Aguayo considera que Viera y Fernández tienen “responsabilidad política, sin duda”, en el caso de los ERE

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha querido dejar claro que ella no se siente “responsable política” del caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) y ha estimado que los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández tienen “responsabilidad política, sin duda, porque son los responsables de esa consejería durante ese tiempo” en que se produjeron los hechos.

En una entrevista con Canal Sur Televisión (CSTV) recogida por Europa Press, ha manifestado que ella no se siente responsable política porque la Junta de Andalucía en la parte de Hacienda hizo lo que tenía que hacer, “hizo su trabajo y cuando detectó que había problemas sacó toda la artillería para ponerlos en orden”.

Preguntada sobre si cree que Viera y Fernández tienen responsabilidad política, Martínez Aguayo ha señalado: “yo creo que tienen responsabilidad política, sin duda, porque son los responsables de esa consejería durante ese tiempo”.

Para la consejera, la responsabilidad política del caso debe residir en la Consejería de Empleo, que era la destinataria de los informes de Intervención General y la directamente aludida “a moverse y actuar”. En dicha consejería, según ha señalado, había un responsable “muy directo y muy claro” que era el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

“La responsabilidad clara la tiene un director general que es el eslabón que permite que toda esta trama funcione”, ha recalcado.

Martínez Aguayo ha querido dejar claro que lo que se detectó por parte de los controles de la Intervención General fueron “diferencias de imputación contable”, que son uno “clásico” por parte de dicho órgano, pero, en ningún caso se detectó, como dijo el propio exinterventor general ante la comisión de investigación del Parlamento, “el menoscabo de fondos públicos ni signos de fraude, porque si no, se hubiera actuado contundentemente”.

Ha insistido en que se pusieron de manifiesto diferencias de interpretación contable: “unos pensaban, los interventores, que debía llevar un camino, y otros pensaban que tenía que llevar otro, y de ahí surge toda la diferencia”. Aguayo ha recalcado que no se vio menoscabo de fondos públicos porque si no hubiéramos sido advertidos como Hacienda de que “teníamos que actuar”.

Ha señalado que la remisión de los informes de la Intervención a la Consejería de Hacienda tiene que ver, “no porque seamos una unidad llamada a una actuación, sino porque es un centro directivo que depende de nosotros” y sólo se puso de manifiesto “una diferencia entre lo que se gastaba y lo que se presupuestaba, diferencia que hubo que ir cubriendo en años sucesivos para que se mantuviera el equilibrio presupuestario”.

“Pero en ningún caso hubo una advertencia de que había un problema que requiriera otra actuación”, ha señalado la consejera.

Ha recalcado además que se está trabajando intensamente para recuperar todos los fondos que hayan podido ser sustraídos de manera ilegal y ha expresado que el Gobierno andaluz comprende perfectamente que desde la ciudadanía se tengan dificultades para entender lo que ha ocurrido.

Ha querido dejar claro que en el Gobierno andaluz están “indignados” con lo ocurrido porque ha sido una “violentación tremenda de lo que son normas de comportamiento”, al tiempo que se “pone en cuestión una administración que lleva trabajando muchos años al servicio de la ciudadanía de manera limpia”.

Aguayo ha manifestado que este es un asunto, sin duda, muy difícil de entender, porque cómo va a entender la ciudadanía que unos señores que han estado durante un tiempo prolongado en una institución, “nadie se ha dado cuenta de lo que pasaba ahí”.

La consejera ha agregado que las personas que llevan mucho tiempo en la administración, como es su caso, han tenido ya “múltiples experiencias de ver cosas” y ha recordado el caso que se descubrió de un funcionario que había encontrado el “hueco para apropiarse de parte de la nómina de los trabajadores” durante diez años.