 años, es decir, edad de jubilación, y no llegan a un millar las menores de 25.

Masculinización

Las mujeres del campo soportan también la presión social asociada a los roles tradicionales. En todos los tramos de edad, hay más hombres que mujeres salvo en la cohorte de mayores de 65 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la ratio de masculinidad (número de hombres por cada 100 mujeres) es mucho mayor en el medio rural, ya que ronda un 103,5%, frente a un 96,16 en el medio urbano. “Hay más mujeres en el campo que se dedican a la agricultura y a la ganadería, pero una serie de fenómenos confluyentes hacen que sus trabajos y ellas mismas sean prácticamente invisibles”, dice Idáñez.

Falta de oportunidades laborales

En el marco de las ayudas para el desarrollo rural, y según el referido estudio, 50.125 de las perceptoras fueron mujeres, frente a 102.601 hombres. Esto muestra las desigualdades de una política compensatoria de las rentas. “Por si fuera poco, el importe medio recibido de ayudas directas y desarrollo rural de las mujeres es en torno a un 40% menos que el de los hombres. Las razones, obviamente, tienen que ver con el tamaño medio de las explotaciones y también con el reparto de los derechos históricos y la vocación productiva de las de ellos, mucho más orientadas a los cultivos extensivos y al ganado mayor”, subrayan los autores del estudio.

Éxodo rural

Esa escasez de oportunidades laborales es sobre todo uno de los elementos que anima a las mujeres a emigrar hacia las áreas urbanas. Sobre todo, en el caso de las más jóvenes y con preparación. Eso contribuye a la España vaciada. La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), Loli Merino, era tajante en este sentido durante la asamblea general de la organización: “La España rural se desangra demográficamente perdiendo cinco habitantes por hora. Para solventar este problema es necesario un nuevo modelo de política fiscal y una reforma con incentivos para atraer de inversiones, facilitar el emprendimiento femenino y la creación de oportunidades laborales de la mano de las mujeres”.

Violencia de género

Esta lacra se recrudece en el mundo rural por la “falta de recursos”, según denunciaba hace unos días la presidenta de Fademur en Andalucía, Verónica Romero, con motivo de uno de los últimos crímenes machistas en Aznalcóllar (Sevilla). Y señalaba directamente a los que “consideran que no es necesario destinar recursos para evitar asesinatos”.