La crisis sanitaria andaluza provoca la enésima destitución en la Consejería de Salud del Gobierno de Moreno

La crisis sanitaria en Andalucía, que hoy mismo es objeto de movilizaciones sindicales en las ocho provincias, se ha saldado este jueves con la enésima destitución en pocos meses de un alto cargo de la Consejería de Salud. Dos semanas después del cese fulminante del número dos y el número tres del departamento -en plenas fiestas navideñas-, el coordinador adjunto a la gerencia del Sistema Andaluz de Salud (SAS), Alfonso García Rosa, ha sido apartado de sus funciones, confirman fuentes del SAS, aclarando que era un puesto ligado al anterior responsable del organismo público.

La novena destitución de directivos de la Consejería de Salud, incluido el anterior viceconsejero y el ya ex gerente del SAS, evidencia una reorganización integral de un departamento sometido a constantes críticas por parte de los sindicatos médicos y todos los grupos de la oposición. El deterioro de la Atención Primaria, la falta estructural de facultativos y las listas de espera disparadas -hasta el 12% de la población andaluza pendiente de una operación o cita con el especialista- ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Juan Manuel Moreno, singularmente a la gestión de su consejera de Salud, Catalina García.

El último cese en el SAS, adelantado por Diario de Sevilla, golpea al más alto nivel, puesto que el coordinador adjunto a la gerencia tenía entre sus competidos impulsar los acuerdos marcos que desarrollan el plan de choque contra las listas de espera, consistente en normalizar la derivación de pacientes a clínicas privadas. También la nueva tarificación de precios de procedimientos sanitarios contratados con la privada ha pasado por las manos de García Rosa, que llevaba en la cúpula de la gerencia desde septiembre de 2022.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, fue designado subdirector general de Accesibilidad y Continuidad Asistencial en enero de 2020 -meses antes de que estallara la pandemia de coronavirus-, procedente del Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz), del que fue gerente desde abril de 2019.

Las dimisiones al más alto nivel en la Consejería de Salud -y sus inmediatas sustituciones- tuvieron lugar en plenas fiestas navideñas, en el Consejo de Gobierno del pasado 27 de diciembre. Cesó el viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán, y el entonces gerente del SAS, Diego Vargas. Sus puestos los ocuparon María Luisa del Moral, que ocupaba la secretaría general de Humanización, y la médico Valle García, gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba que se ha puesto al frente del SAS.

En ambos casos se adujo “motivos personales”, pero sus salidas se vieron envueltas por la polémica de las listas de espera, que la Junta mantuvo sin actualizar año y medio, hasta que se reveló un incremento oculto del 227% en el número de pacientes que había rebasado el plazo legal para ser operado. Tampoco la aprobación de los Presupuestos Autonómicos para 2024, con una inversión récord en materia sanitaria, sirvió para pinchar la crisis en el sector. Los sindicatos afean a la Junta errores graves de gestión y una excesiva confianza en la derivación sistemática de pacientes a la sanidad privada para descongestionar los hospitales y los centros de salud públicos.

Antes de esta última oleada de dimisiones, también fueron cesados otros tantos directivos de la Consejería de Salud: Luis Martínez Hervás del área de Asistencia Sanitaria del SAS; Celso Ortiz, responsable de la gestión sanitaria de Osuna (Sevilla); Miguel Ángel Ortiz de Valdivieso, ex director gerente sanitaria de Jerez-Costa Noroeste; Carmen Rodríguez, gerente del hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz); la directora de Estrategias y Cuidados y Plan de Cronicidad de Andalucía, Nieves Lafuente, y la subdirectora de Gestión Sanitaria de Andalucía, Inmaculada Mesa.

A finales de diciembre, este periódico desveló que en Andalucía se había disparado un 55% las listas de espera al revelarse que sus contratos para derivar pacientes a la privada no tenían anclaje legal. 36.000 pacientes habían rebasado el plazo máximo legal para operarse en junio -último dato publicado-, pero el Sistema Andaluz de Salud llegó a registrar 56.000 en octubre.

El repunte acelerado en esos cuatro meses se explica porque, en junio, la Junta tuvo que cancelar los contratos de emergencia con la privada que prorrogó durante dos años usando el marco legal de la pandemia ya derogado. Aquel anuncio llegó 24 horas después de que este periódico publicase que el SAS aún mantenía vigente el sistema de contratos a dedo con clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva. “El objetivo es que no se sigan prorrogando [los contratos de emergencia]”, confirmó el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, a preguntas de los periodistas.