El PP, Podemos e IU insisten en llegar hasta Susana Díaz en la comisión de investigación de la formación

Los grupos del Parlamento de Andalucía han registrado este 27 de febrero sus alegaciones sobre el dictamen de la comisión de investigación sobre las subvenciones de formación profesional para el empleo que ha propuesto el presidente de la misma, el diputado de C's Julio Díaz. Tanto el PP como Podemos e IU han insistido en elevar la responsabilidad política hasta Susana Díaz, mientras que C's se ha limitado a corregir cuestiones formales del texto y el PSOE ha arremetido contra toda la propuesta porque considera que no ha lugar buscar culpables.

Cabe recordar que Julio Díaz señaló en su borrador como máximos responsables políticos de las irregularidades en el uso de estos fondos públicos a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dejando fuera a su sucesora, Susana Díaz, toda vez que el periodo investigado comprendía desde 2002 hasta la actualidad, pero en 2011 se convocaron por última vez estas subvenciones y ella llegó a la presidencia en 2013. Eran sus máximos, si bien también apuntaba como responsables políticos a los titulares de la consejería con competencias en la materia y su viceconsejería, igual que a delegados provinciales y secretarios generales, entre otros cargos entre 2002 y 2012.

Con este panorama, es prácticamente imposible que haya unanimidad para el dictamen, si bien la oposición podría conseguir un acuerdo de mínimos, y suma mayoría absoluta suficiente para imponerlo en el pleno del Parlamento de Andalucía, dado que los cuatro grupos (PP, Podemos, C's e IU) coinciden en pedir alguna responsabilidad política.

IU

Para IU, la presidenta de la Junta de Andalucía y su actual consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, son “responsables políticos por acción negligente y pasividad”. Por eso propone en sus alegaciones llegar hasta ellos en la exigencia de responsabilidades políticas en lugar de limitarlas a las propuestas por Julio Díaz, que por otra parte ya ninguna de esas personas está en la estructura de la administración.

El texto de alegaciones de IU considera que tras año y medio de comisión de investigación “se ha constatado la existencia de una red clientelar”, y apunta que Susana Díaz y José Sánchez Maldonado son responsables políticos porque en el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía referido a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del 15 de diciembre de 2016 se concluye que “no se han implantado de forma suficiente las recomendaciones propuestas”. Le suma a esto IU “la demora de tres años en la aprobación de la nueva orden de convocatoria de subvenciones”, que de hecho no ha salido hasta finales de 2016 y todavía no está ni resuelta.

Pero no sólo apunta a ellos: IU también considera responsable política a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “por no comparecer en la comisión de investigación”, lo que también achaca a Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla que se fue de la sesión de la comisión de investigación sin que la misma hubiese finalizado

IU entiende que de las comparecencias, para las que fueron llamadas 69 personas, se puede concluir también que hubo “una ausencia de conocimiento, coordinación y evaluación de las políticas públicas de formación profesional para el empleo en particular y de empleo en general”. Y por ello, abunda: “La comisión de investigación ha podido detectar fallos en casi todas las fases que se dan en la gestión de estos fondos públicos.

Podemos

Por su parte, Podemos ha presentado 39 enmiendas para modificar el texto de Julio Díaz y otras 184 para suprimir puntos planteados por el presidente de la comisión de investigación a partir de las conclusiones que a su vez recibió de cada grupo y donde hizo un esfuerzo de síntesis.

En este sentido, el eje de las enmiendas de Podemos pasa por la retirada de aproximadamente un 60% del contenido presentado por Julio Díaz “por tratarse de material accesorio e innecesario que nada tiene que ver con los hechos analizados en la comisión de investigación”.

Igualmente, coincide con IU en la necesidad de que tanto Susana Díaz como Fátima Báñez “asuman su responsabilidad política por no haber facilitado el acceso a la formación a los andaluces durante un periodo -que continúa- de cinco años”. En opinión de Podemos, “han robado las expectativas laborales a la ciudadanía, precisamente la comunidad autónoma con el paro estructural más elevado de Europa”. En esta línea, Podemos propone la inclusión de contenidos que “evalúen el impacto de la decisión de Susana Díaz de renunciar a estas políticas”.

C's

De su lado, C's sólo ha hecho 22 apreciaciones que, según ha expuesto su diputada Marta Bosquet, no inciden ni en las responsabilidades políticas establecidas por Julio Díaz ni alteran el espíritu del dictamen de éste.

En declaraciones a la agencia Europa Press, Marta Bosquet ha dicho que Julio Díaz ha hecho un trabajo “serio y riguroso” y también “acorde” con las conclusiones presentadas por C's, por lo que no han visto necesario hacer más puntualizaciones que las formales. De este modo, C's propone “una exposición más amplia” de determinadas cuestiones y corrige la redacción.

PP

El PP también abunda en la tesis de una red clientelar y en elevar la responsabilidad política hasta Susana Díaz, sin dejar pasar tampoco a su consejero de Empleo, Empresa y Comercio. En sus alegaciones, que son casi 200, el PP recuerda que “en los años en los que ha ejercido como presidenta de la Junta de Andalucía, se han perdido 822,3 millones de euros que se tenían que dedicar a actuaciones en la materia [...] por la irresponsable decisión que tomó de paralizar la formación profesional para el empleo”.

En esta línea, desglosa “la factura del perjuicio económico para Andalucía derivado por la gestión irregular de la formación para el empleo, consecuencia de la gestión directa del PSOE en el Gobierno de Andalucía y de la presidenta”. De este modo, a esos 822,3 millones de euros no recibidos por no haber convocado cursos, suma 46,9 de fondos europeos; 539 de cantidades pendientes de justificar; 60 de reintegros pendientes de la Faffe; 20 de los consorcios; 82,4 de los no devueltos por otros beneficiarios; y 400 que se les deben a otros.

Lamentan también los populares que no se aceptara una segunda ronda de comparecencias como pedía, y que a su juicio hubiera permitido “avanzar en las preguntas sobre el clan familiar: los familiares directos de Susana Díaz -su marido, un cuñado y una cuñada- quienes tuvieron sueldos a cargo de las ayudas para cursos al sindicato UGT”.

PSOE

“No existen pruebas ni evidencias en que fundamentar la existencia de una trama organizada [...] y ha habido, por parte de algunos grupos políticos, una causa general contra el Gobierno de Andalucía y el PSOE”, reza por su parte la introducción de las enmiendas de los socialistas. Hace referencia en este sentido a la “frustración de algunos comisionados al no ver ratificadas las conclusiones apriorísticas y especulativas que ya traían escritas”, basadas en una “tesis conspiratoria”.

En su texto, insisten en que si esto hubiera ocurrido, el PSOE habría sido “el primero en exigir las responsabilidades políticas, penales y de toda índole y, sobre todo, que se devolviera el dinero usado indebidamente”.

En este contexto, el escrito dice basarse en la documentación y en las manifestaciones de los comparecientes y especialmente en las de los funcionarios (los 11 interventores y los 11 jefes de servicio que fueron citados). “Por respeto a los profesionales y a la verdad, tras analizar la documentación y las manifestaciones, hay que concluir que no existen pruebas ni evidencias en que fundamentar la existencia de una trama organizada, así como tampoco la existencia de negligencia, permisividad, ni ningún otro tipo de comportamiento inadecuado para atribuir ningún tipo de responsabilidad política ni a autoridades ni funcionarios”.